El debate sobre seguridad en México enfrenta una paradoja numérica. El 10 de febrero de 2026, el Gobierno federal informó una reducción del 42% en homicidios dolosos. Desde México Evalúa estimamos otra cifra: una disminución del 22%. La discrepancia central, sin embargo, no reside en el porcentaje, sino en qué estamos midiendo cuando hablamos de violencia letal.
No se trata de determinar cuál cifra es “correcta”. Se trata de entender qué captura cada una, cómo se construye y para qué se usa. Nuestra propuesta parte de una premisa sencilla pero exigente: contar, en la medida de lo posible, a todas las víctimas de violencia letal. Esto implica, además de la variación anual de homicidios dolosos a partir del universo de víctimas,integrar feminicidios, homicidios culposos, víctimas de otros delitos contra la vida y, sobre todo, personas desaparecidas y no localizadas. Porque si el diagnóstico es impreciso, la política pública también lo será.
El homicidio doloso: un termómetro incompleto
El homicidio doloso es la métrica tradicional para evaluar las políticas de seguridad pública, en México y en el mundo. Es el indicador que más se comunica, el que orienta decisiones políticas y el que influye en percepciones económicas y sociales. Pero en el caso de México es, en el mejor de los casos, un termómetro parcial.
Primero, por el desempeño institucional. La clasificación entre homicidio doloso y culposo depende de la calidad de la investigación ministerial. En contextos de fragilidad institucional, presiones políticas o saturación operativa, pueden ocurrir errores de clasificación, omisiones o reclasificaciones que desplacen hechos graves hacia categorías de menor visibilidad. Cuando el homicidio doloso se convierte en el eje del discurso oficial en materia de seguridad, se generan incentivos para su contención discursiva.
Segundo, por el comportamiento criminal. En diversas regiones del país, las desapariciones han funcionado como una estrategia de los grupos delictivos para evitar el registro inmediato de asesinatos, sembrar incertidumbre y consolidar control territorial. La coexistencia de conflictos armados entre organizaciones criminales, hallazgos de fosas clandestinas y aumentos en desapariciones sugiere que parte de la violencia letal puede estar desplazándose hacia categorías menos visibles en las estadísticas tradicionales. En este contexto, una disminución de homicidios dolosos no equivale automáticamente a una reducción proporcional de la letalidad.
Dos metodologías, dos alcances
Las diferencias entre la medición oficial y la de México Evalúa responden a cuatro decisiones metodológicas.
La primera es conceptual. La medición oficial se concentra exclusivamente en el homicidio doloso. Nuestra propuesta articula cinco rubros: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida, y personas desaparecidas o no localizadas. Cada componente aporta una lectura específica. El homicidio doloso captura la violencia intencional directa; el feminicidio incorpora la perspectiva de género; el homicidio culposo puede alertar sobre posibles errores de clasificación; otros delitos contra la vida permite identificar distorsiones estadísticas; y desapariciones visibiliza mecanismos de ocultamiento asociados al crimen organizado.
La segunda diferencia es temporal. El análisis oficial parte del inicio del sexenio en septiembre de 2024. Sin perspectiva histórica, resulta imposible distinguir entre un cambio estructural y una fluctuación coyuntural. Al ampliar la mirada, encontramos que, aunque en 2025 la violencia letal se redujo 8.6%, en la última década acumuló un aumento de 68.2%. Esto no constituye una pacificación sostenida, sino una contención —relevante— después de una escalada prolongada.
La tercera diferencia está en el método de comparación. El gobierno compara promedios diarios en dos puntos del tiempo —por ejemplo el de septiembre de 2024 contra el de enero de 2026— sin considerar el comportamiento intermedio. Esta técnica invisibiliza picos relevantes de violencia letal, como los que suelen registrarse tras la captura de líderes criminales o en episodios de disputa territorial. La violencia no es lineal, es volátil. Medir sólo los extremos de la serie suaviza en extremo el fenómeno real y ofrece una lectura hasta parcial de su trayectoria completa. Como ejemplo, las víctimas de violencia letal a consecuencia de los actos violentos ocurridos tras la caída de “El Mencho”, el 22 de febrero, no serán incluidas en las medición de homicidios dolosos cuando el gobierno calcule la variación de la violencia letal a marzo de 2026.
