Kimberly Joselin Ramos Beltrán tenía 18 años y era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Salió rumbo a clases el 20 de febrero, pero nunca regresó. Durante días, familiares y compañeros difundieron su fotografía y exigieron que se le buscara; esta semana su cuerpo fue encontrado sin vida en una zona boscosa colindante con la universidad y las autoridades detuvieron a un joven que habría sido su pareja.
No obstante, no es solo la historia de un crimen brutal, es la historia de lo que ocurre cuando el Estado abandona su obligación más básica de prevenir la violencia y proteger la vida.
La indignación no tardó en aparecer, los estudiantes marcharon y tomaron la rectoría para exigir seguridad y justicia. Tienen razón, no debería ser normal que una joven desaparezca camino a la universidad y aparezca asesinada a pocos metros de donde estudiaba.
Generalmente los feminicidios suelen presentarse como una tragedia aislada, producto de la brutalidad de un individuo; pero esa explicación es incompleta. La violencia contra las mujeres rara vez surge de la nada, en la gran mayoría de los casos existen advertencias previas, como amenazas, agresiones, denuncias ignoradas o contextos de riesgo que nadie atendió.
La tragedia no empieza el día que una mujer es asesinada, empieza mucho antes, cuando el Estado dejó de prevenir lo que ya sabía que podía ocurrir. El crimen ocurre al final de una cadena de omisiones.
La violencia contra las mujeres suele narrarse a partir del agresor. Se habla del feminicida, del abusador o del golpeador. Sin embargo, en miles de casos el problema comienza cuando una denuncia no se investiga, una orden de protección no se ejecuta o una víctima es ignorada por las autoridades. En México muchas mujeres sobreviven a la agresión inicial, pero no sobreviven al sistema que debería protegerlas.
En efecto, cuando a una mujer se le arrebata la vida, el sistema ya le había fallado mucho antes. Fallaron las instituciones encargadas de prevenir la violencia y falló también el esfuerzo educativo que debería haber transformado una cultura donde la vida de las mujeres sigue valiendo menos. Por eso, hablar solo de castigo es insuficiente.
La prevención empieza mucho antes del sistema de justicia. Comienza en las escuelas, donde aún no se erradica una cultura que normaliza la desigualdad y la violencia; en las instituciones que deberían detectar situaciones de riesgo antes de que escalen. Si esos esfuerzos fallan, el sistema llega tarde, justo cuando la violencia ya es irreversible.
Cada día asesinan a alrededor de diez mujeres en el país. La cifra se repite desde hace años y ya casi no provoca conmoción. Aparece en estadísticas oficiales, informes y discursos que pronto desaparecen de la conversación pública. La tragedia no es solo la magnitud de la violencia, sino la facilidad con la que el país aprendió a normalizarla y convivir con ella.
La violencia se alimenta de instituciones débiles, de autoridades que no investigan y de sistemas de justicia que llegan tarde o nunca llegan. Cada feminicidio suele estar precedido por advertencias ignoradas o medidas de protección que jamás se cumplieron.
Por eso el 8 de marzo no es una fecha para conmemorar, es un recordatorio incómodo de lo que el Estado todavía no garantiza,que una mujer pueda denunciar sin miedo, vivir sin amenazas y caminar sin sentir que su seguridad depende del azar.
En México, para demasiadas mujeres, el mayor peligro no es solo el agresor, es el abandono del Estado.
Presidenta de Causa en Común