Cambios en gabinete sacuden al establishment

Mario Maldonado

Se van a ver enroques en los próximos meses con la encomienda de desarticular a la alianza opositora

Los recientes cambios en el gabinete presidencial le han dado un giro al estado de las cosas en el país, particularmente en lo que respecta a la procuración de justicia, la relación del gobierno con el Poder Judicial y la oposición política.

El primer cambio que marcará la segunda mitad del sexenio se dio apenas a finales del mes pasado, con la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación y las responsabilidades que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador: encargarse de las relaciones con el Poder Judicial, el Legislativo y los gobernadores.

Las gestiones de Adán Augusto pasan por la elección de Rubén Moreira como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Si bien Morena quería ese puesto, la mejor salida fue que el PRI, al que ya perfilaban como aliado en el Congreso federal, se la quedara el primer año. Quién mejor que un exgobernador, cuyo mandato ha sido cuestionado y también sus relaciones con empresarios como Alonso Ancira, para estar al frente de la Jucopo y ‘apretarlo’ cada vez que sea necesario.

Vino después, el jueves de la semana pasada, la votación de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la cual pasó sin problema gracias a la alianza de Morena pero también al apoyo del PRI.

Ahora vendrán otras pruebas de fuego para el PRI; dos de las más importantes son la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que busca devolverle el monopolio de la electricidad a la CFE, y el Presupuesto de Egresos del próximo año, que se negociará en la Cámara de Diputados hasta el 15 de noviembre. La apuesta del gobierno y de Morena es que se mantengan intactos los recursos para los programas sociales y para los cuatro proyectos de infraestructura claves del presidente López Obrador. En ambos casos deberá contar con el apoyo del PRI, o de la alianza opositora.

Este fin de semana se dio otra noticia que va en la línea de dinamitar la alianza Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Se trata de la invitación del Presidente a dos gobernadores de oposición para integrarse a su gobierno: el sinaloense Quirino Ordaz, del PRI, quien se convertirá en el nuevo embajador de México en España; y Antonio Echeverría García, gobernador de Nayarit por el PAN, que también se sumará a la 4T.

Enroques como este se comenzarán a ver en los próximos meses, impulsados por el nuevo secretario de Gobernación, que, más que tener el diálogo con el Congreso y los partidos de oposición, tiene la encomienda de desarticular –o por lo menos debilitar– a la alianza opositora.

La otra salida que ha generado reacomodos en unos casos y terremotos en otros es la de Julio Scherer, quien fungía como interlocutor de los empresarios y el Poder Judicial con el Presidente. La llegada de María Estela Ríos a esa responsabilidad le devolverá el carácter de Consejería Jurídica, por lo que tan pronto como se instaló en el puesto comenzó a llamar a todos los secretarios de Estado y directores de áreas gubernamentales para que le entreguen una actualización de los asuntos jurídicos más relevantes.

La salida de Scherer, además, dejó el camino libre a la Fiscalía General de la República para proceder contra políticos, exfuncionarios y empresarios cuyos expedientes están listos para judicializarse. Uno es el relacionado al abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, a quien se le giró el viernes una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Tanto con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, como con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, había tenido diferencias con Scherer.

Los casos como el del empresario Alonso Ancira –a quien le volverán a solicitar una orden de aprehensión–, el del llamado “rey del outsourcing” Raúl Beyruti –quien va a litigar con el gobierno las acusaciones de defraudación fiscal–, así como muchos otros relacionados con el caso Lozoya y los personajes vinculados a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari van a reactivarse y a llevarse hasta las últimas consecuencias.

Las fichas del dominó comienzan a caer y se avecina una sacudida al establishment político y empresarial como no se recuerde otra.
 

@MarioMal

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