4T ‘asfixiará’ al Poder Judicial con sueldos y fideicomisos

El plan para “asfixiar” presupuestalmente al Poder Judicial de la Federación (PJF) está en marcha. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclarar por qué los ministros y ministras supuestamente ganan más que el titular del Ejecutivo. Con esa solicitud se estrenó la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Es apenas el inicio de una guerra declarada a la SCJN por haber echado abajo el llamado Plan B de Reforma Electoral y la reforma que transfiere al Ejército el control de la Guardia Nacional; y también al Consejo de la Judicatura Federal, donde se aglutinan jueces y magistrados de todo el país. Ambos organismos son presididos por la ministra Norma Piña.

El punto de partida del gobierno federal y los legisladores de Morena para argumentar una reducción del presupuesto del PJF el próximo año son los altos salarios y privilegios de los ministros, jueces y magistrados. Para este 2023 se aprobó un presupuesto total de 78.5 mil millones de pesos. El “tijeretazo” para el 2024 se perfila más bien a ser un “machetazo”.

La Secretaría de Hacienda ya prepara una revisión a la gestión de la ministra Norma Piña al frente del CJF, la cual no difiere en materia presupuestaria o financiera a la de sus antecesores: se sigue cargando al gasto corriente prestaciones laborales y modernizaciones o ampliaciones de los organismos de impartición de justicia, mientras se acumula en los fideicomisos reservados para esos fines una bolsa de recursos que se acerca a los 21 mil millones de pesos.

En Palacio Nacional evalúan la forma de extinguir dichos fideicomisos de la misma manera que se hizo en 2020, mediante un decreto, con 109 fondos públicos que pasaron a manos de la Tesorería de la Federación.

Según la información, durante los primeros tres meses de gestión de Norma Piña como presidenta de la Corte, su administración logró sumar a sus fondos y fideicomisos 410 millones de pesos, más de lo que reservó en el último trimestre de 2022 el ministro Arturo Zaldívar, quien en ese periodo agregó a estas arcas especiales del Poder Judicial 381 millones de pesos.

La suma precisa con la que se cuenta actualmente en el “guardadito” del PJF, según los últimos reportes trimestrales, es de 20 mil 926 millones pesos, los cuales están depositados en dos fondos y 10 fideicomisos en los que los fideicomitentes son la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en los que fungen como fiduciarios Nacional Financiera y Banjercito.

Al inicio del gobierno de la 4T, la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, puso énfasis en el manejo de estos recursos, pues no se estaban usando para sus fines principales. El asunto no se hizo mayúsculo en aquel entonces porque la Contralora del Consejo de la Judicatura Federal, Arely Gómez González, logró desactivar el tema.

Los fideicomisos en cuestión son el “80687-Remanentes Presupuestales”; el “80688-Plan de Prestaciones Médicas”; el “80689-Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD´S y Otros Proyectos”; el “80690-Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo”; el “80691-Pensiones Complementarias para Mandos Superiores”; el “80692-Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados”; el “80693-Mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces”; el “80694-Apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el “80695-Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal”.

También están el Fideicomiso del "Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España", además del Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia o Fondo Jurica y el nutrido Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia; estos últimos muy importantes —al igual que el Fideicomiso 80695 enfocado a desarrollo de infraestructura— si se toma en cuenta que el modelo de justicia mexicano ha experimentado cambios sustanciales en la última década y se requería de una inversión suficiente para su implementación.

Los fondos y fideicomisos del Poder Judicial aparecen casi intactos en egresos cada trimestre, pero siguen acumulando aportaciones e intereses que construyen un botín muy difícil de esconder para los órganos de contraloría y sobre todo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está decidido a quitárselos y “asfixiar” así al Poder Judicial.

Posdata

Este martes la diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, exhibió en sus redes sociales un video en el que se ve departir en un restaurante de Polanco al auditor superior de la Federación, David Colmenares, con el coordinador de los Diputados de Morena, Ignacio Mier.

La reunión pública entre ambos no tendría mucho de escandaloso, salvo porque en unos días la ASF debe entregar a la Cámara de Diputados la primera entrega de la Cuenta Pública 2022, cuya fecha límite es el último día hábil de los meses de junio y octubre.

Asimismo, como lo hemos expuesto en esta columna anteriormente, hay una relación estrecha entre Ignacio Mier y David Colmenares, ambos ligados también al exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle. Este último contrató en Segalmex al hermano del titular de la ASF, mientras que Colmenares llevó a trabajar al órgano contralor al hermano del diputado poblano que aspira a gobernar su estado.

@MarioMal