La cuarta diferencia es la fuente de datos. La medición oficial utiliza exclusivamente las víctimas registradas en carpetas de investigación reportadas por las fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Si bien esta fuente ofrece oportunidad mensual, depende de capacidades institucionales y criterios de clasificación jurídica que no son homogéneos en el país.
Las señales de alerta: desapariciones y otros delitos contra la vida
El análisis de otros delitos en la última década revela patrones que sugieren que la violencia letal está repartida en varios tipos de delitos. Mientras los homicidios dolosos crecieron un 30% entre 2015 y 2025, los registros de personas desaparecidas aumentaron un 213%, al pasar de 4 mil 114 a 12 mil 872 casos, lo que confirma una trayectoria de crecimiento persistente que desde 2018 acumula 88%. Aunque disminuyeron durante 2025, el país se mantiene con una cifra alta de desapariciones y en algunos estados incrementaron.
En 2025, los incrementos más pronunciados se concentraron en entidades con alta violencia criminal. Baja California Sur es el caso más atípico: su tasa aumentó 164% respecto a 2024, supera en 124% la de 2018 y es 666% mayor que la de 2015. En Sinaloa, la tasa creció un 30% en el último año. Actualmente, es 80% más alta que en 2018 y 150% superior a la de 2015.
Coincidimos con las autoridades en que el registro de personas desaparecidas tiene imprecisiones, por ello celebramos que ya estén trabajando en su mejora. Sin embargo, pensamos que los datos son útiles para identificar patrones y tendencias. Por ejemplo, los estados con las tasas más altas tienen problemas severos de crimen organizado y fosas clandestinas, como Sinaloa.
Algo similar ocurre con la categoría de otros delitos contra la vida. Lo que en principio debería ser un rubro de baja frecuencia y relativa estabilidad se ha quintuplicado en una década: de 3 mil 692 casos en 2015, a 17 mil 288 en 2025, esto representa un aumento del 368%. Desde 2018 es de 114% y de 5.8% en el último año.
Medir mejor para gobernar mejor
La propuesta de México Evalúa no busca sustituir la métrica tradicional ni descalificar avances. Busca ampliar el lente. Un diagnóstico integral permite tres cosas fundamentales. Primero, focalizar territorialmente. No todos los estados viven la misma dinámica. Hay territorios con contenciones parciales y otros con escaladas persistentes. Las respuestas deben diferenciarse. Segundo, distinguir coyuntura de estructura. Una reducción anual puede ser una ventana de oportunidad, pero no necesariamente un cambio de régimen en la violencia. Tercero, reducir sesgos de medición. Cuando sólo observamos un indicador, corremos el riesgo de interpretar desplazamientos estadísticos como mejoras sustantivas.
La oportunidad detrás de la reducción
La reducción reciente de homicidios dolosos es una oportunidad valiosa. Para aprovecharla es necesario consolidar capacidades institucionales, mejorar la calidad de la información y fortalecer estrategias territoriales de seguridad. Pacificar no es solo bajar una cifra. Es sostener en el tiempo una disminución consistente de todas las expresiones de violencia letal. El problema no es el dato, sino el contexto. Durante décadas hemos construido políticas sobre diagnósticos parciales. Hoy tenemos la oportunidad de sofisticar la medición y, con ello, mejorar la política pública.
La violencia en México no es irracional ni inexplicable. Tiene patrones, incentivos y lógicas territoriales identificables. Medirla en toda su complejidad es una condición para construir una paz duradera.
Directora general de México Evalúa. @mariana_c_v