Las crisis de violencias han alcanzado niveles alarmantes sin que el gobierno sea capaz de contenerlas. Este vacío está siendo llenado por figuras de la Iglesia Católica, como obispos y sacerdotes, quienes han decidido intervenir en negociaciones con grupos del crimen organizado en busca de treguas que puedan brindar alivio a una sociedad ensangrentada.
Históricamente la Iglesia Católica en México ha sido un poder de facto en el ámbito social y político. Es de dominio público que grupos religiosos han tenido relación con criminales, ya sea por limosnas, amenazas o acuerdos. Además, de acuerdo con el Centro Católico Multimedia, nuestro país es el más peligroso en América Latina para ejercer el sacerdocio; de 2006 a 2022 asesinaron a 56 sacerdotes y párrocos.
Así las cosas, no es nuevo que religiosos traten de persuadir a los criminales para que detengan sus asesinatos y construyan una tregua entre grupos del crimen organizado; sin embargo, lo que impacta es la mirada pasiva (o cómplice) y el desdén por la ley del presidente, quien cuestionado sobre este fenómeno dijo que “lo ve muy bien”. Andrés Manuel López Obrador se ha quejado de la tendencia de #NarcoPresidente, pero declaraciones como la mencionada no ayudan a quitar la percepción de que ha sido, por decir lo menos, omiso con la inseguridad provocada por los cárteles. A él le toca asumir la responsabilidad constitucional de cuidar a la gente, no en dejarla en manos de la Iglesia.
En los últimos días, la intervención del obispo en Chilpancingo logró una tregua entre las dos bandas criminales, Los Tlacos y Los Ardillos, para que se repartan y se restablezca el transporte del servicio público de Chilpancingo. Tras el “éxito” en Chilpancingo surgió la esperanza de reducir la violencia en otros municipios.
Esto ha ocasionado que se multipliquen propuestas similares en los municipios de Acapulco y Toluca; y en estados como en Coahuila, Querétaro, Guanajuato y Veracruz, donde los clérigos se han abierto a la posibilidad de mediar con los grupos criminales.
Es sin lugar a duda entendible que por la desesperación de la población se busquen soluciones por parte de la Iglesia, sin embargo, estas soluciones de corto plazo implican una pax narca, que no resolverá el problema y menos la impunidad. Algunos que apoyan la medida, lo comparan con las negociaciones entre guerrillas, mediadores y gobiernos, pero es distinta, ya que el objetivo de los grupos criminales es el poder y el dinero.
Entonces, es deseable y urgente que la Iglesia Católica use su poder social y político, con la misma energía que está logrando que los criminales lleguen a acuerdos, para exigir al gobierno que cumpla su responsabilidad. La Iglesia sabe que la paz positiva es la que nace de la justicia con verdad y reparación, que se logra con instituciones del Estado que sirvan a la gente. Porque la pax narca en el corto plazo puede bajar los asesinatos, pero los criminales que se reparten el territorio siguen lastimando a la población, amenazando y cobrando derecho de piso.
El próximo 11 de marzo, organizado por la Iglesia, se presentará el Compromiso Nacional por la Paz a quienes contienden por la Presidencia de la República, pero esperemos que concluya también con una exigencia firme al presidente y a los gobernadores, para que tomen todas las medidas que eviten que quien llegue a la presidencia se encuentre con municipios o estados gobernados por el narco.
Ante las violencias que vivimos en México, se ve eclipsada la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y la intervención de la Iglesia se convierte en un síntoma alarmante de la crisis que padecemos. Este fenómeno plantea preguntas incómodas sobre la efectividad y legitimidad de las instituciones gubernamentales. Mientras, la sociedad se aferra a cualquier rayo de esperanza, aunque sea a una paz ficticia. (Colaboró René Gerez)