México arrancó 2026 con una economía inerte. Más allá de ser un dato técnico, este estancamiento representa una renuncia al futuro. En el debate público, el crecimiento económico suele tratarse como una variable secundaria, casi estética, subordinada a narrativas políticas o a disputas ideológicas. Esto es un error de consecuencias profundas. El crecimiento no es un lujo ni una obsesión tecnocrática; como bien señalaba Paul Krugman, “es la condición que permite que las sociedades amplíen oportunidades sin dividirse”. Sin él, todo pacto social se resquebraja.
Sin crecimiento sostenido, no hay política social que alcance, ni soberanía económica que trascienda. Un país aún joven que crece por debajo de 1% anual no puede generar empleos formales suficientes, ni financiar adecuadamente seguridad, educación o infraestructura. Es la condición material mínima para sostener el pacto social. Y México lleva demasiado tiempo sin crecer lo suficiente.
Un crecimiento prácticamente en cero
Según cifras del INEGI, entre 2019 y 2025 la economía mexicana registró un desempeño extraordinariamente débil, incluso en comparación con los países de la región de América Latina. La tasa promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en ese periodo fue inferior al 1%. Para 2025, diversos organismos y analistas estiman que la debilidad se afianzó: el crecimiento cerró prácticamente en cero, tras una clara desaceleración a lo largo del año.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por ejemplo, proyecta que México crecerá apenas un 0.4% en 2025, una de las tasas más bajas y muy por debajo del 2.4% previsto para toda la región. Esto se debe al debilitamiento de la demanda interna, por un menor flujo de remesas y la caída del consumo privado y la inversión.
Para muchos, esta trayectoria se explica en realidad por la pérdida de confianza acumulada, con decisiones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, un entorno cada vez menos favorable para la inversión privada, las reformas constitucionales de 2024 y la incertidumbre por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) —sobre todo, en un contexto donde su cumplimiento se ha debilitado del lado de México y Estados Unidos, como lo ilustran los recientes programas arancelarios impuestos por el gobierno estadounidense—. Todo esto importa y tiene efectos reales sobre la inversión.
Sin embargo, reducir el problema del crecimiento mexicano a los últimos años sería incorrecto. México crece poco desde hace décadas. Entre mediados de los noventa y 2018, el crecimiento promedio rondó el 2% anual. Aunque la tasa era mayor, también era insuficiente para absorber a la población en edad de trabajar y muy por debajo de economías comparables. Lo ocurrido recientemente no creó el problema; lo profundizó.
Productividad e informalidad: el corazón del estancamiento
El núcleo del bajo crecimiento mexicano es la baja productividad agregada. Durante más de dos décadas, la productividad total prácticamente no ha aumentado. La economía mexicana trabaja mucho, pero no produce mejor.
Esta debilidad está estrechamente ligada a la informalidad laboral, que afecta a alrededor del 55% de los trabajadores. La informalidad no es sólo un problema social; es un desafío económico profundo porque reduce la inversión, limita la adopción tecnológica, frena el acceso al financiamiento y debilita la recaudación. El resultado es un círculo vicioso de bajos salarios, baja inversión y bajo crecimiento.
Los dos Méxicos, una economía partida en dos
Hace más de una década, el McKinsey Global Institute formuló con claridad este diagnóstico: “México no es una sola economía, sino al menos dos”.
Existe un México productivo, integrado a cadenas globales de valor, con uso intensivo de capital, tecnología y empleo formal. Y existe un México improductivo, dominado por unidades económicas pequeñas, baja capitalización, alta informalidad y productividad estancada.
El problema no es que coexistan, sino que el segundo sigue siendo mayoritario y actúa como un lastre para el crecimiento agregado.
La evidencia subnacional confirma esta fractura. Estados como Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes muestran el perfil de economías pujantes. Según el INEGI, el PIB de Nuevo León representó el 8.1% del total nacional en 2024 y fue el mayor contribuyente al Valor Agregado Bruto (VAB) de las actividades manufactureras e industriales, con el 10.5% del país. En el segundo trimestre de 2025, su actividad económica total creció 3.2% anual.
En contraste, entidades como Chiapas, Oaxaca o Guerrero presentan trayectorias de estancamiento. En ese mismo trimestre, Oaxaca registró una contracción anual del 2.7%. Sus actividades secundarias cayeron 5.1% y el sector servicios 1.7%, ubicándose en el último lugar nacional.
En ese periodo, la actividad económica de la región norte del país (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) representó 28.3 % del total del país y sumó 0.17 puntos porcentuales a la variación del PIB nacional. La región sur-sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), en cambio, restó 0.74 puntos.
El promedio nacional oculta estas realidades. Mientras algunas regiones se comportan como economías emergentes competitivas, otras permanecen atrapadas en un equilibrio de baja productividad y bajos ingresos. Esa divergencia territorial explica buena parte del estancamiento del país.
El crecimiento económico en el centro de la agenda
La economía no se destraba desde el promedio, ni con una visión centralista de política pública. No se puede diseñar una estrategia de crecimiento eficaz desde indicadores agregados. El crecimiento en México es un fenómeno profundamente territorial. Los cuellos de botella no son los mismos en todos los estados, y persistir en políticas uniformes es una receta para la ineficacia.
Cerrar la brecha entre los dos Méxicos exige políticas diferenciadas. Los estados productivos e integrados a cadenas globales de comercio, como Nuevo León o Querétaro, necesitan evitar cuellos de botella en infraestructura energética y logística, capital humano especializado y certidumbre regulatoria. Posiblemente, la prioridad ahí no es la informalidad, sino sostener motores que ya funcionan.
Los estados en transición, como Guanajuato o Jalisco, ya tienen empresas muy productivas pero mantienen otras que siguen en el círculo vicioso de informalidad y baja productividad. Por eso requieren políticas para elevar la productividad de las pymes, facilitar la formalización y conectar proveedores locales con cadenas de valor, y posiblemente más participación en el TMEC. Guanajuato, por ejemplo, muestra el potencial de esta vía, con un crecimiento anual del 4.5% y trimestral del 2.9% al segundo trimestre de 2025, respaldado por una sólida base industrial que contribuye con el 5.5% al VAB nacional de actividades secundarias.
Y los estados más rezagados, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, enfrentan retos estructurales de otra naturaleza: informalidad extrema —como se refleja en el crecimiento del 6.4% del sector informal en Chiapas al segundo trimestre de 2025—, baja capacidad institucional y débil conectividad. Requieren antes que nada inversiones sostenidas en capacidades básicas del Estado, educación, seguridad jurídica e infraestructura. No habrá crecimiento sostenible posible sin que logren un mínimo de capacidad para participar en cadenas de valor y atraer inversiones.
Ignorar la relevancia del crecimiento económico es una forma de renunciar al futuro.
México necesita colocar el crecimiento en el centro de la agenda pública, no como consigna, sino como objetivo de Estado. Esto implica reconstruir certidumbre y calibrar las reformas constitucionales que erosionaron la confianza y el rol del Estado en la economía. Elevar la productividad también requiere construir instrumentos de coordinación efectiva entre el sector privado y los gobiernos, y reducir los costos de la formalidad frente a la informalidad. Sobre todo, se necesita entender que el crecimiento nacional será la suma de crecimientos regionales, o no será.