Ser policía en México es hoy más complicado que nunca. Hoy se agrega al menosprecio presidencial que, absurda e injustamente, los cataloga como corruptos e incompetentes, el escaso apoyo presupuestal y político que sigue disminuyendo. presupuesto tras presupuesto. No importan las condiciones en las que viven y trabajan nuestros policías, mucho menos que se jueguen la vida todos los días. No, lo único relevante parece ser el prejuicio del presidente, el cual trasmina a buena parte de los aparatos burocráticos federal y estatales. De hecho, en lugar de remediar las deplorables condiciones en las que mal sobreviven las policías del país, se ha optado por una definición simplista y contraproducente, militarizando al extremo la seguridad pública y otras funciones civiles.
La falta de apoyo a la labor policial durante la pandemia fue sólo otro ejemplo más que evidencia el abandono. Desde el inicio, no se tuvo como prioridad el que todos los policías contaran con los insumos de protección para el desempeño de su labor y con protocolos claros de prevención; tampoco la realización de pruebas de detección oportuna, ni la asistencia médica necesaria. Y ahora, siguen siendo invisibles en la estrategia de vacunación; con tanta prisa para vacunar al mayor número de personas antes de las elecciones, siguen dejándolos de lado, siendo que son uno de los grupos más expuestos al virus.
Causa en Común ha dado un seguimiento hemerográfico a los contagios y fallecimientos por COVID-19 en las corporaciones policiales, registrando 8,591 contagios de policías, de los cuales, 880 han fallecido. El hecho de que no existan cifras oficiales da cuenta, una vez más, del desprecio con que son tratados nuestros policías.
Es en verdad indignante la indiferencia gubernamental y ciudadana hacia este tema. En México, como en cualquier país del mundo, las policías representan, en buena medida, la calidad del Estado, y la calidad de la vinculación entre autoridades y comunidades. Deberían ser, por ello, prioridad nacional. Sin embargo, catalogamos a nuestras policías como corruptas e ineficaces, y las tratamos en consecuencia, generando así una profecía autocumplida: las despreciamos por no ser lo que queremos que sean, y las tratamos con la punta del pie para que sean lo que son. Pero casi nadie repara en preguntas básicas: ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuánto ganan? ¿Reciben el equipamiento suficiente? ¿Son capacitados adecuadamente? ¿Cuentan con prestaciones sociales? Es no sólo inmoral, sino también absurdo que se emitan juicios lapidarios sobre nuestras policías, sin conocer realmente cómo viven y en qué condiciones trabajan; y sin exigir a nuestros gobiernos que cumplan con su responsabilidad de atender el desarrollo de nuestras policías, para que éstas puedan a su vez enfrentar su responsabilidad en materia de seguridad.
En lo que ya es un lugar común, faltando a todos sus compromisos previos, Andrés Manuel López Obrador nos ha embarcado en un proceso de militarización que entraña enormes peligros, porque implica desviar los escasísimos recursos que daban a nuestras policías a las Fuerzas Armadas, porque éstas no están preparadas para atender las tareas de seguridad pública, y porque se alteran equilibrios esenciales para nuestro sistema democrático. Es difícil imaginar mayor irresponsabilidad. Como lo he afirmado en diversas ocasiones, la Guardia Nacional siempre ha sido un brazo de la SEDENA, y ahora pretenden formalizarlo para sellar la mentira y el fraude a la Constitución. Cada día se hace mas evidente que las fuerzas armadas son parte del proyecto político del presidente.
Frente a la crisis de violencia que vive México, debemos insistir, desde todas las plataformas y desde todos los foros, en que tenemos que rescatar a nuestras policías y a nuestras fiscalías. Tenemos que rescatar a los penales de todo el país. Son tareas muy complejas, muy costosas y de largo plazo, pero nada resultará más grave, para nuestra seguridad y nuestras libertades, que el simplismo militarista y autoritario que hoy se nos impone.
(Colaboró Susana Donaire)