El voto del narco

María Elena Morera

El pasado 10 de mayo, con motivo de la celebración del Día de las Madres, circularon en redes sociales varios videos donde se ve a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación entregando regalos a mujeres de algunas comunidades de Jalisco. Este tipo de hechos no son aislados ni tampoco nuevos. Lo mismo sucede el Día de la Niñez o el Día de Reyes; en Navidad o Año Nuevo; lo mismo pasa en Jalisco que en Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa o Veracruz; lo mismo se entregan lo mismo dinero en efectivo que electrodomésticos, agua, fertilizantes o víveres después de desastres naturales. Estamos frente a un narcopopulismo que busca ganar apoyo y legitimación para la realización de sus actividades delictivas, lo que se convierte en una amenaza más para la democracia mexicana.

Mirar a delincuentes repartiendo artículos a la población en total impunidad y ante el silencio de las autoridades, es el testimonio más claro del fracaso social y de seguridad en el que se encuentra México. Sin embargo, el tema es mucho más complejo que eso. El narcopopulismo es un mecanismo de las organizaciones criminales por alcanzar nuevos y mayores niveles de injerencia pública, política, social y económica, valiéndose de la debilidad institucional y la ausencia de una definición de seguridad por parte del Estado mexicano en contra del crimen organizado, tanto en el discurso como en los hechos.

Este tema toma mucha mayor relevancia ante el contexto electoral que vive México. La confianza es la base por la cual una ciudadana o un ciudadano deciden votar por uno u otro candidato. El narcopopulismo crea esa confianza, acerca a la población con los delincuentes, tiende puentes y redes de apoyo a sus causas y lamentablemente encuentran terreno fértil debido a la desconfianza que generan, por un lado, los partidos políticos, con promesas de campaña vacías; y por otro, las policías y las instituciones de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, producto de una desatención estructural en el tema de seguridad. Un estudio de Gallup sobre el índice de seguridad señala que en México, la confianza en la policía es la segunda peor en América Latina, solo por encima de Venezuela.

Recientemente, se ha documentado la injerencia o cercanía de cárteles de la droga, e incluso de algunos personajes ligados directamente con el crimen organizado, en campañas electorales en San Luis Potosí, Guerrero y Ciudad de México, por mencionar algunos. Se trata de candidatos con posibilidades reales de ganar y representar los intereses de grupos criminales desde el poder.

Si bien es cierto que ciertos grupos del crimen organizado que tiene acceso a información gubernamental y al control de algunas policías a nivel local, el riesgo del narcopopulismo es la renuncia absoluta al Estado de derecho y el uso del aparato institucional por la delincuencia, dejando a la población en mucho mayor riesgo de delitos como secuestro, extorsión y homicidios.

Lamentablemente, México tiene todas las condiciones para que esto suceda con mucha mayor frecuencia y a niveles políticos más altos. Hay una polarización social y política, una desconfianza en las instituciones de seguridad, en los partidos y en las y los candidatos; hay un gobierno ausente en las tareas de seguridad y grupos delincuenciales con enorme poder que logran desplazar a miles de personas de sus comunidades. Hay una Guardia Nacional dedicada a detener migrantes en lugar de delincuentes. El Estado debe asumir la responsabilidad de fortalecer a las instituciones de seguridad; equipar, capacitar y reconocer el trabajo de la policía, reconstruir la confianza en la población y definir una verdadera estrategia contra el crimen organizado que neutralice sus intereses por asumir más control y más poder.

(Colaboró Genaro Ahumada García).

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