Bartlett y los radicales pierden poder en la 4T

Mario Maldonado

Manuel Bartlett llegó a cuestas, y contra todo pronóstico, al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. No sólo por su edad —tiene 83 años—, sino por su conocido protagonismo y poca experiencia en el sector energético, fue que apenas se anunció su nombramiento como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las calificadoras de riesgo alertaron sobre un cambio radical en la conducción de la empresa y los analistas de bancos de inversión como Barclays lo consideraron “una mala señal”.

La misma Tatiana Clouthier declaró a los medios que “había mejores candidatos” para ese puesto. Tras las declaraciones de la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador y la andanada de tuits que recibió en las redes sociales, Bartlett se dejó ver de cuerpo entero: “Son descalificaciones estúpidas”, “son bots, son una minoría”, dijo el entonces senador del Partido del Trabajo.

Una de las primeras acciones que anunció Bartlett tras ser propuesto como director de la empresa productiva del Estado fue ‘rescatar’ a la CFE y reducir las tarifas eléctricas, así como condonar más de 43 mil millones de pesos de adeudos a los usuarios del servicio en Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador y donde él tiene su propio imperio de propiedades: su padre fue gobernador del estado y su familia posee decenas de inmuebles y terrenos a lo largo y ancho del ‘Edén’.

En febrero, Bartlett enumeró una larga lista de exfuncionarios del sector energético que a su parecer contribuyeron al ‘deterioro’ de la compañía al ‘apoyar’ a empresas extranjeras tras su paso por el sector público. Mencionó a José Córdova Montoya, Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Téllez, Alfredo Elías Ayub, Georgina Kessel y Yordi Herrera, quienes supuestamente ‘beneficiaron’ a firmas privadas con contratos ‘leoninos’.

Así fue como desató su mayor crisis, luego de que intentó iniciar arbitrajes internacionales contra cuatro empresas constructoras y operadoras de gasoductos, entre ellas una de origen estadounidense, una canadiense y otra más propiedad de Carlos Slim, con lo que se atizó la crisis de confianza entre los inversionistas extranjeros y nacionales.

Fue entonces que tuvo que intervenir el Presidente y de la mano de los líderes de las cúpulas empresariales y de Carlos Slim logró un acuerdo. En su discurso en Palacio Nacional, el martes, el magnate mexicano no agradeció a Bartlett, quien más que ayudar a destrabar el conflicto era visto como un ‘dinamitador’ de los acuerdos.

La escena trágica de Bartlett, aquel martes, fue magnificada con la publicación de un reportaje de Carlos Loret de Mola y Areli Quintero, en el que lo dibujan de cuerpo entero: 23 lujosas casas en las zonas más exclusivas de México cuyo valor comercial es cercano a 800 millones de pesos.

“Y se quedaron cortos”, dice una persona que conoce desde hace años a Bartlett.

Los hijos de su pareja, Karla y Julio de Regil, son socios y dueños de antros como el M.N. Roy de la colonia Roma y del exclusivo complejo de 11 hectáreas Zamna Tulum. Sus cuentas de Instagram los delatan: como juniors, se la pasan en los más exclusivos destinos del mundo.

Según fuentes de la CFE, también han integrado a funcionarios a la empresa. Para ser precisos, 18 personas en la dirección de administración y en el SUTERM.

Así las cosas, los bonos de Bartlett en el gobierno de la Cuarta Transformación están como tiene Fitch a los de Pemex: en estatus de chatarra.

Por si fuera poco, en la parte política el ascenso del grupo del ahora gobernador Miguel Barbosa en Puebla significó el fin de sus aspiraciones por recuperar el control de la entidad que gobernó en la época de los 90; esto a través de su sobrino político Rodrigo Abdalá Dartigues, quien todavía se desempeña como superdelegado del gobierno federal en la entidad.

De hecho, en Puebla tienen la seguridad de que durante el proceso electoral de 2018 Bartlett operó en favor de Martha Erika Alonso y en contra de los candidatos de Morena, al grado de convencer al propio presidente López Obrador de bajar en aquel entonces de la candidatura morenista al exrector de la Universidad de las Américas Puebla, Enrique Cárdenas.


