AMLO, PISA y el desabasto: una historia de terror

Mario Maldonado

Más de 80% de los contratos de PISA y sus empresas con el gobierno han sido por adjudicación directa

La guerra entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la farmacéutica PISA es una historia de terror, en la que los únicos afectados han sido los pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas, especialmente los niños que se han quedado atrapados en el fuego cruzado, sin poder tener acceso a sus medicamentos.

Cuando AMLO llegó al poder, una de sus primeras acciones, de la mano de la entonces titular de la Oficialía Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, y del impresentable subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue desarmar las estructura de compras de medicamentos y su distribución, bajo el argumento de que estaba plagada de corrupción.

La respuesta de algunas empresas farmacéuticas –como PISA, la principal fabricante mexicana de medicamentos, entre ellos el metotrexato y otros oncológicos– fue la de ponerse los guantes contra el gobierno, limitando la venta y boicoteando las compras a otros laboratorios asentados en el país.

El gobierno federal buscó en el extranjero los medicamentos y luego contrató a la UNOPS. Ambas estrategias han sido un desastre, pues ni los funcionarios de la 4T tomaron las previsiones para evitar el desabasto masivo de todo tipo de medicamentos, ni la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos ha podido con el paquete de salir al mercado internacional a comprar unos 100 mil millones de pesos de medicamentos.

En octubre de 2020, Laboratorios PISA, junto con otras cinco farmacéuticas y distribuidoras fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, de la entonces “zar anticorrupción”, Irma Eréndira Sandoval, mientras eran investigadas por sus presuntas prácticas monopólicas y de corrupción; pero por el otro lado, sus empresas subsidiarias seguían vendiendo medicamentos y servicios a las instituciones de salud de la 4T a través de adjudicaciones directas. 

Según los datos oficiales recabados por esta columna, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Laboratorios PISA ha obtenido contratos con el gobierno federal por un total de 9 mil 514 millones de pesos; sólo en 2020, la empresa de la familia Álvarez Bermejillo se adjudicó contratos por un total de 6 mil 768 millones de pesos, 2 mil 125.4 millones en 2019 y 620.6 millones en lo que va del 2021.

La distribuidora de PISA, llamada DIMESA, acumula en lo que va de la administración federal contratos por 8 mil 192 millones de pesos: 7 mil 855 millones en 2019, 197.5 millones en 2020 y 139.3 millones en los primeros seis meses del 2021.

Otra de las empresas de la familia que encabeza el empresario tapatío Carlos Álvarez Bermejillo se llama Servicios de Farmacia Prefarma, la cual ha conseguido contratos por mil 233 millones de pesos en la primera mitad del gobierno de López Obrador; 773.4 millones en 2019, 341.4 millones en 2020 y 118.6 millones en 2021.

Una de las peores partes de esta historia de terror, además de la negligencia que significa dejar a la población sin medicamentos, es que más de 80% de los contratos que ha obtenido PISA y sus empresas con el gobierno de AMLO han sido por adjudicación directa.

Además, todos los institutos de salud pública, como el IMSS, a cargo de Zoé Robledo; el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez Pineda; el Insabi, en manos de Juan Ferrer –donde por cierto hay el mayor desastre–, la Sedena, de Luis Crecencio Sandoval, y la Marina, de José Rafael Ojeda, le han comprado medicinas y servicios al laboratorio que el Presidente, su exjefa de compras gubernamentales, el deleznable subsecretario de Salud y la exzar anticorrupción dijeron que no le podían comprar. 

La fórmula es la misma que hemos relatado en otras ocasiones: un Presidente que veta públicamente a personajes y empresas que considera símbolos del neoliberalismo y la corrupción, mientras un grupo de colaboradores e integrantes de su gabinete buscan la manera de mantenerlos vigentes, a veces por negocio, a veces por necesidad.

Slim, otra vez con AMLO; apuntan a Mancera

Carlos Slim Helú se reunió de nueva cuenta con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para tratar temas relacionados con la Línea 12 del Metro. Reiteró que colaborará en la reparación del tramo elevado que se desplomó y que construyó su empresa, Grupo Carso; sin embargo, desechó la hipótesis de los primeros dictámenes de la firma DNV, que apuntan a que hubo una falla estructural. “Yo estoy convencido que lo hicieron los mejores calculistas de México, hicieron los cálculos, el diseño… desde su origen no tiene vicios ocultos”, dijo Slim a los reporteros.

El multimillonario dijo entre líneas que falló el mantenimiento, pues desde su construcción a la fecha de la tragedia la Línea 12 había sobrevivido “más de 12 sismos de seis y medio grados”. Como lo publicamos la semana pasada, los próximos dictámenes de la empresa noruega DNV apuntan a la falta de mantenimiento y específico al gobierno de Miguel Ángel Mancera. Previo a la primera reunión de Slim con AMLO y Claudia Sheimbaun, la actual jefa de Gobierno había deslizado en reuniones privadas que las próximas entregas de peritaje van a involucrar al senador Mancera, cuya administración es responsable de los trabajos de mantenimiento de la estructura y de la revisión tras los sismos de 2017.

Quintana Roo destina 250 mdp a Parque de la Equidad

El gobierno de Quintana Roo, de Carlos Joaquín González, invertirá 250 millones de pesos para la segunda fase de construcción del denominado Parque de la Equidad en Cancún que contempla los equipamientos urbanos del proyecto de 16 kilómetros lineales con el que se pretende beneficiar a unas 200 mil personas en aquella ciudad. 

Actualmente la obra se encuentra en una etapa inicial de desarrollo para la cual se invirtieron 253 millones de pesos del Fondo Metropolitano y la Agencia de Proyectos Estratégicos de la entidad, que lleva Eduardo Ortiz Jasso, mismos que servirán para dejar listos los andadores, ciclovía, luminaria y demás elementos integradores del parque. 

Apenas esta semana el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) reconoció el proyecto como ejemplo de buenas prácticas globales en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; mismo que, bajo la supervisión de ONU Habitat, se convertirá en el más grande espacio público de aquella zona turística.

Presumen cero deuda en Querétaro

Cinco años antes de que venciera el plazo y a pesar de una caída de aproximadamente 7% en los ingresos estatales debido a la pandemia, el gobierno de Francisco Domínguez logró liquidar la deuda adquirida en 2006, a través de un crédito simple, con BBVA Bancomer por mil 350 millones de pesos; esto durante la administración del también panista Francisco Garrido Patrón.

A 2020, Domínguez Servién había conseguido reducir en hasta 84% la deuda pública que recibió de su antecesor José Calzada Rovirosa, y apenas este lunes se anunció que será la segunda entidad que no heredará compromisos financieros a la administración que encabezará Mauricio Kuri; Tlaxcala, que recibirá Lorena Cuellar, es el otro estado con “deuda cero”, puesto que está impedido legalmente para contratarla.

 
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