Alistan golpe por financiamiento ilícito de campañas

Mario Maldonado

Inexplicablemente, Techint y CITapia siguen presentes en el gobierno de la 4T y rondando contratos

La nueva denuncia contra Emilio Lozoya, que anunció esta semana la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, es una de las apuestas más grandes con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende castigar el financiamiento electoral ilícito. La línea de investigación que se sigue es que buena parte de los 3 mil millones de pesos que Pemex entregó a Odebrecht fue a parar a las campañas de los candidatos del PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las pesquisas de la Secretaría de Hacienda analizan los contratos que la administración de Emilio Lozoya entregó a la constructora brasileña entre 2013 y 2015, relacionados con los trabajos de mantenimiento y conversión de las refinerías de Tula y Salamanca y con la construcción de la obra del gasoducto Los Ramones II.

La denuncia proveniente de la UIF será también complementaria a las querellas que sobre este tema ha interpuesto la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, las cuales presumen daños al erario por mil 250 millones de pesos, por irregularidades encontradas en 10 contratos adjudicados a Constructora Norberto Odebrecht, S.A.

Las investigaciones caminan en dos sentidos: mientras la ASF ha revisado las irregularidades que se cometieron en los procesos de adjudicación y en la ejecución de los contratos, el equipo de Santiago Nieto sigue la ruta de esos más de 3 mil millones de pesos que se entregaron a la brasileña y que pudieron ser utilizados para financiar actividades proselitistas del proceso electoral intermedio, en 2015, así como diversas contiendas para gubernaturas.

Se tiene registrado que luego de que el dinero fue entregado a Odebrecht —como pago de obras a sobreprecio o inconclusas—, este fue transferido a pequeñas empresas proveedoras, algunas de ellas identificadas por el SAT como firmas fachada; posteriormente, los mismos recursos fueron retirados en efectivo, justo en las épocas en que se ponían en juego los cargos de elección popular.

De comprobarse la hipótesis de esta nueva denuncia, el gobierno de López Obrador estaría ante una nueva oportunidad para llevar ante la justicia no sólo a Emilio Lozoya, sino a los grandes operadores en ese sexenio del Partido Revolucionario Institucional, entre ellos a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto; este último intocable hasta el día de hoy, pero con categoría de expuesto en agosto cuando concluya la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes.

Además de los posibles procesos judiciales contra los exfuncionarios, la querella destaparía una serie de relaciones irregulares de Odebrecht con empresas que participaron en estos contratos, y por las que pasaron también los recursos que desaparecieron del sistema financiero, como los contratos relacionados con las refinerías y con los gasoductos de Arendal, del empresario Adrián García Pons, Techint, de Paolo Rocca, y Construcciones Industriales Tapia de Juan Carlos Tapia.

Las tres son firmas que se han relacionado en diversas ocasiones con la trama de corrupción de Emilio Lozoya, pero que, inexplicablemente, en los casos de Techint y CITapia siguen presentes en el gobierno de la 4T y rondando los contratos relacionados con la nueva refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

En el caso de Techint fueron más sonados sus intentos por participar en el proyecto estratégico de refinación de la 4T, mientras que la empresa de Juan Carlos Tapia busca colarse con una nueva razón social: Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, el cual pretende fabricar recipientes a presión para diversos contratistas de la refinería y, a la par, se ha acercado a los constructores del Tren Maya para que lo sumen como proveedor y ejecutor de obra.

La detención de Florian Tudor

Desde febrero de 2020 le adelanté en este espacio que especialistas en seguridad informática de Estados Unidos habían detectado en el Caribe mexicano una red de cajeros intervenidos con un software especializado para la clonación de tarjetas bancarias. La investigación, encabezada por el experto en temas de ciberdelincuencia, Brian Krebs, apuntaba a la compañía denominada Intacash, propiedad de un grupo de empresarios rumanos identificados por la Fiscalía General de la República y por el FBI como Florian Tudor y Adrián Nicolae Cosmín.

En julio de ese mismo año me reuní con el entonces secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, quien me detalló que seguía la pista de la denominada “mafia rumana”, dedicada a la clonación de tarjetas y generadora de ganancias ilícitas por millones de pesos cada año. Me confió que, debido a las importantes conexiones políticas de los delincuentes y la sofisticación de sus delitos, habían podido mantenerse en libertad, incluso hasta acusar un supuesto acoso de los cuerpos de seguridad en la entidad. La suerte y la protección se le acabaron ayer al llamado ‘Tiburón’, Florian Tudor, y fue detenido con fines de extradición por delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio.
 

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