La semana pasada, un policía municipal en Oluta, Veracruz, fue asesinado mientras se dirigía a su turno. Iba en motocicleta rumbo a la comandancia cuando fue interceptado y lo asesinaron. No estaba en un enfrentamiento, no estaba en un operativo, iba a trabajar. Esa escena —un policía asesinado antes siquiera de iniciar su jornada— resume la precariedad en la que operan miles de elementos en México.
En el país exigimos seguridad, pero decidimos ignorar las condiciones en las que trabajan quienes tendrían que garantizarla. El policía estatal o municipal es, en la mayoría de los casos, un trabajador precarizado al que el Estado le exige enfrentar la violencia más extrema sin ofrecerle lo mínimo para hacerlo con dignidad.
No es un problema de vocación, es un problema de incentivos. ¿Qué incentivo tiene un policía para hacer bien su trabajo cuando sabe que no está protegido por su institución ni respaldado por la sociedad a la que sirve? Cuando no recibe capacitación suficiente, no tiene certeza laboral y sabe que, si lo matan, su familia quedará desamparada.
Esa precariedad no es casual, es el resultado de decisiones acumuladas (https://acortar.link/0rUfJC). Durante años, México ha abandonado la construcción de un modelo policial. Lo que existe es un sistema fragmentado, desigual y sin conducción. La llamada “coordinación nacional” es, en los hechos, una ficción.
El debilitamiento también se refleja en el presupuesto. En 2021 se eliminó el Fortaseg, el principal fondo para policías municipales, y el esquema que lo sustituyó concentra apenas una fracción de sus recursos. Mientras tanto, el gasto en Fuerzas Armadas se multiplica. El mensaje de Morena es claro, en lugar de fortalecer a las policías civiles, se optó por desplazarlas.
Los datos confirman el abandono. Ni siquiera sabemos cuántos policías hay en el país. La información sobre el estado de fuerza es incompleta o reservada. Aun así, lo disponible muestra una caída en el número de policías municipales.
A esto se suma la ausencia de carrera policial. En la mayoría de las corporaciones no hay reglas claras para aspirar a servicios profesionales consolidados. Sin carrera no hay incentivos para permanecer, capacitarse ni construir instituciones con futuro. Lo que hay es discrecionalidad y simulación.
Las condiciones laborales completan el cuadro. Más de la mitad de los policías municipales gana menos de lo recomendado, muchos no tienen seguridad social y enfrentan jornadas extenuantes. Las prestaciones son mínimas y el equipamiento insuficiente; hay policías que trabajan sin chaleco antibalas, sin armas o sin instalaciones dignas.
En estas condiciones, el Estado les exige enfrentar a organizaciones criminales cada vez más violentas. El resultado es predecible, un sistema frágil e injusto. Y, en el extremo más grave, más de 530 agentes han sido asesinados tan solo en lo que va del actual sexenio; sin una sola muestra de la Presidenta por mejorar sus condiciones laborales.
Frente a esto, la militarización se presenta como solución. No lo es. Evade el problema de fondo, sustituye en lugar de fortalecer y debilita aún más a las instituciones civiles.
La precariedad de las instituciones policiales ha provocado una fractura con la población a la que sirven. Sin embargo, solo se podría corregir con instituciones que formen, supervisen, protejan y dignifiquen a sus elementos, pero la actual administración no muestra el mínimo interés en hacerlo.
Un país que no cuida a sus policías difícilmente puede aspirar a que ellos cuiden a sus ciudadanos.
La precariedad policial no es un accidente, es una política pública. Y mientras no se corrija, la violencia no solo continuará, se seguirá administrando.
Presidenta de Causa en Común