4T da 400 mdd a empresa relacionada con Odebrecht

Los contratistas de la refinería Dos Bocas son tan diversos como opacos y un grupo ligado a los escándalos de Odebrecht y Emilio Lozoya se coloca en la actual administración otra vez como favorita, con contratos que suman más de 400 millones de dólares.

Se trata de una red de empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Tapia , involucrado en la presunta entrega de dinero en efectivo a legisladores que aprobaron la reforma energética y con contratos de Pemex y Odebrecht, aunque se asegura que al presidente Andrés Manuel López Obrador le han escondido la información.

En esta columna dimos a conocer el primer contrato, con folio PTI-ID-S-007-2019, que el propietario de Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA) obtuvo en 2019 a través de la razón social Mexicana de Recipientes a Presión SA de CV para desarrollar el Paquete 6 de la obra en el municipio de Paraíso, Tabasco, por 78.4 millones de dólares.

Mexicana de Recipientes a Presión fue constituida el 22 de enero de 2007, 10 años después que la conocida CITAPIA. Según su acta constitutiva, el accionista principal es Juan Carlos Tapia , quien es acompañado por dos accionistas minoritarios: su hermano Gilberto Juan Tapia Vargas y otra persona de nombre Selene Martínez Abarca .

La presión por esconder el rastro de la familia Tapia debió haber sido mayúscula, por lo que el 18 de noviembre de 2020 decidieron cambiar el nombre de la compañía a Procesos Especializados y Proyectos SA de CV, una firma que se identifica actualmente como Proesa y que terminó por operar dicho contrato.

Proesa es además la propietaria del 80% de las acciones de la compañía Manufactura Especial y Proyectos Industriales (MEPI), Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, también subcontratada para participar en la construcción de la refinería. El resto de la compañía es propiedad de Procura y Proyectos Oil & Gas SA de CV.

Es común observar trabajadores con overol de MEPI en la zona de Dos Bocas, así como maquinaria y camiones que portan el logotipo de esa empresa que fue creada el 7 de diciembre de 2020 en Coatzacoalcos, Veracruz, y que hoy es proveedora recomendada de contratistas regulares como la trasnacional Samsung.

El responsable de entregar estos cientos de millones de dólares a las empresas de los Tapia es otra vez Leonardo Cornejo Serrano , encargado de la construcción de la Refinería Olmeca como subdirector de Proyectos Industriales de Pemex. En tiempos de Emilio Lozoya, este funcionario -a quien se le relaciona con una colección de vehículos de la marca Ferrari- fue quien operó con Odebrecht la incorporación de CITAPIA a la polémica reconfiguración de la refinería de Tula, Hidalgo.

La jefa de Cornejo Serrano es la secretaria de Energía, Rocío Nahle , responsable del proyecto de la refinería. Como diputada de Morena, el 11 de enero de 2017 Nahle presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la cancelación de todos los contratos otorgados a la brasileña Odebrecht, por las denuncias de corrupción en su contra y por estar involucrados servidores públicos.

El seis de marzo de 2018, Nahle encabezó una trifulca con mantas y gritos en la Cámara de Diputados, la cual se originó por otro Punto de Acuerdo en el que solicitaba a la Auditoría Superior de la Federación promover denuncias penales contra los funcionarios involucrados en la trama de corrupción encabezada y confesada por el director de la empresa brasileña, Luis Weyll.

Las cosas parecen haber regresado a su mismo cauce: el de la corrupción.

Posdata

Esta semana será definitoria para el futuro de la 4T. Por un lado, las marchas y manifestaciones por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa subirán a punto de ebullición la temperatura en Palacio Nacional, sobre todo luego de que se sumará la CNTE a los reclamos. El caso ha comenzado a revertírsele al presidente, quien había usado esa bandera como estandarte de lucha para llegar al gobierno. Las filtraciones, que han enfrentado al gobierno con la Fiscalía General de la República han complicado aún más las cosas. El fantasma de Ayotzinapa va a perseguir a López Obrador hasta los últimos días de su gobierno.

Y el otro tema explosivo es el de la reforma para extender el mando militar de la Guardia Nacional al 2028. Luego de que el presidente reconoció que la iniciativa priista fue más bien de su autoría, la oposición también subió el tono y ni piensan doblarse. A los senadores del PRI ya comenzaron a llegarles mensajes como a Alito en su momento: o cooperan o les esperan carpetas de investigación. Ellos sabes que más que un tema de seguridad es un asunto político-electoral. Si los doblan, Morena arrollará a la oposición en 2023 y 2024. Saben que son uno de los últimos diques antes de que la ola guinda se desborde y se convierta en invencible.

@MarioMal

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