Por la ola de calor tristemente han fallecido al menos 40 personas y cientos de personas han tenido que ser atendidas en los hospitales. Esta situación fue minimizada por el presidente diciendo que “una opción para combatir el calor es que la gente trabaje más temprano”. Como si escoger trabajar temprano y descansar a partir de las 11 de la mañana fuera una alternativa para los mexicanos de a pie.

Pero el país no solo arde por las altas temperaturas, sino por la ola de violencias en la que estamos inmersos. Estas violencias al igual que el calor, se dispararon en este junio. Se han acumulado casos de personas migrando por miedo y otras asesinadas; al igual que casos escandalosos de políticos que amenazan, encarcelan y extorsionan.

Por ejemplo, en Apatzingán, Michoacán, alrededor de 100 familias pobres abandonaron sus comunidades, para huir de los grupos criminales que se disputan la zona. No es para menos, las imágenes difundidas por el Ejército sobre la explosión de una mina antipersonas puesta por el CJNG, causan terror. La mina explotó al pisarla dejando como saldo varios soldados gravemente heridos y la camioneta completamente carbonizada. Esta es solo una muestra de lo que sucede en un municipio que en la práctica vive una guerra.

Y en Quintana Roo, en lo que va del mes al menos 45 personas han sido asesinadas. Entre ellas el viernes 9 un extranjero murió y su pareja quedó gravemente herida cuando un comando armado los atacó. El lunes 12, una niña de 10 años fue asesinada frente a su madre. Mientras que el día 20 dos canadienses fueron asesinadas en un hotel. Sin importar si son turistas o lugareños los criminales se han adueñado del estado.

Pero las redes de criminales no solo ocupan las calles, también han infiltrado a las instituciones. Empresarios gasolineros de seis estados denunciaron públicamente una amplia red oficial de “derecho de piso” orquestada, presuntamente, por funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la que se sumarían entre 2 mil 300 y 2 mil 500 millones de pesos en estafas.

Por si la violencia en las calles y en las instituciones no fuera suficiente, además tenemos violencia política. No me refiero al pleito entre las “corcholatas” que por debajo de la mesa están sacando los trapitos del adversario, sino al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, que sigue con sus ataques en contra de todo el que piense distinto. Esta semana en una clara amenaza al poder judicial llevó a cabo la aprehensión de la jueza Angélica Sánchez; el juez de control declaró como privada la audiencia, como pretexto, para no permitir que el Alto Comisionado de la ONU la presenciara. Este gobernador acumula una docena de arrestos irregulares en contra de políticos. En esto tira el tiempo, en lugar de encarcelar a los criminales que tan solo en lo que va del mes han asesinado a 47 personas y cometido más de 8 atrocidades.

Estos hechos son un botón de muestra de lo que sucede en el país. La investigación realizada por AC Consultores y dada a conocer por este diario es alarmante porque afirma que la presencia del crimen organizado (en sus diversas escalas) ocupa el 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial. Esto si es para que nos de un golpe, no de calor, de horror.

Los ciudadanos esperamos que el dios de la lluvia se compadezca de nosotros y las altas temperaturas pronto cedan, porque los criminales no cederán y de las autoridades, tan entretenidas en el show entre el “destapador” y las “corcholatas”, seguirán sin hacer nada. (Colaboró Irais Arenas)

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