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En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador están convencidos de que los contratos que se entregaron en los últimos dos sexenios para construir y operar reclusorios en el país se hicieron para beneficiar a empresarios afines, con cláusulas leoninas y ganancias exorbitantes que generaron grandes fortunas.
“Los empresarios que no eran millonarios se hicieron multimillonarios con estos contratos, y los que ya eran ricos se sacaron la lotería”. Un alto funcionario del gobierno federal explica en estos términos el esquema mediante el cual se adjudicaron, en tiempos de Felipe Calderón, los famosos Contratos de Prestación de Servicios, algunos de los cuales cambiaron de manos durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Según los funcionarios que han estado a cargo del análisis de estos contratos, el retorno de inversión de los proyectos es de hasta 45%, algo impensable para este modelo de contrataciones públicas. Más aún, se detectó que en los esquemas de financiamiento se triangularon recursos para que la inversión inicial de los contratistas fuera mínima y la ganancia exorbitante.
“Vamos a dar a conocer un informe de los robos cometidos en los sexenios pasados… parece increíble, llevo ya más de dos años y todavía me estoy enterando de cosas”, dijo López Obrador el 29 de diciembre sobre el tema. Trece días después aseguró que se harían públicos los términos de los contratos y aseguró: “se cancelan o se renegocian”.
La renegociación, ya sea por la vía del acuerdo o de la batalla legal, la llevan la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y en la parte financiera el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
“Ya se trabaja en los parámetros de renegociación para mejorar las condiciones para el Estado y reducir una deuda a futuro que rebasa los 190 mil millones de pesos”, agregaron las fuentes.
Los empresarios propietarios de estos contratos mantienen relaciones muy diferentes con la actual administración. El multimillonario mexicano Carlos Slim y su Grupo Ideal participan en el Cefereso Femenil #16 de Jojutla, Morelos. Asimismo, el integrante del Consejo Asesor Empresarial del Presidente, Olegario Vázquez Aldir, dueño de Prodemex, tiene las concesiones del Cefereso #14 de Gómez Palacio, Durango, y el #17 de Tomatlán, Michoacán.
Entre los contratistas también están ICA, cuyo principal accionista es el financiero regiomontano David Martínez, operadora de servicios en el Cefereso #11 de Hermosillo, Sonora, y el #12 de Ocampo, Guanajuato. También participan otros dos empresarios vinculados a los gobiernos priistas: Adrián García Pons, de la empresa Arendal, encargada del Cefereso #15 en Comaltitlán, Chiapas, e Hipólito Gerard, de GIA, responsable del Cefereso Femenil #13 en Miahuatlán, Oaxaca.
Se suma a este grupo de contratistas el poderoso fondo de inversiones Black Rock de Larry Fink, que adquirió los derechos para operar los servicios del Cefereso #18 de Ramos Arizpe, Coahuila, asignado en un principio a la constructora favorita del sexenio de Felipe Calderón: Tradeco, de Federico Martínez.
Los ocho Contratos de Prestación de Servicios para la construcción y operación de los reclusorios los firmó en 2010 la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, como una estrategia para reducir un déficit, en ese entonces, de 42 mil espacios en los centros penitenciarios del fuero federal. Homex, de Eustaquio de Nicolás, participó también de esos acuerdos, pero terminó vendiendo a Grupo Carso sus contratos.
Por cuestiones de “seguridad nacional”, la información sobre los contratos de reclusorios se reservó hasta 2022. Sin embargo, de acuerdo con documentos enviados por la SSP a la Unidad de Inversiones de Hacienda, en un principio se consideró edificar y administrar, con el apoyo de la iniciativa privada, 12 nuevos penales con más de 30 mil espacios de reclusión, por un monto total de 270 mil millones de pesos pagaderos hacia 2032.
Lo que sucedió fue que se firmaron contratos sólo para ocho ubicaciones, las cuales, en caso de no renegociarse, tendrán un costo final para el erario público de más de 266 mil millones de pesos, una cifra casi similar a lo que hubiera costado una infraestructura con cuatro reclusorios más.
Posdata
A cinco días de haber resultado positivo a la prueba del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se recupera en una habitación de Palacio Nacional en la que cuenta con todos los insumos médicos para ser atendido ante cualquier emergencia. A su servicio están alrededor de cinco médicos militares, quienes son supervisados por el doctor Jorge Alcocer. Si bien había tenido pocos síntomas, entre ellos fiebre y dolor de cabeza, el miércoles se le diagnosticó una neumonía viral leve.
¿AMLO dobló a Alfaro?
Las señales de los últimos días indican que Andrés Manuel López Obrador habría ganado la partida a Enrique Alfaro tras dos años de enfrentamientos abiertos. La alianza opositora y las negociaciones del gobernador con los representantes de Sí Por México, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, con quienes tejió una discreta alianza que incluía su postulación presidencial en 2024, comienzan a desvanecerse, según cuentan a este espacio empresarios que fueron cercanos a Alfaro.
Aseguran que el gobernador se va quedando solo, debilitado y con su única alianza posible, que incluye a Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, al expresidente de Concamin, Manuel Herrera Vega, al empresario Horacio Fernández, dueño de la marca de salsas Tajín, y Mauro Garza, de la Coparmex Jalisco.
El reto será si Morena Jalisco aprovecha el acomodo del escenario que les está tendiendo el presidente López Obrador. Si en los pleitos internos eligen a los perfiles más rentables y no ocurre lo que ya se cocina en Tlajomulco, donde Miguel León Corrales puede perder la candidatura frente a Enrique Michel, el empresario dulcero que presume un acuerdo con Morena para financiar campañas en Jalisco a cambio de que su hija Marcela sea la candidata en ese municipio.
En Zapopan el proyecto de Alfaro está representado por la dupla Pedro Kumamoto-Juan José Frangie (un candidato del partido local “Futuro” y el otro por MC). Kumamoto, cercano al actual alcalde Pablo Lemus, es favorito en las encuestas y Morena sólo tiene un cuadro que puede competirle: el también joven Alejandro Puerto, del ala de los fundadores de Morena, combativo y a quien el gobierno alfarista, ante su despunte en los sondeos, ya le puso su primera denuncia por actos anticipados de campaña.
La estructura que Alejandro Puerto tiene en Zapopan, aceitada durante año y medio; la de León Corrales en Tlajomulco y la de Carlos Lomelí en Guadalajara son las únicas activas de Morena, junto a del joven Maxy Rivera en Zapotlanejo, que también podría perder su nominación, pese a ser favorito en las encuestas, ante un hermano del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. La duda persiste: ¿Morena arrebatará el estado a Alfaro?, ¿se hará efectivo el cobro de la partida ganada por AMLO?
Percepción de corrupción
El bloqueo por parte de la UIF, de Santiago Nieto, de más de 20 mil cuentas bancarias, pertenecientes a 3 mil 600 sujetos relacionados con actividades delictivas, motivó en 2020 un incremento en el puntaje otorgado a México dentro del más reciente Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.
El ranking coloca a México en el lugar 124 entre las naciones que combaten la corrupción, un avance considerable si se toma en cuenta que la administración de Enrique Peña Nieto dejó al país en la posición número 138, es decir, 14 lugares más rezagado en un universo de 180 países.
Twitter: @MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com