El Programa Sectorial de Seguridad, publicado apenas a finales de diciembre, no solo exhibe una estrategia fallida, sino que deja al descubierto algo más profundo: expone la pobreza intelectual de un gobierno que, después de siete años en el poder, ya no tiene ideas ni rumbo. Lo que presenta no es un plan para recuperar la seguridad, sino un intento por administrar la crisis que se les vino encima tras haber permitido, el sexenio pasado, que el crimen organizado se incrustara en el Estado.
Durante seis años se negó la realidad; se repitió que la violencia era una herencia del pasado, que el crimen estaba contenido y que bastaba con “atender las causas”. Esa negación tuvo consecuencias concretas, mientras el discurso tranquilizaba a la gente, los cárteles avanzaron. No solo capturaron policías municipales o fiscalías locales, como señala la narrativa complaciente del problema, sino que penetraron estructuras estatales completas, sistemas penitenciarios, áreas de seguridad y, en varios casos, entornos políticos al más alto nivel. Hoy, en amplias regiones del país, el Estado no enfrenta al crimen organizado: coexiste con él, lo tolera o lo gestiona.
Ese es el contexto real en el que se presenta el nuevo programa. Sin embargo, el documento elude el núcleo del problema. Habla de coordinación, de inteligencia, de prevención social, pero evita nombrar lo esencial, la captura criminal del poder público. El crimen aparece descrito como un actor externo que presiona al Estado, no como una fuerza que se incrustó en él con la complacencia, por acción u omisión, de los gobiernos.
El programa promete más inteligencia, pero no explica cómo se controlará su uso ni qué contrapesos democráticos existirán para evitar abusos. Insiste en la prevención social, pero sin vincularla con diagnósticos territoriales claros ni con evidencia que demuestre su impacto real en la reducción de la violencia. Reconoce la importancia de las policías locales, pero no propone una reforma profunda ni mecanismos efectivos de profesionalización, depuración y rendición de cuentas. En ese vacío, la militarización se consolida como solución permanente, no porque funcione, sino porque sustituye la ausencia de una estrategia civil viable.
Las fiscalías, por su parte, apenas aparecen. En un país donde la impunidad supera el 95 por ciento, la procuración de justicia sigue siendo el eslabón más débil y el menos intervenido. Sin investigaciones sólidas, sin sanción y sin consecuencias, cualquier política de seguridad está condenada a la repetición de la violencia.
Nada de esto es casual, la pobreza intelectual no es un descuido, sino una forma de gobierno. Se manifiesta en documentos que evitan la autocrítica, que rehúyen al diálogo y que sustituyen el pensamiento estratégico por fórmulas discursivas. En seguridad, como en otros ámbitos, el resultado es el mismo, políticas públicas que no buscan transformar la realidad, sino hacerla administrable.
El nuevo programa no fija una ruptura, ni siquiera una corrección. Es un fiasco porque es el resultado de un poder que renunció a nombrar y enfrentar la captura de gobiernos municipales y estatales; y de personajes políticos que permitieron que ese control por parte del crimen organizado creciera y se fortaleciera durante años. Mientras no se asuma esa realidad y se decida desmontarla, cualquier estrategia será un ejercicio de simulación.
El gobierno perdió la capacidad de pensar con rigor y la violencia dejó de ser una emergencia para convertirse en paisaje. Eso es exactamente lo que este programa confirma: la renuncia intelectual del Estado frente a la violencia que permitió crecer. (Colaboró Asael Nuche).
Presidenta de Causa en Común