Corrupción e impunidad en el Banco del Bienestar

Mario Maldonado

La abogada egresada del ITAM no aprendió de los errores de su antecesor y cometió uno más escandaloso, el cual también terminó por sacarla

Un año y medio duró Diana Álvarez Maury como directora del Banco del Bienestar, a donde llegó de rebote, luego de que su anterior titular, Rabindranath Salazar, saliera de la dependencia tras una polémica licitación de cajeros automáticos que se entregó a Alejandro del Valle Carlos Cabal Peniche, y cuyo contrato finalmente se canceló. 

La abogada egresada del ITAM no aprendió de los errores de su antecesor y cometió uno más escandaloso, el cual también terminó por sacarla del banco. En octubre de 2021 –lo revelamos en su momento en esta columna– adjudicó de manera directa un contrato por 18 mil 313 millones de pesos relativo a los “Servicios integrales administrados de procesamiento de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito con el fin de promover la bancarización y la inclusión financiera”. 

La empresa beneficiada fue BAHUD PROCESSING MEXICO S DE RL DE CV, filial de la firma panameña Global Recash SA de CV, la cual se constituyó apenas en 2018 con Alfredo José Urcuyo Fernández y Global Recash SA de CV como sus únicos accionistas. En septiembre de 2021, también durante la gestión de Álvarez Maury, la controladora obtuvo un contrato multianual por 5 millones 940 mil pesos con el Banco del Bienestar. 

Lo escandaloso del monto, la empresa beneficiada y la forma como se adjudicó el contrato llevó a la Secretaría del Bienestar y a Hacienda a abrir una investigación, la cual encontró que hubo irregularidades en el proceso y se alertó al Presidente. Pasaron sólo 15 días desde que dimos a conocer el polémico contrato, el 1 de diciembre pasado, para que Andrés Manuel López Obrador le pidiera el cargo a Diana Álvarez Maury. 

Como es costumbre, a pesar de los indicios de corrupción en el otorgamiento de contratos directos, AMLO decidió enviar a Álvarez Maury como vocal de la Junta de Gobierno del IPAB. En el Banco del Bienestar, cuya dirección fue asumida por el tabasqueño Víctor Manuel Lamoyi, se inició una investigación de oficio y se canceló el contrato. 

El domingo, en un comunicado, Lamoyi Bocanegra dio a conocer que “el 21 de diciembre de 2021 se determinó dar inicio al procedimiento de rescisión de dicho contrato, con apego a la normatividad en materia de adquisiciones”. Nada dijo sobre las investigaciones que se están realizando a Álvarez Maury y su equipo cercano por presunta corrupción. 

Una de las personas clave de la administración de Diana Álvarez en el Banco del Bienestar fue Alfredo Orellana Moyao, quien fungía como su mano derecha. De acuerdo con fuentes de la institución, el también abogado del ITAM fue el principal impulsor de la escandalosa adjudicación. 

Orellana Moyao fue funcionario de la Fepade en el sexenio pasado, donde dio carpetazo a las investigaciones sobre el caso Monex por presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto

Son muchos los escándalos del Banco del Bienestar desde aquella polémica licitación con la que se estrenó, cuando otorgó a la empresa Vivcolmex otro megacontrato para la instalación de 8 mil cajeros automáticos, por 10 mil 800 millones de pesos, el cual, tras recibir fuertes críticas, canceló de manera anticipada Diana Álvarez Maury. 

El Presidente tomó la decisión de dejarle esa tarea al Ejército mexicano, aunque hasta el momento no se hay avances reales sobre la construcción de los cajeros, ni tampoco del software y los servicios para procesar las operaciones bancarias, las cuales buscaban tercerizar a través del contrato de 18 mil millones de pesos. 

El Banco del Bienestar tiene más escándalos que logros en su haber. La nueva administración busca darle un giro al funcionamiento de la institución, aunque su éxito dependerá de cuántas unidades logren desplegar las Fuerzas Armadas. 

UIF sigue investigaciones 

Fue a inicios de diciembre cuando se ventiló un listado de 79 personas de alto nivel investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez. Las pesquisas no se han detenido y a uno de los involucrados, Guillermo Sesma Suárez, ya le fueron detectadas nuevas cuentas bancarias en Canadá, las cuales se habrían abierto durante los años en que era secretario de Estrategia del CEN priista, con Humberto Moreira

Sesma Suárez se autoexilió en Austin, Texas, luego de que se le mencionó como accionista de la offshore Ferrara Mundi SA, que tiene como paraíso fiscal a Panamá, y donde también es propietaria Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa de Jesús Sesma, coordinador de Alianza Verde en el Congreso de la CDMX. 

 

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