Durante los años noventa, América Latina adoptó un conjunto de reformas económicas conocidas como el Consenso de Washington. Eran una respuesta a la “década perdida” de los ochenta, marcada por hiperinflación, crisis de deuda y empobrecimiento generalizado. México fue uno de los países que abrazó estas reformas con mayor convicción: apertura comercial, disciplina fiscal, fortalecimiento de instituciones económicas y, la autonomía del banco central. Durante años, los resultados parecieron confirmar que el rumbo era el correcto. La inflación disminuyó, el crecimiento repuntó y se instaló el optimismo.
Con el tiempo, sin embargo, quedó claro que en gran parte de la región dichas reformas fueron incompletas. Persistieron gobiernos ineficientes, mercados distorsionados, sistemas judiciales débiles y una corrupción generalizada que erosionó el Estado de derecho. En muchos países, el control del déficit nunca llegó a ser plenamente creíble. América Latina avanzó… pero con reformas fracturadas. Varios de estos puntos fueron analizados en el libro del economista Sebastián Edwards, publicado en 2012, Left Behind: Latin America and the False Promise of Populism (cuyo título puede traducirse como: “Rezagados: América Latina y la falsa promesa del populismo”).
México ha sido, durante un largo periodo, una excepción parcial. En relativamente poco tiempo logró disciplina fiscal sostenida, apertura comercial anclada en tratados —el más relevante fue el TLC; ahora T-MEC— y un banco central autónomo que fue ganando credibilidad hasta ser uno de los más efectivos en la región y en el mundo. Tras la crisis de 1995, el país construyó uno de los arreglos macroeconómicos más sólidos de la región con un tipo de cambio flexible al que hasta hoy nadie le reclama ni un pelo. El control de la inflación y del déficit nos permitió recuperar la confianza de los mercados y alcanzar el grado de inversión en el año 2000. No fue menor: apenas dos décadas antes, México había declarado la moratoria de su deuda.
Señales cada vez más claras de deterioro
Hoy, sin embargo, ese legado institucional muestra señales de desgaste. En los últimos años se ha observado un deterioro, de instituciones económicas exitosas que nos debe ocupar, en tres pilares fundamentales: la disciplina fiscal, la credibilidad del banco central y el marco comercial del T-MEC. En este texto me concentraré en los dos primeros.
Desde 2020, el déficit público no ha logrado situarse por debajo del 4% del producto interno bruto (PIB), a pesar de las promesas formuladas durante la aprobación de los sucesivos Paquetes Económicos y de los recortes sistemáticos en diversos rubros del gasto. En 2024, año electoral, el déficit rozó el 6% del PIB, lo que evidenció que la disciplina fiscal cedió ante consideraciones políticas. Este escenario se ha visto agravado por un entorno de bajo crecimiento, que se profundizó en 2025, limitando la recaudación y aumentando el peso relativo de la deuda sobre una economía estancada.
Las proyecciones para 2025 confirman la magnitud del desafío aun bajo escenarios optimistas; es decir, incluso si el déficit ampliado se ubica exactamente en la meta esperada para 2025. El crecimiento económico resultará menor al esperado por el Gobierno— y diversos analistas ya anticipan un crecimiento en 2025 prácticamente nulo—, la presión del endeudamiento será mayor simplemente porque el denominador, el PIB, crece menos. La analogía es clara: cuando el ingreso se estanca, las deudas pesan más.
Desde México Evalúa hemos estimado que ni siquiera cumpliendo el Gobierno estrictamente sus metas fiscales, dejará de aumentar el endeudamiento anual. Éste será de 4.4% del PIB frente al 3.9% que se esperaba cuando se aprobó el Paquete Económico 2025. En escenarios más adversos, el déficit podría superar la meta establecida y llegar a niveles cercanos al 5% del PIB y la deuda superar el 53% del PIB. No se trata de cifras alarmistas, sino de trayectorias que pueden seguir generando dudas razonables sobre el deterioro en la credibilidad fiscal.
La pérdida de credibilidad de Banxico
Es en este contexto donde emerge un debate delicado sobre la política monetaria. En 2025 comenzaron a circular comentarios en redes sociales y distintas notas de prensa que cuestionan si el Banco de México (Banxico) ha mantenido una postura monetaria más gradual de lo deseable para no encarecer aún más el servicio de la deuda pública. No hay evidencia de subordinación ni interferencia directa; sin embargo, el deterioro fiscal empieza a contaminar la percepción de la política monetaria.
Votaciones divididas, un tono de comunicación más prudente y un entorno fiscal claramente frágil bastan para alimentar la narrativa de lo que se conoce como dominancia fiscal. Es decir, la idea de que el banco central podría estar internalizando el costo fiscal de subir la tasa de interés. El debate no afirma que Banxico haya perdido su autonomía, pero sí que su credibilidad ya no es incuestionable o que se está arriesgando. Y en política monetaria, la credibilidad es un activo que se erosiona por acumulación de dudas, no por rupturas abruptas.
El riesgo es claro. Una economía con bajo crecimiento y alto endeudamiento coloca al banco central en una zona gris. Cualquier señal de gradualismo monetario se interpreta políticamente. El costo reputacional ocurre incluso si las decisiones están técnicamente justificadas.
Evitemos un error histórico
Es momento de actuar con responsabilidad y no minimizar los avances logrados en las últimas décadas. Las reformas económicas no resolvieron todos los problemas del país, pero sí nos dieron estabilidad, acceso al financiamiento y tasas de interés relativamente bajas para hogares y empresas. Perder ese ancla sería un error histórico.
Sin una estrategia de crecimiento contundente, que desincentive la informalidad, que priorice aumentos en la productividad en todas las regiones del país y una senda fiscal creíble, el peso de la deuda se convertirá en una losa que hipoteque el futuro, ponga en tensión al banco central y eventualmente arriesgue el grado de inversión. La historia mexicana ya mostró que perder la calificación crediticia es fácil; recuperarla puede tomar décadas.