Terminar con la corrupción y la impunidad requiere de ir más allá de la estigmatización y el circo mediático. La corrupción y la impunidad son problemas muy serios y graves que aquejan a México desde hace muchos años. Los ciudadanos demandan una respuesta clara y basada en la realidad.
Emilio Lozoya fue detenido en Europa, en donde se inició un procedimiento de extradición. Dentro de las garantías que otorga la extradición, se encuentra la de ser juzgado exclusivamente por los delitos por los cuales ésta se concede. Hasta el momento, sabemos que esos delitos son: operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho. En un principio, se opuso a la extradición, para después aceptarla.
Hasta ahora, la información oficial que se ha difundido y que se le ha presentado a los ciudadanos, ha servido para involucrar a diversas personas, que a su vez se han deslindado de cualquier delito; para provocar especulaciones y juicios sumarios y para alentar una radicalización de posturas. Sin embargo, ha aportado poco o nada para el esclarecimiento de la verdad.
Esta semana se han filtrado algunos materiales parte del proceso judicial que se sigue contra Lozoya, empezando por el video que muestra una supuesta extorsión o soborno. El lunes, el citado video extrañamente apareció en YouTube a nombre del hermano de Lozoya. Los abogados defensores señalaron que no había sido él. Resulta cuando menos curioso que el titular del Ejecutivo había sido insistente en que esa “prueba” debería ser difundida, pues a su juicio eso serviría para purificar la vida pública en México, y que eso está por encima de cualquier procedimiento legal.
Después, el miércoles, se filtró un documento que sería la denuncia que presentó Lozoya contra diversos exservidores públicos. Vale la pena mencionar dos cosas: primero, que la propia Fiscalía General de la República autentificó esa denuncia al señalar que iniciaría una carpeta de investigación por la filtración. Al día siguiente el presidente aprovechó el momento en su conferencia mañanera para, una vez más, hablar de la necesidad de llamar a declarar a todos los involucrados, haciendo especial énfasis en los ex presidentes mencionados.
¿Y dónde quedan la verdad y la justicia? Esa es la pregunta relevante. El juicio de Lozoya y lo que suceda con otros posibles acusados, no deberían ser temas sujetos a dimes y diretes; deberían ser asuntos jurídicos, sustentados en procesos formales apegados a la ley, sustentados en pruebas, y dirigidos por jueces independientes e imparciales.
Socavar lo anterior no ayuda a nadie; no resuelve el problema de corrupción e impunidad; degrada procedimientos de la máxima seriedad, que se deben conducir con las mayores garantías, a un torbellino mediático. Un circo que se aparta de la legalidad, e incluso, del decoro. Por lo que hemos visto, todo esto puede terminar en un lodazal de calumnias e impunidad.
Todas las instituciones y funcionarios del país, incluido el presidente, deben garantizar el debido proceso para una correcta impartición de justicia; sólo así se pueden realizar juicios en los que se respeten las garantías de los imputados, que generen certeza sobre la culpabilidad o inocencia, y que permitan, realmente, castigar el delito de que se trate.
Al país le urge fortalecer al Estado de derecho y al Estado a secas. Esto requiere un verdadero compromiso con la legalidad y no una obsesión con las encuestas de popularidad. Se votó por un cambio real, no por simulaciones para desviar la atención de la gravísima triple crisis que vivimos, la económica, la de salud y la de seguridad. Ojalá y se entienda a tiempo, pues la popularidad es efímera, pero la realidad no se va a ir a ningún lado.
***Colaboró Emilio Regidor