Accendo y otras papas calientes para la CNBV

Mario Maldonado

Otra bomba de tiempo: Segalmex y su inversión en casa de bolsa de CI Banco

En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hay muchos asuntos pendientes por resolver, y parece que nadie se anima a atenderlos. El equipo que encabeza Juan Pablo Graf está nadando de muertito y apenas le entra a asuntos menores, como fijar multas pequeñas a empresas fintech o alertar a los usuarios de no utilizar servicios que no estén autorizados por el regulador, como los de Xifra.

La semana pasada hablamos del caso de Banco Accendo, cuyo propietario, Javier Reyes de la Campa, es investigado por malos manejos que tienen a la institución al borde de la quiebra. El personaje en cuestión enfrenta demandas de sus socios Enrique Vilatela y Moisés Cosío, mientras que el supuesto nuevo inversionista del grupo, la firma tapatía Toka, dedicada a los monederos electrónicos, también busca recuperar su inversión antes de que sea intervenida por las autoridades financieras.

Aquí hemos detallado que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Fiscalía General de la República investigan a Accendo y a su dueño por presuntos delitos de la Ley de Instituciones de Crédito y lavado de dinero relacionados con operaciones circulares de autopréstamos para simular índices de capitalización del banco, en un esquema similar al que desembocó en el Fobaproa.

Según las denuncias, Javier Reyes, junto con su hermano Luis Ricardo, armaron un supuesto entramado de empresas factureras con las que habrían saqueado el banco.

Se tiene documentado que Accendo celebró operaciones con Recursos Financieros Kerala, Dendra Servicios, Estagirita Del Sur, Servicios Grantt Level (empresa a la que en 2017 el SAT le revocó sus certificados de sello digital, imposibilitando emitir facturas), Axsony y Rokfelo, empresas identificadas por la autoridad como factureras y que se habrían usado para sacar dinero de la institución.

A mediados del año pasado se formalizó la liquidación de Accendo. Los accionistas disolvieron la sociedad, removieron al Consejo de Administración y se nombró a un liquidador, Arturo Rosas Barrientos. El tiempo juega en contra del banco y sus accionistas principales, pues en estos días podría ser finalmente intervenido por las autoridades.

Otra bomba de tiempo que tiene en sus manos la CNBV es la de los 800 millones de pesos que Segalmex, a cargo de Ignacio Ovalle, invirtió en la casa de bolsa de CI Banco a través de un intermediario que presuntamente garantizó el retorno de los recursos, el cual se identifica como Financiera Corafi, propiedad del empresario chiapaneco René Dávila de la Vega.

Además, de Corafi se tiene identificado a otro intermediario financiero cuya razón social, Estratégica Corporativa en Finanzas, pertenece a Grupo Escorfin, de Roberto Guzmán García, también con operaciones en el sureste del país.

Las investigaciones revelan que ambas firmas colocaron en los mercados alrededor de 10 mil millones de pesos de entes de gobierno, tesorerías estatales y universidades públicas, los cuales habrían desaparecido totalmente del sistema financiero.

El 21 de marzo pasado, Corafi y CI Banco se comprometieron ante el Notario Público 113 de la CDMX a reintegrar al sector público 770 millones de pesos en un esquema de abonos mensuales por alrededor de 100 millones de pesos, pero nada se sabe del pago.

Lo que sí se sabe es que tanto Dávila como Guzmán usaron los recursos de sus intermediarios para adquirir a menos de una quinta parte de su valor la Reserva Territorial del Estado de Yucatán, donde sólo han desarrollado un fraccionamiento denominado San Marcos. También compraron la compañía minera Telson –con operación en Guerrero y en Durango-; esta última nunca se ha podido explotar y ahora es propiedad de Trafigura y otros socios, bajo el nombre de Ataley. En este negocio está invertido Banco Accendo y su dueño Javier Reyes.

Hay muchas más historias que seguramente la CNBV tendrá a bien resolver, aún con Juan Pablo Graf a la cabeza del regulador.

Del Mazo, con Morena y sin PRI

Muy sintomático de cómo están las cosas en el Estado de México fue lo que sucedió el lunes durante el cuarto informe de Gobierno del gobernador Alfredo del Mazo.

Resulta que el priista estuvo muy bien acompañado de… morenistas e integrantes de la 4T. En la primera fila aparecieron ni más ni menos que la ‘delfina’ del presidente López Obrador, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Del presidente del PRI, Alejandro Moreno, ni sus luces. Tampoco del coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, ni de los senadores del PRI, Miguel Osorio Chong. Y mucho menos de otros integrantes de la alianza opositora.

Un buen guiño de Morena a Del Mazo hacia 2023. Por cierto, se asegura que quien será el gallo de Morena para esa elección es el líder del Grupo Texcoco, Higinio Martínez, a quien, sin embargo, se le ven muy pocas cualidades de candidato.
 

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