México enfrenta una crisis de violencia que suele medirse en homicidios y desapariciones. Sin embargo, debajo de esas cifras existe un fenómeno profundo que explica buena parte de la violencia letal que padecemos: la intersección entre economías criminales, financiamiento político y ejercicio del poder. Mientras las campañas son cada vez más costosas, las organizaciones criminales cuentan con liquidez y control territorial. Cuando esos mundos se cruzan, el problema deja de ser solo de seguridad y se convierte en uno de integridad institucional. Para los cárteles, el dinero ilegal no es donativo, es inversión.
En un libro reciente, Julio Scherer realiza señalamientos que involucran a distintos actores políticos en acuerdos con economías criminales para financiar campañas en estados del norte desde 2018, mencionando a figuras como Jesús Ramírez Cuevas y Mario Delgado. Estas imputaciones coinciden con investigaciones periodísticas previas sobre las campañas de Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo.
Esas denuncias públicas no sustituyen una investigación judicial ni constituyen prueba, pero Scherer —que conoce como pocos la operación interna del gobierno anterior— le coloca a la Presidenta la oportunidad de permitir una investigación formal sobre posibles vínculos entre financiamiento ilícito y poder político, ya sea para confirmarlos o descartarlos. La pregunta de fondo es si está dispuesta a ejercer plenamente el poder que su investidura le confiere.
El financiamiento ilícito es una distorsión normalizada desde hace décadas. En Dinero bajo la mesa, María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde documentan que por cada peso permitido se gastan quince, y por cada peso reportado al INE circulan veinticinco fuera de la contabilidad oficial. En 2024, el tope presidencial fue de 660 millones de pesos; estimaciones públicas apuntan a que el gasto real pudo acercarse a 10 mil millones. No es una desviación marginal, es simulación estructural.
Si el dinero legal no alcanza ni remotamente para competir, el sistema empuja a buscar recursos fuera del registro oficial; cuando los montos ocultos superan con creces a los permitidos, la pregunta es inevitable, ¿de dónde proviene ese dinero y qué compromisos genera?
En ese contexto, las economías criminales se convierten en fuentes potenciales de financiamiento. El intercambio es de recursos a cambio de protección o tolerancia institucional, al final, el dinero ilegal no es ideología sino inversión estratégica.
Lo verdaderamente grave ocurre cuando ese financiamiento se convierte en la base de acuerdos en territorios donde el crimen ya controla dinámicas económicas y sociales como en Tamaulipas, Sinaloa o Sonora. Si esos pactos existen, comprometen decisiones futuras y generan dependencia política y romperlos no es sencillo, porque ¿cómo investigar a quien ayudó a ganar?
Entonces la violencia deja de explicarse sólo como disputa entre grupos criminales. Se trata de quién controla territorios, quién accede a contratos de obra pública, quién influye en nombramientos clave y, sobre todo, quién condiciona a quienes deberían investigarlo. La captura no requiere ocupar cargos; basta con incidir en decisiones.
Cuando el poder político queda condicionado, la violencia no desaparece: se administra, se reacomoda, cambia de rostro, pero conserva intacta la impunidad que la sostiene.
El financiamiento criminal ya no es un rumor ni una anécdota política, es una amenaza directa a la integridad del Estado. Cuando el dinero ilegal entra a las campañas, la democracia deja de ser competencia y se convierte en inversión criminal.
Frente a señalamientos de esta magnitud, la obligación de la autoridad no es cerrar filas para protegerse, sino investigar. La autonomía se demuestra cuando toca revisar a los de casa.
La Presidenta no será recordada por las lealtades que protegió, sino por las decisiones que tomó. La historia no juzga intenciones, juzga actos, y la omisión también es un acto.
Presidenta de Causa en Común