México no sólo enfrenta una crisis de desapariciones, enfrenta una crisis de verdad y de justicia. Durante los últimos años, las cifras oficiales han confirmado lo que las familias han denunciado una y otra vez: las desapariciones no disminuyen, se acumulan. Más de 53 mil personas desaparecidas en el sexenio pasado, alrededor de 40 diarias en distintos periodos recientes y la impunidad del 99% no es una falla marginal, es el sistema operando sin consecuencias.
El informe de Causa en Común, Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre, documenta una omisión sostenida del Estado frente a esta tragedia. El Sistema Nacional de Búsqueda no se ha consolidado, las fiscalías carecen de capacidades forenses suficientes y miles de cuerpos permanecen sin identificar. Las familias buscan en campo lo que, en muchos casos, las instituciones tienen en sus refrigeradores; sin embargo, no realizan las investigaciones necesarias para identificar y entregar los cuerpos a sus familiares, impidiéndoles cerrar su círculo de dolor.
Pero ahora el problema es aún más grave, no solo faltan personas, también faltan registros.
Esta semana, en el blog de Nexos, Causa en Común (https://bit.ly/4tu3jkY) documentó que entre el 13 y el 20 de enero el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas pasó de reportar 14,100 personas a poco más de 13 mil. Más de mil casos desaparecieron del registro en una sola semana, sin explicación pública. No se trató de personas localizadas; fueron registros “depurados”.
El ajuste no responde a una política de búsqueda más eficaz, sino a filtros administrativos que excluyen casos. Es decir, la desaparición no se combate encontrando personas, sino redefiniendo quién cuenta como desaparecido. Una política pública seria debería ampliar la información para fortalecer la búsqueda, no restarla.
La revisión de bases de datos es necesaria. Pero sin transparencia, auditoría independiente y explicación suficiente, deja de ser técnica y se convierte en administración política y burocrática de cifras.
En todo esto hay un punto central: mientras la Presidenta presume en las mañaneras reducciones en homicidios dolosos, el país no cuenta con una visión integral de la violencia letal. El gobierno debería presentar de manera articulada todos los delitos contra la vida: homicidios dolosos y culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas. Solo así puede observarse el fenómeno completo.
Presentar solo homicidios dolosos —o separar categorías sin cruzarlas— permite que casos migren de una estadística a otra, diluye responsabilidades y fragmenta el diagnóstico. Integrar las cifras impediría celebrar reducciones parciales mientras otras formas de violencia crecen en silencio.
La desaparición no es un dato aislado, ya que en muchos contextos sustituye al homicidio doloso. Para los criminales, desaparecer a una persona es el delito perfecto, la justicia no alcanza ni al 1% de resolución de los casos. Aunque no pueda afirmarse que exista una orden para ocultarlos, a partir de 2019 en varias entidades mientras bajan los homicidios dolosos, aumentan los reportes de desaparición.
El año pasado, en 11 entidades el número de personas desaparecidas superó al de homicidios. Jalisco es ilustrativo, mientras reportó una reducción del 33% en homicidios dolosos, las desapariciones aumentaron 219%.
En un país con más de cien mil personas desaparecidas acumuladas y decenas de miles de víctimas de homicidio cada año, el debate no puede centrarse en depurar registros ni en celebrar reducciones parciales. Debe centrarse en detener la violencia letal en todas sus formas y garantizar verdad y justicia. Eso solo es posible con una visión integral y verificable de los datos.
Cuando las cifras se mueven sin explicación, la confianza pública se rompe y sin verdad estadística no hay política pública posible. Desaparecer registros no es encontrar personas, es postergar la responsabilidad.
Presidenta de Causa en Común