AMLO, dos años: la guerra perdida contra la IP

Mario Maldonado

Durante los 24 meses que lleva en la Presidencia, López Obrador ha tenido permanentemente exabruptos con el sector empresarial

Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno –que ayer cumplió su segundo año– con una batalla perdida: la que le declaró a la Iniciativa Privada (IP) desde la campaña, y luego ya formalmente durante su administración.

La guerra contra los empresarios, que generan nueve de cada 10 empleos en el país e invierten seis de cada siete pesos, estaba perdida desde el principio, precisamente porque la economía mexicana depende de la IP, en la que confluyen lo mismo los grandes hombres y mujeres de negocios que las micro, pequeñas y medianas empresas.

Una de las premisas de AMLO al tomar el gobierno fue separar el poder político del económico. Tal dicotomía, que a su parecer entrañaba corrupción, nunca se llevó a cabo. Actualmente, los empresarios favoritos de su administración siguen haciendo grandes negocios al amparo de las adjudicaciones directas y los contratos a modo, como se ha reportado ampliamente en los medios de comunicación.

La abolición de la corrupción tampoco se ha logrado. Por el contrario, buena parte de su gabinete legal y ampliado, desde secretarios hasta directores de área, e incluso familiares del Presidente, han sido evidenciados y denunciados por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

La estigmatización de los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, ha generado un desplome en la confianza y la certidumbre de la inversión privada, lo que se ha traducido en un nulo crecimiento durante el primer año de gobierno (2019) y en una caída estrepitosa de 9% del PIB en 2020.

Andrés Manuel López Obrador inició una nueva etapa en la relación con los empresarios desde la campaña presidencial de 2018. “Tienen confiscadas las instituciones. No quieren dejar de robar ni perder el privilegio de mandar. Son una minoría rapaz. Se sienten amos de México”, les asestó en mayo de ese año durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión.

El rencor estaba dirigido hacia el Consejo Mexicano de Negocios, entonces encabezado por Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Eduardo Tricio (Aeroméxico y Lala), a quienes acusó de reunirse en la clandestinidad para convencer al expresidente Enrique Peña Nieto de que su candidato, José Antonio Meade, declinara por el panista Ricardo Anaya. Luego sabríamos que también le pidieron interceder al magnate Carlos Slim. Más tarde vino la famosa frase de “soltar al tigre”, aludiendo a un eventual fraude electoral.

La segunda parte de la batalla contra los empresarios fue la cancelación del Aeropuerto de Texcoco mediante una consulta pública irregular. La críticas de los empresarios, los analistas de bancos internacionales y las calificadoras le llovieron en cascada al entonces presidente electo, quien ese mismo año (2018), previo a las elecciones, arremetió contra la IP.

Durante los 24 meses que lleva en la Presidencia, López Obrador ha tenido permanentemente exabruptos con el sector empresarial por temas como la abolición de la reforma energética, la decisión de renegociar los contratos con empresas de gasoductos, la cancelación de proyectos como la planta de Constellation Brands en Baja California, la confiscación de los fideicomisos públicos, la falta estímulos fiscales ante la crisis y, más recientemente, por su intención de criminalizar a las empresas que subcontratan a sus trabajadores.

Todo esto, sin mencionar la falta de coherencia en los mensajes y las políticas públicas que generan, además de incertidumbre, terror a la inversión privada.

"El gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros”, decía por marzo el Consejo Coordinador Empresarial que preside Carlos Salazar.

La semana pasada expusimos aquí el hartazgo de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con la IP, quien no da crédito a la facilidad con la que el Presidente dinamita los puentes con la iniciativa privada, sin la cual ningún proyecto de nación, menos uno como el que pretende AMLO con su Cuarta Transformación, podría lograrse.

Por eso, como se lo dijo un empresario entonces muy cercano a López Obrador, cuando ganó la Presidencia en 2018. “Quizá es posible ganar elecciones sin toda la ayuda de los empresarios, pero no se puede gobernar sin ellos. Ni en México ni en ninguna otra parte”.

AMLO inició su gobierno con esa batalla perdida, pero, fiel a su estilo, se rehúsa a aceptarlo. Quizá cuando lo haga ya va a ser demasiado tarde.
 

@MarioMal
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