AMLO: inflación, control de precios y votos

Mario Maldonado

Esta suerte de impuesto regresivo que es la inflación, además de poner en entredicho la retórica del Presidente, impacta sus perspectivas electorales

El Presidente está preocupado por la inflación. Pese a desconocer muchos temas económicos, el Andrés Manuel López Obrador que ha recorrido el país sabe que el aumento de los precios de productos de la canasta básica y otros de consumo masivo afectan, sobre todo, a los más pobres. Y esta suerte de impuesto regresivo que es la inflación, además de poner en entredicho la retórica incluyente del Presidente, impacta sus perspectivas electorales del próximo año, cuando se van a renovar seis gubernaturas estatales y se llevará a cabo su consulta de revocación de mandato.

México cerrará el año con una inflación cercana a 8%, la más alta de los últimos 20 años, y no se prevé que regrese a los niveles de 3 o 4% el próximo año, sino hasta 2023. La inflación alta, como lo dijo el Presidente, es un “fenómeno mundial”, pero en nuestro país se ha exacerbado por el precio de los energéticos (gas LP, electricidad y gasolina), los cuales López Obrador aseguró que no aumentarían.

Además, el aumento que ha tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor en 2021 es solo un promedio del incremento de una serie de bienes y servicios, pero no refleja el costo real de muchos productos de consumo masivo que se han encarecido, en algunos casos, al doble. Por ejemplo, bebidas y alimentos procesados que se consumen en todo el país, incluidas las zonas más apartadas y las rancherías hasta las que López Obrador ha ido a buscar votos.

Esta situación, que impacta a los más pobres y a los más de 20 millones de beneficiarios de los programas sociales del Presidente, son una bomba de tiempo para López Obrador, quien desayuna, come y cena política. Esta es la razón por la que el titular del Ejecutivo aceptó reunirse, en menos de dos semanas, con los multimillonarios y empresarios principales del país para pedirles que le “ayuden con la inflación”.

En la reunión con los empresarios de su Consejo Asesor, el 23 de octubre pasado, López Obrador les entregó un texto con información económica general, pero con énfasis en el tema de la inflación y los salarios.

Sobre el salario mínimo, que en esos días se negociaba un aumento para 2022, pidió que “lo apoyaran”, de manera que se permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y entonces se anunció un alza de 22%, el cuarto incremento en lo que va de la administración, con lo que habrá subido ya 82%.

En cuanto al tema de los precios, el Presidente pidió a los empresarios “tener conciencia” y que no aumenten “más de lo que deberían”, apelando a su política de ganancias justas.

Los multimillonarios explicaron que buena parte de la inflación es importada y obedece al incremento de los precios a nivel internacional; en algunos, incluso, no estaban transfiriendo esos aumentos a los precios finales a los consumidores. Entre los asistentes estaban Carlos Slim (América Móvil, Grupo Carso, CICSA), Germán Larrea (Grupo México, Ferromex, Cinemex), Alberto Baillères (Grupo BAL, Palacio de Hierro, GNP), Bernardo Gómez (Grupo Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Ángeles, Grupo Imagen), Ricardo Salinas (Banco Azteca, Elektra, TV Azteca), Carlos Hank González (Banorte, Hermes, Gruma), Daniel Chávez (Vidanta), Miguel Rincón (Biopappel) y Sergio Gutiérrez (DeAcero).

Al parecer al Presidente no le gustó la respuesta y esta semana inauguró el “Quién es quién en los precios” de la canasta básica, al comparar los supermercados con las centrales de abasto. Esta información, junto con la que le han puesto sobre la mesa algunos colaboradores, de llevar a cabo un control de precios, como ya sucede con el gas LP, han puesto a pensar al Presidente sobre qué hacer: dejar que México siga siendo una economía de mercado o tentar al Diablo con el establecimiento de precios máximos, y entonces sí voltear a ver las tragedias humanas que han ocasionado en países como Venezuela.  

¿Adiós a Sacyr?

Tras el cúmulo de irregularidades en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, la constructora española Sacyr ha reducido su presencia en el país. Atrás habría quedado el trato privilegiado que recibió en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y hay quienes aseguran que su personal en la oficina de Polanco actualmente llega apenas a los 10 empleados.

La compañía buscó hacerse de contratos en los tramos del Tren Maya pero no lo consiguió. Todo parece indicar que el historial de la empresa le impidió transitar con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y es que en Palacio Nacional no se les olvida que fue precisamente en la Línea 3 donde se le asignaron dos de los seis contratos principales, el contrato DGTFM-25-14, por 4 mil millones de pesos más IVA, y el DGTFM-14-14, por 2 mil 646 millones de pesos más IVA.  

Ambos llevaron la firma de Pablo Suárez Coello, director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, y los dos registran sobrecostos. En el caso del primero, el costo se elevó a 6 mil 193 millones de pesos, es decir, 32.9% más, aunque debía estar concluido en marzo de 2017, en nueve convenios modificatorios se fueron agregando plazos; y en el caso del segundo, se firmaron al menos una decena de convenios modificatorios con los que el costo se elevó en más de mil 143 millones de pesos, es decir, 37%, mientras que el plazo de entrega se prorrogó desde octubre de 2016..

 

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