Este miércoles se reunieron en Palacio Nacional siete figuras clave del oficialismo para darle forma a la próxima reforma del poder. Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado; Ricardo Monreal, coordinador de los diputados; Rosa Icela Rodríguez, encargada de la gobernabilidad interna y la relación con los gobiernos estatales; Esthela Damián, consejera Jurídica, y Arturo Zaldívar, arquitectos del blindaje constitucional; Luisa María Alcalde, presidenta de Morena y encargada de la movilización de las estructuras; y Pablo Gómez, veterano político y presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La reunión fue para definir la ruta de una reforma electoral cuyo objetivo central parece ser el control político total, más que la mejora del sistema electoral per se.
El diseño de esta reforma se está configurando desde el poder duro, lo que revela una prioridad distinta a la que se ventila públicamente. Mientras el discurso oficial habla de “ahorros”, “democratización” y “modernización”, los ideólogos de esta iniciativa ven la reforma como una herramienta para asegurar mayorías y control frente a próximos escenarios de menor respaldo electoral. También buscan disciplinar a políticos de su propio movimiento e institucionalizar un modelo de representación más controlable.
Entender quién es cada uno de los participantes en la mesa ayuda a leer el proyecto con mayor claridad. Adán Augusto aporta la radiografía regional y parte de la operación con gobernadores, tras su paso por Gobernación. Monreal se encarga del cabildeo legislativo para buscar los votos necesarios. Sería Diputados la cámara de origen de la iniciativa. Rosa Icela Rodríguez introduce la perspectiva de gestión de conflictos para evitar que la reforma derive en crisis o tensiones postelectorales que desestabilicen la gobernabilidad. Damián y Zaldívar operan sobre la estructura constitucional para cerrar rendijas jurídicas que permitan bloquear la reforma.
Luisa María Alcalde, por su parte, empuja desde dentro del partido padrones, estructuras, movilizaciones y, próximamente, la selección de candidatos para el 2027. Su papel es el de poner los recursos necesarios y alistar la organización de las candidaturas rumbo al próximo año.
El personaje central, sin embargo, es Pablo Gómez, un viejo político de izquierda que ha vivido del sistema por décadas, construyendo buena parte de su carrera legislativa a partir del propio sistema de representación que hoy propone reformar. Gómez fue diputado federal por primera vez en 1979 como uno de los primeros 100 legisladores plurinominales tras la reforma política de 1977 y volvió a ocupar escaños “pluri” en legislaturas posteriores, además de haber sido senador y diputado de mayoría. Sus curules plurinominales fueron en 1979 y 1988, entre otras posiciones legislativas posteriores, lo que lo convierte en un actor con una doble moral y un resentimiento desde el cual ejecuta órdenes y arrastra la pluma para darle forma a la iniciativa.
La reforma que se está armando es, a todas luces, un instrumento de administración de poder político que busca maximizar el control del partido en el poder. Desde Palacio se entiende que la principal amenaza no es la oposición extraparlamentaria, sino la fragmentación interna del oficialismo, la autonomía de gobernadores, las disputas entre fuerzas satélites como el PVEM y el PT, y los pleitos potenciales entre liderazgos que aspiran a posiciones de poder rumbo a 2027.
La autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) no será eliminada de forma inmediata porque el costo político sería demasiado alto, pero sí va a verse reducido a un rol más técnico y operativo, con menor capacidad sancionatoria y mayor dependencia presupuestal y normativa del Ejecutivo y del propio Congreso.
La paradoja es que, mientras en la 4T proclaman una reforma para “fortalecer la democracia”, lo que se está diseñando estructuralmente es un nuevo modelo político de gestión del poder, con menos espacios independientes y más mecanismos de control directo e indirecto. El cónclave de Palacio Nacional no dejó dudas sobre las prioridades de Morena.
Posdata 1
Algunos en Morena ya dan por hecho que la iniciativa de reforma electoral no saldrá intacta. Las señales que comenzaron a mandarse desde el PVEM y el PT —dos aliados indispensables para alcanzar mayorías calificadas— apuntan a una negociación forzada en los dos ejes más delicados: la eliminación o reducción de los plurinominales y el recorte al financiamiento público de los partidos. Ambos partidos saben que, si esa red de representación y recursos se debilita, su margen de supervivencia política también queda en entredicho.
El mensaje del PT fue todavía más explícito este miércoles. Su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, sostuvo que, a su juicio, ni siquiera hace falta una modificación electoral, pues con las reglas vigentes, Morena y sus aliados ya fueron capaces de “ganarle a la derecha”. Y remató con una advertencia: “sin los votos del PT, la reforma simplemente no pasa”. En privado, dirigentes petistas y del Verde reconocen que una reforma diseñada a la medida de Morena puede terminar asfixiándolos y concentrando aún más el poder político.
Posdata 2
La detención en Querétaro de seis integrantes de una célula delictiva, entre ellos Ramón Mora Rojas, alias “Moncho”, identificado como generador de violencia ligado a secuestros, narcomenudeo, robo de hidrocarburos y asaltos al autotransporte, es otro ejemplo del nuevo modelo de coordinación que impulsa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. En el operativo participaron Marina, SSPC a través del Centro Nacional de Inteligencia, FGR, Defensa, Guardia Nacional y autoridades estatales, con cuatro cateos simultáneos en Santiago de Querétaro que permitieron asegurar armas, cartuchos, droga, vehículos y equipos electrónicos, además de desarticular una parte relevante de la estructura operativa del grupo criminal.
Más allá del golpe operativo, el caso confirma una línea política que el propio Harfuch ha venido construyendo: la colaboración con gobiernos estatales sin distingo partidista. Querétaro es gobernado por el panista Mauricio Kuri, con quien existe una relación institucional fluida y una agenda de seguridad compartida con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La coordinación con una administración de oposición, en un estado clave para la logística industrial y el corredor del Bajío, envía una señal de que la estrategia federal prioriza resultados y control territorial por encima de filias políticas.
Este tipo de operativos conjuntos apuntan a contener delitos de alto impacto que afectan cadenas productivas, transporte y seguridad. Para Querétaro, el mensaje es de respaldo federal; para el resto de los estados, incluso los gobernados por la oposición, es una invitación a cerrar filas con la federación en materia de seguridad. La apuesta de Harfuch es consolidar una red de cooperación transversal que le dé viabilidad operativa a la estrategia nacional de seguridad, con resultados medibles y sin filias partidistas.
Posdata 3
General Motors acaba de confirmar una inversión de mil millones de dólares en México para fortalecer sus operaciones de manufactura en el país durante los próximos dos años, una buena señal para la inversión privada en medio de los embates de Donald Trump, recientemente dirigidos al sector automotriz.
Hace unos días, de gira por Michigan, Trump insistió en que el TMEC es “irrelevante” para la economía de su país y que no se necesitan autos fabricados en México ni en Canadá para abastecer al mercado estadounidense.
GM reportó la venta de 198,153 unidades en 2025, con lo que se mantuvo en el segundo lugar de la industria automotriz y alcanzó una participación de mercado de 12.2%. En este contexto, la empresa anunció un ambicioso plan de inversión enfocado en fortalecer sus operaciones locales.
@MarioMal