Ancira, libre; Lavalle, preso: ¿qué sigue?

Mario Maldonado

Ancira estuvo 20 meses preso en Palma de Mallorca, donde fue aprehendido

La Fiscalía General de la República trabaja a contrarreloj en torno al caso de Emilio Lozoya. El proceso se alargó más de lo debido legalmente y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha preguntado varias veces en los últimos días sobre el tema a los fiscales que asisten a las reuniones del gabinete de seguridad. “Se tiene que resolver antes de las elecciones”, les ha dicho.

Por lo pronto, ayer uno de los imputados por este caso, Alonso Ancira, obtuvo su libertad tras acordar con Pemex un acuerdo reparatorio por un daño de 216 millones 664 mil dólares en la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados durante la gestión de Lozoya.

Ancira estuvo 20 meses preso en Palma de Mallorca, donde fue aprehendido por las autoridades españolas a finales de mayo de 2019 por presuntos delitos cometidos en México. En febrero pasado se concedió su extradición, la cual, como sucedió en el caso de Lozoya, traía un acuerdo bajo el brazo. Ancira prometió reparar el daño al erario que causó la compra-venta de la planta de Agronitrogeandos. Ofreció 200 millones de dólares, pero cuando llegó al país se encontró con una nueva demanda de Pemex.

El apoderado legal de la petrolera, Alejandro Cordero Escalona, envió un escrito a la Fiscalía para reclamar a AHMSA otros 4 mil 200 millones de pesos (unos 150 millones de dólares) por el daño patrimonial y el incremento de gastos que generó la compra de Agronitrogenados.

Los 150 millones de dólares adicionales que reclamaba Pemex alargaron el proceso y finalmente fueron desechados. A los 200 millones, que se van a pagar en cuatro entregas de 50 millones, sólo se sumaron 16.6 millones y una serie de garantías, como diversas propiedades de Ancira, además de 45% de las acciones que su socio Xavier Autrey Maza posee en la nueva asociación que absorbió a AHMSA, denominada Alianza Minerometalúrgica Internacional.

En octubre de 2020 entrevisté a Ancira vía telefónica mientras se trasladaba por carretera a un restaurante de Palma de Mallorca. Relató que conoció a Emilio Lozoya por su papá, Lozoya Thalmann, cuando tenía 14 o 15 años. Reanudaron la relación cuando Emilio trabajaba en el Banco Mundial y era consejero de OHL. Ambos se encontraron en un viaje a China, y Lozoya le ofreció presentarle contactos para que vendiera mineral de hierro en el país asiático.

Ancira reconoció que, aunque “la relación fue buena y les dejó un buen sabor de boca”, tenía cinco años de no verlo y estaba consciente de que su amigo se había convertido en una persona ‘innombrable’. “Me ha costado mi empresa, un año y medio de estar acá (en España). Para mí es el innombrable, pero sí tengo que reconocer que ha sido hombrecito”, dijo en la conversación que se publica completa en el libro ‘Lozoya, el traidor’.

El otro personaje que, a diferencia de Ancira, la FGR sí logró vincular a proceso y dejar en prisión preventiva es el exsenador panista Jorge Luis Lavalle. Al exlegislador se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por presuntamente recibir sobornos de Lozoya para aprobar la reforma energética en 2013.

Lavalle fue citado en el Reclusorio Norte para llevar a cabo una audiencia, pero un juez federal lo vinculó a proceso y le impidió seguir su caso en arresto domiciliario, como se le concedió en julio del año pasado al personaje principal de la trama de corrupción, Emilio Lozoya Austin.

En las denuncias de Lozoya figuran 70 exfuncionarios, políticos y exlegisladores relacionados con la corrupción que rodeó a Pemex en los primeros tres años del sexenio pasado, entre ellos tres expresidentes, tres actuales gobernadores, decenas de exlegisladores y su archienemigo, a quien la FGR ya le intentó girar una orden de aprehensión, Luis Videgaray, el otrora poderoso secretario y mano derecha de Enrique Peña Nieto. ¿Van por él?

 
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