“Las viudas y los huérfanos de los policías caídos, vivimos una situación muy lamentable. La gran mayoría mueren asesinados en cumplimiento de su deber, arriba de una patrulla, sirviendo a la sociedad. Sufrimos una penitencia de por vida porque tenemos que luchar por una pensión que por ley nos corresponde y el gobierno se niega a otorgarla a la familia de los policías, a la viuda y a sus huérfanos… El trámite burocrático para recibir la pensión, cuando se les da, puede ser de hasta tres años. ¿Cómo sepultas a un policía caído? De limosna”.
El desgarrador testimonio de Andrea Félix, representante de la Asociación de Policías Caídos de Sinaloa, es el común denominador de familiares de policías que mueren todos los días en el país. Esos crímenes quedan impunes y nadie se conmueve. En México, como en cualquier país del mundo, las policías representan, en buena medida, la calidad del Estado, y la calidad de la vinculación entre autoridades y comunidades. Deberían ser, por ello, prioridad nacional. En cambio, en nuestro país, normalmente las policías son motivo de escarnio debido a la indiferencia gubernamental que llega a extremos de regatearles o negarles las indemnizaciones y prestaciones que les corresponden.
¿Alguna vez nos hemos preguntado ¿quiénes son los hombres y mujeres uniformados a bordo de una patrulla?, ¿por qué decidieron ser policías?, ¿cuántas horas trabajan al día?, ¿cuánto ganan?, ¿cuántos crímenes han atestiguado?, ¿si habrán estado a punto de perder la vida cumpliendo con su deber?, ¿si habrán perdido compañeros? No creo equivocarme si digo que muy rara vez se le ocurrirá a alguien alguna de estas preguntas.
Causa en Común ha buscado esas respuestas a través de diversos estudios y las respuestas son terribles pues no solo tienen que trabajar en condiciones deplorables sino que deben enfrentar cinco veces más riesgo de ser asesinados que un ciudadano común. En 2020 asesinaron al menos a 524 policías (un promedio diario de 1.4), y lo primero que llama la atención es que tenga que ser una organización de la sociedad civil, con el apoyo de periodistas de diversos estados del país, los que llevemos el conteo. No hay cifras oficiales, nadie en ningún gobierno se encarga ni siquiera de contar sus muertes.
También hemos realizado un conteo de policías fallecidos por Covid. Por lo menos, han muerto 702, muchos de ellos trabajando con muy poca o nula protección. De hecho, Causa en Común tuvo que organizar, el año pasado, una colecta para donar cubrebocas y gel antibacterial, lo que obviamente debía de proporcionar el gobierno federal o local.
Un policía menos significa una grieta más en la ya de por sí endeble estructura de seguridad en este país. Recordemos, sin embargo, la manera irresponsable en que se estigmatizó desde el principio de este gobierno a todos los policías federales, con la falsedad de que eran todos corruptos e ineptos. Sólo sería el preámbulo de la destrucción de toda la corporación. Y ahora la emprenden contra las policías locales, recortando o eliminando fondos indispensables, ya no para su desarrollo, sino para su sobrevivencia. El absurdo es claro: se abandona a las policías y se concentra el poder en las Fuerzas Armadas.
Ninguna estrategia de seguridad pública puede tener viabilidad si no se reconocen las necesidades institucionales de sus policías, mismas que en nuestro país son obvias: mejores sueldos y prestaciones, capacitación adecuada, y equipamiento e infraestructura acorde con sus responsabilidades. ¿De verdad se le puede exigir a un policía jugarse la vida sin mínimas garantías y derechos?
Hoy, si usted leyó estas líneas, recuerde que probablemente mataron a un policía, que seguramente su familia la tendrá muy difícil para seguir adelante y que más allá de su círculo cercano, pocos, muy pocos repararán en la tragedia. Y entonces se dará cuenta de que detrás de esa desgracia viene otra más, la de nuestra indiferencia.
(Colaboró Pilar Déziga)
@MaElenaMorera