Un grupo de empresas creadas en diciembre del 2018 –el mes en el que Andrés Manuel López Obrador to mó protesta como Presidente de la República– ha sido beneficiado con contratos por cerca de 4 mil millones de pesos para proveer servicios de salud a por lo menos 10 dependencias federales.
Se trata de las empresas Atlantis Operadora de Servicios de Salud, Corporativo Médico Community Doctors y Challenge Consulting, que acumulan conjuntamente más de 3 mil 800 millones de pesos en contratos. En lo que va del 2023, suman adjudicaciones por 800 millones. Las dependencias que les han entregado los negocios son Banjército, Nacional Financiera, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Lotería Nacional, Sociedad Hipotecaria Federal, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el IMSS, Banobras, Pronósticos y la CNBV.
Los procesos de adjudicación a las microempresas, como son catalogadas en la plataforma Compranet, han tenido irregularidades que apuntan a corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con información de fuentes gubernamentales, un poderoso funcionario del gobierno federal ha sido clave para la adjudicación de los multimillonarios contratos.
A pesar de todas estas suspicacias, el 27 de febrero pasado el gobierno del presidente López Obrador le otorgó a este grupo un nuevo contrato para el “servicio médico integral y de hospitalización mediante un modelo capitado, para los fideicomisarios y sus derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, a través de un prestador de servicio que proporcione mediante red propia o red de terceros”.
Es el mismo servicio que contrató Nacional Financiera en febrero de 2022, por 290 millones de pesos, a Atlantis Operadora de Servicios de Salud. Ahora, a través del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado se contrató por 710 millones de pesos a la razón social que suele acompañar a Atlantis en las licitaciones como segunda posición de consorcio: Challenge Consulting. Es decir que el gobierno entregó un contrato similar con un costo más de dos veces mayor.
Este sospechoso grupo se ha llevado otros cuatro contratos más pequeños este año, por 60 millones de pesos, estos sí bajo la razón social de Atlantis Operadora de Servicios de Salud y con dependencias contratantes como e l IMSS, Banobras, Pronósticos para la Asistencia Pública y más recientemente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Resulta curioso que se ha buscado esconder los contratos en la plataforma Compranet, no sólo eliminándolos de la nueva versión de la plataforma Compranet 5.0 y reservándolos para su exposición en la versión tradicional, sino alterando los montos totales del servicio para reportar únicamente el costo de cada atención individual.
Fuentes cercanas a Palacio Nacional aseguran que se trata de un grupo de empresas y funcionarios que tienen la posibilidad de manipular los sistemas electrónicos de compras del gobierno federal.
El nuevo cártel político-empresarial busca operar también en el sector de la construcción, la distribución de combustibles y ya está metido en la seguridad privada.
Este miércoles se reunieron en privado el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y José Murat. La visita de Alito fue a la sede de la Fundación Colosio, en Polanco, donde despacha el exgobernador de Oaxaca, quien quiere que su hijo, el también exgobernador Alejandro Murat, se convierta en el nuevo presidente del PRI ahora que el INE le dio palo a Alito en su intención de presidir el partido hasta el 2024. El plan A para sustituirlo es Rubén Moreira y el plan B, Alejandro Murat.
Hablando del PRI, todo parece indicar que en las elecciones del Estado de México hay dos campañas: la de Alejandro Moreno y la de Alejandra del Moral. Esa percepción tienen en Morena, pues ven al presidente del PRI ir por su lado y a la candidata de la alianza Va por el Estado de México por el suyo también. Como lo hemos mencionado en este espacio, efectivamente la ventaja que lleva Delfina Gómez a la candidata priista es de apenas 10 o 12 puntos, según las encuestas internas de Morena. El plan es mantener la distancia hasta el día de la elección y ganar por lo menos con 8 puntos de ventaja para evitar una posible impugnación.
Crece la versión de que los aspirantes a integrar o presidir el INE, vinculados estrechamente con Morena, tuvieron acceso previo al examen de conocimientos. Legisladores de oposición aseguran que no hay otra forma de explicarse cómo es que perfiles con nula experiencia en el ámbito electoral –como el de Bertha Alcalde– se hayan colocado entre los mejores calificados.
@MarioMal
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