Cecilia Flores encontró los restos de uno de sus hijos desaparecidos. No fue el Estado ni una fiscalía, ni un operativo institucional. A Marco Antonio lo encontraron, siete años después de su desaparición, la propia Ceci y el colectivo que fundó, Madres Buscadoras de Sonora. Ceci es una madre que tuvo que escarbar la tierra para saber dónde estaba su hijo. En México hay miles de historias que duelen y otras que incomodan porque exhiben lo que no queremos ver; la de Ceci Flores representa ambas situaciones.
Cuando desaparecieron sus hijos, primero Alejandro en 2015 y después Marco Antonio en 2019, comenzó un camino que ninguna madre debería recorrer. Durante estos años, no sólo enfrentó la ausencia, también la indiferencia, la falta de respuestas, la burocracia, el miedo y el silencio. Sin embargo, decidió hacer algo extraordinario: salir a buscarlos.
Con otras mujeres fundó Madres Buscadoras de Sonora, aprendió a leer la tierra, a identificar señales, a encontrar fosas donde otros solo veían desierto. Convirtió el dolor en acción y ayudó a muchas otras familias a encontrar a sus desaparecidos.
Lo que debería ser una historia de heroísmo, es, en realidad, una historia de abandono. Cada varilla en la tierra, cada pala que remueve el suelo, cada resto encontrado por una madre buscadora es prueba de lo que el Estado no hizo; es la ausencia institucional convertida en esfuerzo humano. También es la obstinación de no rendirse, de buscar contra todo, de exigir verdad en un país que demasiadas veces prefiere estar ausente y guardar silencio cómplice.
Por eso la historia de Ceci Flores no es sólo un caso individual. Es el rostro de una crisis que atraviesa a miles de familias. Una crisis que ha llegado al ámbito internacional; después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidiera que la situación del país fuera considerada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al advertir indicios fundados de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y casos con participación o aquiescencia de autoridades.
Lo grave no es sólo el señalamiento, es la reacción del Estado. En lugar de asumir la crisis, el gobierno la niega, la descalifica y se refugia en una disputa sobre cifras y supuestos avances. Mientras se discuten registros, hay personas que siguen desapareciendo y familias que siguen buscando.
Sin embargo, negar la crisis no la contiene, la profundiza; al minimizarla no se protege al Estado, sino que lo desacredita. El pronunciamiento internacional no es una agresión, sino el reflejo de una realidad que México no ha querido enfrentar. No se trata de una condena a un partido político en particular, es una llamada de alerta sobre una tragedia que atraviesa sexenios, instituciones y complicidades; una oportunidad para que México asuma la verdad, rompa vínculos político-criminales, fortalezca sus instituciones civiles y abandone la simulación.
Sin embargo, esa oportunidad choca con un obstáculo central, debido a que la Presidenta no reconoce la crisis, y en consecuencia difícilmente aceptará lo que implica enfrentarla. Así México seguirá discutiendo números y diagnósticos mientras dolorosamente las madres seguirán buscando y miles de familias seguirán esperando.
Ceci Flores encontró a su hijo, y aunque ese hallazgo le dé algo de paz, deja una pregunta que señala y acusa, ¿cuántas madres más tendrán que hacer el trabajo del Estado para poder abrazar, aunque sea en restos, a sus hijos?
En México, buscar se ha vuelto un acto de amor y de resistencia. En esa resistencia, las madres buscadoras nos están recordando algo que el poder insiste en olvidar: la dignidad no se niega, no se administra y no se borra con cifras. La dignidad se sostiene, incluso cuando todo lo demás falla. (Colaboró: Asael Nuche González)
Presidenta de Causa en Común