El Gobierno federal ha puesto sobre la mesa tres instrumentos clave para el futuro económico del país. 1) El Plan México: una apuesta ambiciosa por transformar la estructura productiva, aprovechar el nearshoring y posicionar a México entre las 10 principales economías del mundo. 2) Los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027: delinean el marco macroeconómico y fiscal que harán viables —o no— las aspiraciones del Plan México. 3) Cambios a la política fiscal: una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y una propuesta de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIED). Los cambios propuestos buscan fortalecer la capacidad del Estado para planear, ejecutar y financiar proyectos de inversión estratégica, al tiempo que introducen mayor flexibilidad en la gestión del gasto público.
Leídos en conjunto, los dos primeros documentos revelan una tensión fundamental: el Plan México choca de frente contra los Pre-Criterios 2027.
Proyecciones optimistas de crecimiento pero a la vez insuficientes. Hacienda proyecta un crecimiento de entre 1.8% y 2.8% para 2026 y uno ligeramente mayor para 2027. Es un rango insuficiente para cambiar la posición de nuestro país en el mundo; es decir, para concretar las ambiciones del Plan México.
El problema no es menor porque al mismo tiempo se trata de un rango optimista si consideramos la trayectoria reciente de la economía mexicana. Para escalar hacia el grupo de las 10, México necesitaría crecer más rápido que Corea del Sur o Canadá. En el mejor de los casos, mantendrá su lugar actual. En el peor, podría rezagarse. Yo estimo que México debería crecer entre 3.5% y 4.5% para alcanzar esa meta.
La divergencia no termina en el crecimiento. Los Pre-Criterios 2027 proponen reducir el déficit ampliado de 4.1% en 2026 a 3.5% en 2027. Ello implica que el espacio para expandir el gasto en infraestructura, innovación o capital humano, será limitado en el mejor de los casos. El gran tema no abordado es la rigidez: cada vez una mayor proporción se destina al pago de obligaciones —costo financiero y pensiones— y cada vez menos a la inversión productiva, que puede contribuir a un mayor crecimiento económico.
La propuesta de reforma profundiza estas limitaciones. La proporción del erario sujeta a la regla del gasto corriente estructural baja de cerca del 42% a apenas 27%. Tendrá un mayor peso el gasto rígido o inercial en el total y esto dificultará los ajustes fiscales y debilitaría la función de la regla como ancla de disciplina fiscal.
¿Qué nos está diciendo el Gobierno? En el corto plazo, abre la puerta para aumentar transferencias —justo en 2027, un año electoral— sin que ese crecimiento esté respaldado por una economía más grande. En el mediano plazo, el riesgo es mayor y las finanzas públicas pueden volverse insostenibles. Simplemente, los ingresos tributarios difícilmente crecerán al mismo ritmo. El Gobierno debe corregir la ley para evitar que el incumplimiento se vuelva la regla.
Lo que se requiere para el desarrollo. El Plan México requiere impulsar la productividad e inversión, mientras que los Pre-Criterios acotan la capacidad del Estado para financiarlo. En consecuencia, la estrategia descansa, casi por completo, en la inversión pública financiada con recursos privados (es decir en la propuesta de la LFIED). Para que el sector privado responda se requieren proyectos robustos y pertinentes, técnicamente bien preparados, certidumbre regulatoria, un entorno de competencia, energía suficiente y asequible, y un Estado de derecho funcional. ¿Ya estamos ahí? El riesgo es claro. El Plan México puede quedar en una narrativa aspiracional, mientras que los Pre-Criterios y las reformas legales seguirán marcando el ritmo real de la economía pública. Ese ritmo, hoy por hoy, no alcanza para disputar un lugar entre las principales economías del mundo.
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