A una semana de la renuncia de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado, surgen nuevas versiones sobre el futuro del político al que Andrés Manuel López Obrador consideraba un “hermano”. Según su grupo cercano, o propiamente el Grupo Tabasco, el senador está buscando llevar mano en la designación de las candidaturas para la elección de 2027.
El poder de decisión de Adán Augusto López, según esas mismas versiones, busca superar al de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y al del equipo de la presidenta. Por ejemplo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, deberá revisar todos los perfiles y descartar los que tengan un expediente que genere sospechas.
Impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López intentará, contra viento y marea, imponer a Andrea Chávez como candidata a la gubernatura de Chihuahua, tal cual lo dejó ver abiertamente la semana pasada, al asegurar que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado norteño. “Ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, afirmó López Hernández al ser cuestionado sobre si su salida del cargo podría afectar las aspiraciones de Chávez.
Además de la senadora, el excoordinador de Morena en el Senado también impulsaría al actual director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marin Mollinedo, a la gubernatura de Quintana Roo.
En pocas palabras, es un manotazo sobre la mesa de López Obrador, como una medida para evitar que otros grupos incidan en la designación de los 17 candidatos a gobiernos estatales y al Congreso, principalmente. La razón de esta medida, y la que el expresidente le ha deslizado a sus cercanos, es que los embates al Grupo Tabasco han influido negativamente en el movimiento.
Entre los beneficiados de esta orden están, por supuesto, Andrés Manuel López Beltrán, quien efectivamente regresará a Tabasco, pero para operar desde ahí una estrategia electoral a nivel nacional, ahora con el apoyo y en mancuerna con Adán Augusto López. “Andy” se mantendrá en la Secretaría de Organización del partido y hará suyas todas las victorias que obtenga Morena, a contracorriente de Luisa María Alcalde, con quien, ya se sabe, no tiene buena relación.
De resultar ciertas las versiones que dan por buenas todas las corrientes radicales de Morena, se estaría cumpliendo la única petición que Adán Augusto puso sobre la mesa para aceptar la encomienda de López Obrador, en lugar de irse a Europa: abanderar a la senadora morenista Andrea Chávez para competir por Chihuahua, en detrimento de un candidato que en Palacio Nacional ya tenían muy trabajado: el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
Pero la entidad donde las cosas se pondrán más interesantes será sin duda Quintana Roo. Se sabe que allá la gobernadora Mara Lezama responde, más que a Morena, al Partido Verde de Jorge Emilio González y ellos tienen como proyecto de sucesión al senador Eugenio “Gino” Segura, pero parece que López Obrador ha ordenado que el abanderado de la alianza sea su íntimo amigo Rafael Marín.
Se augura para esa candidatura un fuerte conflicto entre el Verde y Morena que ponga en riesgo desde la alianza entre partidos hasta la aprobación de la reforma electoral de Sheinbaum, pasando también por una escalada de violencia en el estado del sureste.
Así que todo indica que el Grupo Tabasco no está muerto y buscar resurgir. O al menos ésta es la idea que quieren transmitir sus integrantes y, por los movimientos que se han visto dentro del partido en los últimos días, puede que sea realidad. El tema de fondo es la elección intermedia de 2027, la cual comienza en marzo de 2026 con la primera encuesta formal entre morenistas, para seguir en julio y luego en noviembre.
Posdata 1
La negociación de la reforma electoral volvió a trabarse, ahora por la línea dura que fijó Luisa María Alcalde. La dirigente de Morena rechazó el acuerdo que mantenía intactos a 200 diputados y 32 senadores plurinominales y empujó un recorte mayor al financiamiento de los partidos. El mensaje es que no habrá concesiones que suavicen el golpe ni arreglos a medias. Luisa María Alcalde es muy cercana a la presidenta Sheinbaum y es vista como su operadora de la implementación de la reforma electoral.
La postura detonó una reacción inmediata de los aliados. El PT y el Partido Verde se levantaron de la mesa y advirtieron que, sin cambios sustantivos, no habrá acuerdo. Para ambos, la eliminación o reducción drástica de plurinominales y el tijeretazo al dinero público no pueden imponerse sin una negociación política.
El choque exhibe las fisuras del bloque gobernante y anticipa un debate áspero en el Congreso. Morena apuesta a capitalizar el discurso de austeridad y representación y sus aliados marcan los límites para no poner en riesgo su supervivencia. La reforma, que se vendía como inevitable, entra a una fase de cabildeo acalorado.
Posdata 2
Los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que no existen operaciones conjuntas entre agencias de Estados Unidos y fuerzas mexicanas dentro del territorio nacional, y que no se han emitido nuevos permisos para agentes estadounidenses, salvo renovaciones por sustitución del personal que ya estaba acreditado, busca eliminar cualquier atisbo de duda sobre la postura de su gobierno en torno a una intervención militar.
La aclaración responde a versiones internacionales, como un reportaje del New York Times, que sugerían presiones de la administración Trump para realizar acciones bilaterales en México contra laboratorios de fentanilo, incluso con participación de fuerzas estadounidenses.
Sin embargo, el intercambio de información y los envíos de reos solicitados por Estados Unidos también han incluido acuerdos de operaciones conjuntas, aunque sea, por ahora, en el terreno de la inteligencia y las investigaciones.
También responde a comentarios del titular del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios de la Casa Blanca sobre que sus agencias han venido a México directamente por los criminales y que estén desplegando funciones activas en el país.
Posdata 3
La resolución antimonopolio que aceptó Gruma evita la desincorporación de activos, pero abre una grieta en un mercado que durante años operó con reglas escritas desde una sola trinchera. La autoridad puso el foco en las prácticas de exclusividad que amarraban a miles de tortillerías a un proveedor único, condicionando deuda, equipo y suministro de materia prima. Se busca desmontar un esquema que limitó la competencia efectiva en un insumo básico, donde el dominio regional de la empresa que fundó Don Roberto González Barrera –“El Maseco”– llegó a ser abrumador.
El fondo del asunto es si estas medidas permitirán que otros jugadores realmente compitan. Ahí aparece Minsa, el segundo actor relevante del sector, históricamente relegado por un mercado cerrado de facto. Si la apertura es genuina, empresas como Minsa deberían tener espacio para crecer participación, mejorar condiciones comerciales y ofrecer alternativas reales a tortilleros e industriales. De lo contrario, el acuerdo corre el riesgo de quedarse en un ajuste administrativa que no altere el equilibrio de poder en la industria.
La supervisión por una década será la prueba definitiva. Se va a evaluar el cumplimiento de Gruma y si la autoridad logra algo más complejo: que la competencia no se traduzca en un simple reacomodo entre las dos empresas dominantes. Minsa pertenece al grupo de Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, por lo que en este caso se debe ser doblemente cuidadosa. El éxito del acuerdo se medirá en los precios al productor y los precios finales al consumidor.
@MarioMal