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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador demostró su incapacidad y falta de coordinación para hacer bien lo que criticó en el pasado con tragedias como la de Pasta de Conchos. A principios de agosto 10 mineros quedaron atrapados en la mina El Pinabete, en Coahuila, lo que atrajo la atención de la sociedad, de los medios nacionales e internacionales, y mucho más tarde de las dependencias inmiscuidas en el caso: las secretarias de Economía, Trabajo y Previsión Social, Protección Civil, el IMSS y la CFE.
El caso evidenció la ineficiencia de las autoridades, que se pasaron la responsabilidad una a otra y finalmente se consumó la desgracia: los trabajadores no pudieron ser rescatados y murieron. A tres meses de la tragedia aún hay muchos cabos sueltos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó más de 660 millones de pesos a los trabajos de rescate, ejercidos en contratos de adjudicación directa destinados principalmente a empresarios cercanos al gobierno de Sonora, a cargo de Alfonso Durazo.
El pasado 3 de noviembre, la empresa que dirige Manuel Bartlett concretó el procedimiento para entregar a la empresa Grupo Construcciones Planificadas (Construplan) un contrato por 629 millones 570 mil pesos por concepto de “Obras para la búsqueda y recuperación de los mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Coahuila”, en su Segunda Etapa.
Este se sumó a otro contrato por 32 millones 459 mil pesos que la CFE dio a Construcciones Transforma para realizar la Primera Etapa del mismo proyecto de recuperación, firmado el 26 de octubre de 2022.
Ambos son irregulares. La CFE asegura que los trabajos de la primera etapa, los cuales corresponden a la “preparación del sitio, retiro de instalaciones, desmonte, despalme e inicios de excavación”, se concluyeron entre el 2 y el 22 de septiembre del 2022, pero la solicitud de oferta de la Comisión hacia la empresa adjudicada se emitió el 21 de octubre y tres días después se presentó la cotización.
Se entiende que en una emergencia como la ocurrida en la mina carbonífera de Coahuila requiere de acciones inmediatas y se podría justificar que se hayan violado procedimientos de contratación. El punto clave es que los trabajos de emergencia multimillonarios se iniciaron un mes después del accidente, cuando además las posibilidades de encontrar con vida a los mineros eran prácticamente nulas.
Construplan fue constituida por Alfonso Reina Villegas, presidente hasta principios del año de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sonora. El organismo y su dirigente fueron unos de los principales impulsores de la candidatura del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Al igual que con Durazo, también tuvieron una muy cercana relación con Claudia Pavlovich.
El constructor Reina Villegas sonaba fuerte para ocupar la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el gobierno de Durazo, por lo que dejó su cargo en la CMIC. Aunque el nombramiento no se concretó, sí se mantuvo como constructor predilecto en el nuevo gobierno. Por ello ha tenido que alejar su nombre de su empresa: primero dejó a Gerardo Reina Cecco como su administrador y en octubre nombró a Edmundo Fraijo Vega como representante legal.
Posdata 1
El millonario contrato de rescate fallido se puso a licitación con otros competidores, pero la CFE decidió declarar desierto un procedimiento previo y adjudicarlo de manera directa a Construplan. Tenía padrino.
Posdata 2
Por vacaciones, esta columna se volverá a publicar el 5 de diciembre.
@MarioMal