En los cálculos del también ex secretario de Gobernación, Cárdenas sería un candidato con mayores posibilidades de victoria ante la aspirante panista, lo que permitiría mantener durante seis años al sobrino de Julia Abdalá, su pareja, como único representante del obradorismo en la localidad poblana.

Por extraño que parezca, la suerte de Bartlett Díaz quedó también marcada por la caída del helicóptero del ex gobernador Rafael Moreno Valle, suceso que a la postre terminó debilitando su posición dentro del equipo cercano al presidente y, de paso, sus opiniones sobre el adecuado desarrollo del mercado eléctrico.
 
Posdata 

Otra de las funcionarias que está perdiendo fuerza en el gabinete es Rocío Nahle, la secretaria de Energía que ayer tuvo que invitar a Carlos Slim a sus oficinas para postearlo en redes sociales sin más noticia que la visita del multimillonario.
 
¿Piso parejo para taxis y apps de movilidad?

El pasado 19 de agosto el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), dio inicio al proceso de sustitución de taxis en la capital del país. Para ello, harán uso de 300 millones de pesos que se han acumulado en el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. Su idea es sustituir 6000 unidades de taxis viejos y contaminantes ofreciendo créditos de 100 mil pesos para coches híbridos y 50 mil para vehículos altamente eficientes.Dicho programa de sustitución de taxis inició en 2003.

Los fondos que la Semovi quiere utilizar provienen de un impuesto que la ciudad aplica a las aplicaciones de movilidad que corresponde al 1.5% del valor de cada viaje, y que paga el usuario del servicio. 

¿Por qué el fondo que dan las aplicaciones de movilidad debe utilizarse para favorecer el negocio de los taxis?, ¿y por qué los usuarios de las aplicaciones de movilidad deben pagar un impuesto para privilegiar otro servicio? 
Parece que el argumento del “piso parejo” para taxis y apps de movilidad que tanto pregona Andrés Lajous no está aterrizado a la realidad. 
 
Impugnan licitación del SAE

El lunes le contamos aquí del escrutinio que harían las autoridades de la Función Pública, de Hacienda y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en torno a la licitación pública sobre la contratación de los Servicios Técnico-Administrativos especializados para apoyo a las actividades del SAE, bajo el régimen de outsourcing o subcontratación.

Se trata de una licitación de 422 millones de pesos, con vigencia de tres años, que implica la contratación de 380 personas.

El fallo fue en favor de Corporativo de Promociones Doex, en participación conjunta con Dinamic, Servicios Administrativos, lo que ha generado dudas y suspicacias debido a los antecedentes de las empresas, por lo que está siendo impugnado. 

La experiencia del consorcio se remite a haber sido prestador de servicios para la Comisión Nacional de Vivienda en el 2016. Da la impresión de que Ricardo Rodríguez Vargas, actual titular del SAE, olvida que el administrador de dicho contrato requiere ser un prestador con amplia experiencia, solvencia financiera y con la capacidad para hacer frente a situaciones tanto laborales como fiscales, civil y administrativa.

¿Será que las viejas prácticas, favoritismos y acciones dirigidas permanecen, a pesar de los discursos presidenciales en contra de la corrupción? 
 
Apuesta la 4T a juegos y sorteos

Una industria a la que le ha puesto el ojo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es a la de Juegos y Sorteos, y no para mal; al contrario, se ha reconocido el trabajo de la Dirección General de Juegos y Sorteos, que preside Luis Calvo Reyes

Esta área depende de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, quien reporta a la fecha 37 permisos para la operación de salas de juego en México. En los últimos años esta industria ha cobrado relevancia, misma que se ha traducido en mayores ingresos para las arcas públicas, ya que paga 4 mil 700 millones de pesos en impuestos y aprovechamientos a nivel federal y otros mil 300 millones de pesos a nivel estatal y municipal.

La industria genera cerca de 200 mil empleos directos e indirectos vía las 379 salas abiertas en prácticamente toda la República Mexicana.

 

@MarioMal
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