El primer balance anual de la administración federal en materia de finanzas públicas deja una lectura ambivalente. Hubo avances relevantes, pero también desviaciones que no pueden minimizarse. El esfuerzo institucional por ordenar las cuentas se topó con una realidad económica adversa, tanto externa como interna, que terminó por limitar sus resultados.
En el frente externo, la incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos —alimentada por la política arancelaria de ese país y por la inminente revisión del T-MEC— pesó sobre las decisiones de inversión. En el ámbito interno, los cambios en las reglas del juego generaron dudas sobre los beneficios y riesgos asociados a invertir en México. El resultado fue una caída en la inversión y un crecimiento económico claramente inferior al previsto en 2025.
Así, el cierre fiscal del año muestra una mejora en los principales indicadores respecto a 2024, pero también un incumplimiento frente a las metas que el propio Gobierno federal se había trazado para 2025. La pregunta central es si es posible seguir avanzando la consolidación fiscal durante 2026 y si un avance parcial en este respecto será suficiente para preservar la credibilidad de la política hacendaria, considerando que ya se trata del quinto año consecutivo en el que no se cumple la meta del déficit ampliado.
Los avances que sí cuentan
El déficit público cerró 2025 en 4.8% del producto interno bruto (PIB), por debajo del 5.7% registrado en 2024. No es un logro menor. Especialmente si se considera que el crecimiento económico fue de apenas 0.7%, muy por debajo del 2.5% esperado. Un crecimiento menor implica un denominador más pequeño y, por tanto, el monto de endeudamiento ejerce mayor presión sobre una economía que resultó más pequeña que la expectativa.
La reducción del déficit en 2025 fue posible gracias a un mejor desempeño tanto de los ingresos como del gasto del sector público en comparación con el año previo. Excluyendo las transferencias a Pemex, los ingresos crecieron 2.5% real anual, mientras que el gasto aumentó apenas 0.9%. Sin embargo, visto en perspectiva histórica, el nivel de déficit sigue siendo elevado: superior al promedio observado en los últimos 35 años.
…pero también hay pendientes
El principal punto débil fue el incumplimiento de las metas fiscales, además de que el Gobierno claramente debe plantear metas más realistas. Sólo se logró avanzar cerca del 50% de la consolidación programada: el déficit fue menor al de 2024, pero se mantuvo por encima de la meta de 3.9% del PIB. Por el lado de los ingresos, el sector público quedó 1% por debajo de lo previsto. En el gasto, la divergencia fue aún mayor: el cierre superó en 3.1% el calendario aprobado. Estas desviaciones reflejan que la inercia tiene un peso relevante, pues limita los esfuerzos de la consolidación fiscal.
Los puntos de inflexión
Dos factores explican buena parte del incumplimiento: el menor crecimiento económico y la situación financiera de Pemex. Ambos seguirán siendo desafíos centrales en 2026.
Por primera vez, la relación financiera entre el Gobierno federal y la empresa productiva del Estado cerró el año con un saldo netamente deficitario para la Federación. Pemex aportó 240 mil millones de pesos por renta petrolera, pero recibió transferencias por 396 mil millones, lo que implicó una pérdida neta de 156 mil millones para el erario. Para materializar este apoyo, la Secretaría de Energía incurrió en un sobreejercicio presupuestal que presionó significativamente el gasto público.
Hacia una agenda distinta
El impulso al crecimiento debe colocarse en el centro de la agenda. Más allá de su impacto positivo en variables como el empleo, es una de las pocas vías sostenibles para darle oxígeno a las finanzas públicas.
En este terreno, el Gobierno sí tiene margen de acción: definir reglas claras, estables y predecibles que siembren confianza y detonen oportunidades reales de negocio. En esta ruta, el sector exportador —que sigue sólido y ha salido bastante ileso de las políticas arancelarias del gobierno estadounidense— ofrece una luz al final del túnel que debe aprovecharse. Ello requiere un cambio de visión y una estrategia impecable: pasar de una lógica centralista a una mirada regional, abandonar la idea de que el Estado puede hacerlo todo por sí solo y convocar a la sociedad a la co-construcción de soluciones.
Las transferencias a Pemex cumplen ya una década y, lejos de estabilizarse, han crecido en magnitud y en presión fiscal. Romper esta inercia exige cambios profundos —de grado y de dirección— tanto en la empresa como en la política energética. Al mismo tiempo, la consolidación fiscal no puede seguir descansando en el sacrificio de la inversión pública, un componente clave para el desarrollo futuro y un detonante indispensable de la inversión privada. Será necesario eliminar proyectos y programas ociosos, que consumen recursos sin una rentabilidad social clara para dirigirlos a la inversión productiva. Seguir reduciendo la inversión pública, agravará el problema del crecimiento económico.
Identificar sectores y regiones con potencial de crecimiento, reconocer las barreras que frenan la inversión y trabajar activamente para removerlas es hoy una condición indispensable. Sin crecimiento, la consolidación fiscal será siempre frágil. Con crecimiento, puede convertirse en una estrategia creíble y sostenible.
Directora general de México Evalúa