Cero subejercicios y más apoyo a Pemex en 2020: Herrera

Arturo Herrera 

y su equipo hacendario se están echando al hombro la Cuarta Transformación, por lo menos en lo que tiene que ver con la economía. El barco que parecía hundirse en el primer semestre del año comienza a enderezarse y el capitán indiscutible es el secretario de Hacienda.

Los primeros nueves meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron delirantes: incertidumbre en la política económica, cancelación de proyectos clave, iniciativas sacadas de la manga (como la del senador Ricardo Monreal con respecto a las comisiones y la de usar las reservas del Banco de México para apuntalar el crecimiento), propuestas de obras con poca viabilidad, renuncias intempestivas como las del extitular del IMSS, Germán Martínez, y la del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, así como la reducción de la calificación crediticia de Pemex complicaron el panorama económico.

La curva de aprendizaje le salió muy cara al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras Estados Unidos crecía 3.2% en el primer trimestre y 2.1% en el segundo, México se estancó en los primeros dos cuartos del año.

A pesar de la necesidad de ejercer el gasto público, debido a la mayor aversión al riesgo de los inversionistas por la incertidumbre generada con la llegada de la nueva administración, en el primer semestre del año se registraron subejercicios de 174 mil 484 millones de pesos. Instituciones públicas de salud, participaciones a estados y municipios, Pemex y otras dependencias frenaron el gasto, a pesar de que el país estuvo al borde de la recesión.

Luego de la tormenta, viene una aparente calma. El gobierno pasó la prueba de fuego que significaba el Paquete Económico del próximo año, lo cual tranquilizó momentáneamente a los mercados, que desde el principio le dieron el beneficio de la duda a Arturo Herrera y a su escudero Gabriel Yorio, ambos economistas que despacharon por un largo tiempo en el Banco Mundial.

Sin embargo, aún hay bombas que desactivar: una de ellas tiene que ver con Pemex, empresa que no logra convencer a los inversionistas; por un lado, hay una clara desconfianza hacia sus directivos –empezando por su director general, Octavio Romero , y su director financiero, Alberto Velázquez –, aunado a que el plan de negocios que presentó decepcionó al mercado; esto ocasionó que las calificadoras tengan a la empresa catalogada como un ‘ángel caído’, es decir, una compañía al borde de perder el grado de inversión.

A Pemex se le etiquetó un presupuesto de 86 mil millones de pesos vía transferencias del gobierno y mediante una reducción del pago de impuestos, el cual, no obstante, luce insuficiente para lograr los ambiciosos planes de levantar la plataforma petrolera a cerca de 2 millones de barriles diarios en 2020.

Ayer Arturo Herrera me dijo que están explorando nuevos apoyos: “Estamos viendo que hay algunos campos cerrados que Pemex no explota porque tendría que pagar impuestos, lo cual le generaría una pérdida (...) estamos explorando migrar estos campos hacia un régimen fiscal que les permita tener una utilidad y hacer esta migración no tendría efecto en las finanzas públicas, porque hoy no están produciendo”.

En el gobierno pasado, la migración de contratos de Pemex derivó en el otorgamiento de Contratos Integrales de Exploración y Producción, Contratos de Obra Pública Financiada y también en los llamados farmouts que la nueva administración ha satanizado, pero que es casi imposible no retomar si no se quiere que las calificadoras dejen a Pemex sin grado de inversión.

“Se tiene un portafolio muchísimo más abierto para ver cuáles son las diversas opciones en lo que tiene que ver con aguas profundas”, me dijo Herrera refiriéndose a los dichos de Alfonso Romo sobre que era prácticamente un hecho que los farmouts regresarían a pesar de la resistencia de funcionarios como Rocío Nahle y del propio Presidente.

Sobre los subejercicios del gasto en el primer semestre de 2019 y la proyección de la ejecución del Presupuesto 2020, Herrera fue más claro. “En el Paquete Económico 2020 tenemos una frase críptica: ‘vamos a ejercer oportunamente el gasto’, es decir, que nos vamos a asegurar de estar gastando de manera expedita y sobre todo de no tener ningún subejercicio”.

Vaya apuesta del secretario de Hacienda.

Aprueban ley contra factureras 

Ayer se aprobó en el Senado, en lo general y en lo particular, el dictamen para combatir las empresas fantasmas, el cual establece que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, la Concanaco-Servytur expuso que esta reforma ‘antifactureros’ viola derechos empresariales y vulnera el Estado de derecho afectando a las pymes y al sector productivo en México.

¿Qué se busca con esta iniciativa? Establecer como delito grave estas actividades, incluirlos como delincuencia organizada cuando se dé el supuesto, considerarlas como actividades que amenazan la seguridad nacional, equiparándolas al terrorismo, espionaje y financiamiento al terrorismo, entre otras.

Las consecuencias principales son que hay prisión preventiva oficiosa, esto significa que aún y cuando no hay una sentencia definitiva, el inculpado estará en la cárcel, para que no huya de la justicia y la pena pasaría de tres meses a seis años de prisión a una pena de cinco a ocho años de prisión. ¿Es correcto que se castigue así severamente estas actividades? Mi opinión es que sí, dice el presidente de la Concanaco-Servytur, Juan Manuel López Campos, pero el problema no es que sólo incluyen las actividades ilícitas que señalamos, sino que incluyeron también los delitos de los artículos 108 y 109 fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación que aún y cuando tienen actualmente penas mayores hasta de 13 años y seis meses, son actos muy diferentes a los señalados anteriormente que muchas veces no tienen dolo como por ejemplo omitir la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen y ser multado dos veces en un periodo de cinco años, cuando declare pérdidas fiscales ‘inexistentes’, entre otras.

¿Irregularidades en el IPN?

Las contrataciones realizadas por el IPN, de Mario Alberto Rodríguez Casas, dejan mucho que desear, según algunos de los contratistas. Un ejemplo, exponen, es la adquisición del servicio de jardinería IA-001B00001-E314-2019, de la que resultaron ganadoras Fireky S.A. de C.V. y Servipro de México S.A. de C.V., a pesar de que el proceso excedió las disposiciones del Contrato Marco, elaborado por Hacienda y la Función Pública.

En el sector asegura que quien debió levantar la voz fue el encargado del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control, Rubén Gómez Montes de Oca, pero que la realidad es que estas empresas cuentan con el aval del director del Instituto, Ricardo Omar Álvarez, mano derecha de Rodríguez Casas y jefe de la División de Servicios Generales, mismo que ha dado seguimiento cercano al procedimiento; por lo que al final la primera firma se quedó con 36.9 millones de pesos y la segunda con 63.7 millones. Nada mal para un contrato de jardinería.

Responde ISA

A propósito de la columna del lunes, la empresa ISA Corporativo hizo llegar una carta a esta espacio en la que manifiesta “ser una empresa mexicana líder en el ramo de la publicidad en medios de transporte masivo, que desde hace décadas ha prestado servicios publicitarios a distintos gobiernos capitalinos y múltiples compañías nacionales y multinacionales que ven en nuestros espacios una inversión eficiente e inteligente para posicionar sus marcas o vender productos”.

“Por lo anterior, ISA Corporativo rechaza por carente de sustento la versión de que goza de privilegios y cuenta con protección política. Lo que nos respalda son la calidad de nuestros servicios y la confianza de nuestros clientes públicos y privados. Por ejemplo, la plataforma ISA TV del Metro crece día con día y transmite no sólo informes de gobierno, sino partidos de futbol, alertas AMBER y programas del campo reconocidos recientemente por la FAO”, concluyó Hugo Camou, CEO de ISA Corporativo.