Rafael Marín Mollinedo dejará este miércoles la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para asumir una nueva posición como delegado del Bienestar en Yucatán. Se trata de uno de los primeros ajustes en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum de cara al 2027.
El funcionario llevaba semanas sin poder operar plenamente la Agencia, derivado de la intromisión de cuadros provenientes del equipo del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, quien con este movimiento consolida el control total de las aduanas.
El nuevo director general de la ANAM será Héctor Alonso Romero Gutiérrez, un ingeniero en Desarrollo Sustentable egresado del Tecnológico de Monterrey experto en Mercados y Finanzas Energéticas.
Aunque la trayectoria de Romero Gutiérrez está más enfocada al sector energético, con diversos cargos en la Comisión Federal de Electricidad, fuentes de la 4T confirman que pertenece al grupo de “Pepe” Merino, al grado que lo considera “su jefe”, por lo que se espera en la práctica una plena subordinación, mucho mayor a la que ya de por sí estaba obligado el director general anterior.
El movimiento de Marín Mollinedo también tiene una lectura política. Desde su nueva posición en el sureste del país, el ahora exdirector de la ANAM se perfila para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura al gobierno de Quintana Roo, donde muy probablemente enfrentará al senador Eugenio “Gino” Segura, el perfil impulsado por la gobernadora Mara Lezama y por Jorge Emilio González, el llamado “Niño Verde”.
Con los cambios en la ANAM, se afianza también el recientemente nombrado director general de Investigación Aduanera, Carlos Meléndez Sagahón, quien sustituyó al polémico Alex Tonatiuh Márquez, luego de que a este último le retiraran la visa estadounidense. Ambos forman parte del círculo de confianza de “Pepe” Merino. Previo a sus escándalos, se asegura que Tonatiuh Márquez estaba destinado a ser titular de la ANAM.
Ahora, la concentración de poder de “Pepe” Merino y sus cercanos ya no estará solo en el presupuesto tecnológico del gobierno federal, sino también en los recursos del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, el FACLA, cuyo presupuesto para proyectos de modernización supera los 100 mil millones de pesos.
Es, sin duda, una acumulación de poder relevante. Quizá por ello en Palacio Nacional se pensó en otro perfil para encabezar la ANAM. El nombre que se puso sobre la mesa fue el de Carlos Ulloa Pérez, exsecretario particular de Claudia Sheinbaum y actual director de Birmex, el organismo encargado de centralizar la compra de medicamentos e insumos para el sistema de salud. La propia presidenta se lo planteó.
Ulloa Pérez es uno de los funcionarios de mayor confianza de Sheinbaum. Fue enviado a Birmex para intentar corregir los problemas en las compras públicas de medicamentos, luego de procesos fallidos que derivaron en desabasto, aunque no lo ha conseguido.
Ulloa Pérez pidió más tiempo a su jefe para mejorar las cosas en salud. Decidió permanecer en Birmex para concluir el proceso de compra bianual de medicamentos e insumos médicos programado para junio, en el que el gobierno tiene prevista una inversión cercana a los 600 mil millones de pesos, seis veces más que los recursos del FACLA. Por interés económico o institucional, su permanencia resultó lógica.
Posdata 1
La controversia por el derrame en el Golfo de México escaló esta semana luego de que al menos 17 organizaciones ambientales acusaran al gobierno federal de ocultar información clave sobre el origen y la magnitud del siniestro. Con base en imágenes satelitales, sostienen que el vertido comenzó desde febrero —no en marzo como reportaron las autoridades— y que existía evidencia temprana suficiente para activar alertas y medidas de contención que no se comunicaron a tiempo.
Las ONG, entre ellas el CEMDA y Greenpeace México, apuntan directamente a instalaciones de Pemex, particularmente a un ducto en la Sonda de Campeche, y señalan la presencia de embarcaciones en la zona donde se originó la mancha. Acusan que la falta de transparencia y la respuesta tardía agravaron el daño ambiental y económico, que ya alcanza más de 600 kilómetros de litoral y ha impactado reservas naturales, fauna marina y la actividad pesquera.
El gobierno federal ha rechazado esas versiones y sostiene que no hay evidencia concluyente de una fuga en infraestructura petrolera, atribuyendo el fenómeno a una combinación de emanaciones naturales y posibles descargas de embarcaciones. Mientras continúan las investigaciones y labores de limpieza, el diferendo entre autoridades y organizaciones civiles pone en entredicho la capacidad de respuesta del gobierno, así como la política de transparencia en desastres ambientales y, por si fuera poco, vuelve a comprometer a la muy atribulada empresa petrolera del Estado.
Posdata 2
Mientras tanto, el derrame en el Golfo de México ya le está pasando factura política a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Pescadores de las zonas afectadas retaron públicamente a la exsecretaria de Energía a acudir a las comunidades para constatar los daños en la actividad pesquera y en el entorno ambiental. Denuncian afectaciones directas a sus ingresos y cuestionan la falta de información clara y oportuna sobre la magnitud del incidente.
La gobernadora respondió —muy a su estilo provocador y agresivo— que existe una campaña política para desacreditar a su administración y sobredimensionar el impacto del derrame. Sostiene que el manejo del caso ha sido utilizado con fines políticos por tratarse de una entidad clave en el sector energético. Sin embargo, esa versión contrasta con los testimonios de los pescadores y con los señalamientos de organizaciones que advierten daños más amplios y una respuesta tardía.
Por si fuera poco, el episodio se cruza con cuestionamientos sobre el entorno cercano de la mandataria. Volvió a circular información sobre su esposo, José Luis Peña, por una presunta doble pensión vinculada a Pemex. El tema, que no es nuevo, resurge en medio de la crisis y amplifica el escrutinio sobre posibles conflictos de interés.
A ese contexto se suma el frente de opinión pública. La encuesta de enero de Mitofsky —es decir, antes de que se conociera el derrame petrolero— reportó 41% de aprobación para Nahle y la ubicó en el lugar 28 nacional, entre los gobernadores peores evaluados. Nahle llegó a colocarse en el penúltimo lugar del país en aprobación.
Posdata 3
Y en medio de las negociaciones para renovar el T-MEC, Pemex, a cargo de Víctor Rodríguez, enfrenta un nuevo foco de presión externa por su situación financiera. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) documentó adeudos por al menos 2 mil 500 millones de dólares con proveedores estadounidenses, quienes han reportado dificultades persistentes para recibir pagos por servicios ya prestados a la petrolera.
El señalamiento, incluido en el reporte oficial sobre barreras comerciales, revela que aunque algunas empresas han logrado recuperar parcialmente sus recursos, otras continúan acumulando retrasos, lo que confirma que la falta de liquidez de Pemex sigue impactando su operación cotidiana y su relación con contratistas estratégicos.
El tema se inserta en la agenda comercial entre México y Estados Unidos, justo cuando se revisan los acuerdos del T-MEC. Así que más allá de los ajustes financieros y los apoyos del gobierno federal, la petrolera mantiene un rezago relevante en pagos que ya es visto como un factor de riesgo para la certidumbre de inversión y el cumplimiento de contratos en el sector energético.
@MarioMal