AMLO prefiere una refinería que rescatar a los pobres

Andrés Manuel López Obrador 

ganó la Presidencia de México envuelto en la bandera del combate a la pobreza. Prometió reducir la desigualdad y apoyar a los que menos tienen. “Por el bien de todos, primeros los pobres”, fue la punta de lanza de su campaña junto con el discurso de abatir la corrupción y la inseguridad. Si hoy tuviera que rendir cuentas, en las tres habría fracasado.

En este texto voy a elaborar sobre la primera: el combate a la pobreza. En un país de 52 millones de pobres (42% de la población, según los datos del Coneval a 2018), las promesas de AMLO cayeron como “anillo al dedo” a una sociedad harta de la desigualdad; asqueada de tener por varios años al hombre más rico del mundo y al mismo tiempo a localidades tan pobres como las de África. La desigualdad en México es lacerante, pero no se resuelve metiendo a todos los empresarios y clases medias en la misma bolsa: la de la corrupción y los privilegios, sino con políticas públicas eficientes y con crecimiento económico que aumente las posibilidades de movilidad social para los más desfavorecidos.

La crisis económica generada por el coronavirus desnudó a López Obrador como lo que es en realidad: un político capaz de autosabotearse con tal de no reconocer sus errores. La oposición del presidente a contratar deuda para inyectar liquidez a la economía o poner en pausa proyectos multimillonarios e inviables como la refinería de Dos Bocas para reasignar esos recursos y defender el empleo, lo tienen en la peor encrucijada que nunca imaginó: la de precarización de la economía y el aumento estrepitoso de la pobreza.

¿Quién lo iba a decir? Un presidente que se asume de izquierda, con un proyecto de nación enfocado supuestamente a ayudar a los que menos tienen, se convertirá en uno que dejará en un solo año entre 6.1 y 10.7 millones de nuevos pobres, de acuerdo con estimaciones del Coneval. En los registros de la historia quedará asentado cómo la demagogia y los ideales malentendidos le hicieron perder el foco y terminaron por llevar a su Cuarta Transformación hacia la colisión.

Vale la pena escudriñar el reporte del Coneval publicado el pasado 11 de mayo para darse cuenta de que los programas sociales del gobierno de AMLO no están enfocados en los más pobres, ni antes ni después del coronavirus; todo parece indicar que tienen más bien un enfoque político-electoral.

El 23 de abril de 2020 el gobierno federal estableció como prioritarios 38 programas, 19 de los cuales corresponden al ámbito de desarrollo social, expuso el Coneval, para concluir que “ninguno se dirige explícitamente a la población en situación de pobreza”. Este párrafo es escandaloso y echa por la borda el supuesto enfoque social de la 4T.

El Coneval, encabezado por el doctor José Nabor Cruz, quien fue promovido por la actual administración, alerta que los “nuevos” pobres del país van a ser mayormente de zonas urbanas, producto de los cientos de miles de desempleados –la Organización Mundial del Trabajo estima que sumarán 1.7 millones de mexicanos– quienes quedarán por debajo de la línea del bienestar.

Así como los empresarios, organismos internacionales, analistas y académicos, el Coneval también sugirió al gobierno del presidente López Obrador subsidios a los salarios de los trabajadores y el aplazamiento del pago de las cuotas obrero-patronales para evitar el cierre masivo de empresas y la pérdida de empleos.

Incluso, plantea dos escenarios. El primero, contemplando una cobertura adicional de 8.9 millones de beneficiarios de programas sociales, para lo que se necesitaría un presupuesto de 137 mil 288 millones de pesos. Esto representa más o menos 70% del costo de la refinería de Dos Bocas, criticada por todos los expertos del sector energético debido a su inviabilidad económica.

El segundo escenario contempla el incremento de la cobertura de 2.8 millones de beneficiarios, lo cual requeriría un presupuesto adicional de 41 mil 681 millones de pesos, un monto similar al que se aprobó para la refinería de Dos Bocas en el ejercicio 2020.

Y concluye el Coneval: “La evidencia de que el mejoramiento de los indicadores de desarrollo social en la última década se puede revertir, obliga a mirar más allá de esta crisis y diseñar desde ahora estrategias de protección social y política económica cuyos resultados sean resilientes, para dejar atrás la fragilidad y precariedad con la que las y los mexicanos enfrentan riesgos económicos y sociales”.

Todo esto hace pedazos la política contracíclica y el ensayo-panfleto de la nueva política económica que publicó el presidente el fin de semana.

Y para ponerlo en término llanos: el presidente López Obrador privilegia la construcción de una refinería que será improductiva y onerosa, sobre el rescate de unos 8.4 millones de mexicanos que caerán en la pobreza este año.

Televisa sube 14% en la BMV

Las acciones de Grupo Televisa se apreciaron 14% este lunes, con lo que lograron recuperarse de las bajas de las últimas jornadas. Los resultados de la empresa que codirigen Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez en el negocio de cable y sky, los cuales reportaron aumentos de 9.4% y 2.3% en sus ventas durante el primer trimestre del año, así como su participación accionaria en Univision estarían detrás de la reacción positiva de los inversionistas.

La subida de las acciones de Televisa incluso impulsó al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que tuvo su mejor jornada de las últimas siete semanas, al subir 4% este lunes.

En medio de esto se encuentra el anuncio de Live Nation Entertainment, la productora estadounidense de eventos en vivo que dijo estar reconsiderando la compra de Ocesa a Grupo Televisa y Corporación Interamericana de Entretenimiento. La transacción con el grupo de Emilio Azcárraga fue por 40% de Ocesa, valorado en 5 mil 206 millones de pesos. En una semana se termina el acuerdo de suspensión (standstill agreement) para renegociar la operación, o Televisa recurrirá a los tribunales.

Imploran ser escuchados

Este fin de semana organismos como la Unidad de Verificación ISEC; el Laboratorio de Calibración (CISSET); la Asociación de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIESAC); y la Asociación Mexicana de Metrología, entre otras, se unieron a diversas cúpulas empresariales para exigir que sus voces sean escuchadas en mesas de trabajo y discutir a Parlamento Abierto el Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, el cual es impulsado por la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez , con toda la premura y hermetismo posible.

Así, en las enérgicas cartas dirigidas a la Comisión de Hacienda en el Senado, que encabeza el morenista Alejandro Armenta, piden que el Estado no regrese a realizar actividades que ya realiza el sector privado de manera confiable, competente y respaldados por reconocimientos internacionales en el sector de la Normalización. Y es que, de aprobarse la ley, las autoridades estarían siendo juez y parte, sin mencionar el riesgo en la salud de la población y del medio ambiente.

@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com