Álvarez Puga: como pez en el agua en la era de EPN

Mario Maldonado

Las líneas de investigación apuntan hacia personajes que se habían considerado intocables, principalmente por acuerdos que facilitaron la última transición

La causa penal por la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca encarcelar a Víctor Manuel Álvarez Puga y a su esposa Inés Gómez Mont empieza a generar preocupación en las más altas esferas, porque las líneas de investigación apuntan hacia personajes que se habían considerado intocables, principalmente por los acuerdos que facilitaron la última transición de gobierno y que pretenden garantizar la continuidad en la siguiente.

En la instancia que lleva Alejandro Gertz Manero sospechan que los más de 3 mil millones de pesos que, por concepto de compra de equipo de seguridad y espionaje, salieron de la Secretaría de Gobernación hacia las empresas de Álvarez Puga, no pudieron pasar desapercibidos para el titular de la dependencia, Miguel Osorio Chong, a quien le señalan cercanía con el facturero.

Fuentes con conocimiento del caso aseguran que el asunto se conecta con un gasto irregular de más de 40 mil millones de pesos que se efectuó desde las oficinas de Bucareli durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, provenientes de la polémica partida presupuestal 33701, clasificada como Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Ya había un robusto expediente en la Secretaría de la Función Pública –generado por la última contralora del sexenio anterior, Arely Gómez–, pero la investigación se decidió congelar a mediados del año pasado y se puso bajo resguardo luego de la salida de esa dependencia de Irma Eréndira Sandoval, la única interesada al parecer en su momento en detonar esa bomba.

En dicho expediente se detallaban las operaciones con las que Víctor Manuel Álvarez Puga, también conocido como Mai, vendió equipo de seguridad a la Secretaría de Gobernación a través de la empresa chiapaneca Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V., del empresario Asaf Israel Zanzuri, otro joven integrante de ese grupo de promotores de los muy exitosos servicios para reducción de cargas fiscales.

Balam Seguridad Privada y su subsidiaria Grupo Tech Bull fueron el vehículo para que, además de la Secretaría de Gobernación, la otrora Procuraduría General de la República, por la que desfilaron los dos titulares más polémicos, Jesús Murillo Karam Alberto Elías Beltrán, y hasta la Sedena, adquirieran el malware Pegasus, utilizado por el gobierno anterior para presuntamente espiar a periodistas y líderes de la oposición.

La firma de seguridad privada de Zanzuri, que según fuentes también era propiedad del renombrado Mai, sirvió como intermediaria entre las dependencias mexicanas y la compañía israelí NSO, propietaria de esa famosa tecnología para interceptar llamadas, servicios de mensajería instantánea y redes sociales.

El vínculo de Álvarez Puga con el secretario Osorio Chong habría sido Antonio Collado, el hermano del hoy convicto expresidente de Caja Libertad, el abogado Juan Collado, otro eslabón fundamental para esconder las fortunas de exfuncionarios en paraísos fiscales como Andorra.

Otro personaje que la justicia tendrá que conectar con el caso Álvarez Puga es el extesorero del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, quien representó al despacho de Mai en el sureste, donde ofrecía servicios para cuadrar las finanzas municipales y estatales.

En 2018, la Secretaría de Hacienda formuló una querella contra Vergara Fernández por presuntamente participar en el desvío de 50 millones de pesos del erario durante la gestión de Roberto Borge, y aunque posteriormente este personaje se logró colocar algunos meses en el gobierno del panista Carlos Joaquín González –muy cercano al presidente López Obrador–, terminó siendo expulsado para enfrentar sus procesos ante la justicia.

Posdata

La vinculación de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, en la denuncia de la FGR y la posterior orden de aprehensión contra Álvarez Puga, se debe a dos temas: el primero, porque, según fuentes que conocen el expediente judicial de Mai, sí estaría implicada en las empresas a través de las cuales presuntamente se desviaron 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación; y la segunda, por su apellido y sus relaciones familiares. Su tío, el exsecretario de Gobernación con Felipe CalderónFernando Gómez Mont, ha tomado varios casos contra la 4T, de la mano de su exsocio, el recién fallecido Julio Esponda.

Misiles con el sello Sánchez Cordero

La salida del gabinete del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, sigue generando turbulencias y ataques dirigidos, según lo ha manifestado a sus cercanos el propio abogado a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “hermano” al anunciar su renuncia.

La pugna entre la exsecretaria de Gobernación y el exconsejero Jurídico, que se mantuvo prácticamente durante toda la primera mitad del gobierno, no cesa. La hoy presidenta del Senado de la República aprovecha cada ocasión para exhibir las diferencias que tuvo con Scherer, entre otras cosas por las atribuciones en la relación con el Poder Judicial, e incluso se le considera autora de los ‘misiles’ que se lanzan contra el hijo del fundador de Proceso.

En mayo pasado revelamos el audio en el que el exvocero de Gobernación, Omar Cervantes, echó a andar una campaña mediática para acusar a Julio y a Hugo Scherer de apoyar abiertamente al entonces candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. Tras la publicación, el excolaborador de Sánchez Cordero renunció.

Este fue sólo uno de los desencuentros y peleas entre Scherer y Sánchez Cordero. Ahora que el abogado abandonó la función pública, para reintegrarse a sus actividades privadas, sigue sintiendo el fuego amigo de la ministra en retiro.

Se habla de una suerte de “fijación” de Sánchez Cordero con Scherer, pues en diversas entrevistas se ha dedicado a profundizar las diferencias de fondo con el entonces consejero. Ahora se atribuye a su equipo la relación con el escándalo de los hermanos Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez Mont.

Scherer asegura que “nunca ha visto a Álvarez Puga” y que no tenía relación con sus abogados ni con la Fiscalía General de la República. Sea como sea, el fuego amigo sigue golpeando al gobierno del presidente López obrador.

 
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