Algunas de las obras más emblemáticas de este gobierno, como los aeropuertos Felipe Ángeles del Estado de México y los de Palenque, Chetumal y Tulum; así como el Tren Maya y el complejo férreo portuario del Istmo de Tehuantepec, pasarán a ser empresas administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional ( SEDENA ) y la Secretaría de Marina (SEMAR ). López Obrador explicó que el 75 por ciento de utilidades de estos complejos serán destinados para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas, y el 25 por ciento para los jubilados de los trabajadores al servicio del gobierno federal. Esta decisión se justifica, según él, para prevenir que los “neoliberales corruptos” privaticen estas obras en el futuro. Sin embargo, parece que nadie se pregunta, si estas obras resultan no ser productivas, ¿quién asumirá la responsabilidad de pagar las pensiones? ¿terminarán los ciudadanos por pagarlas?
Todo indica que al presidente se le olvidó, o nunca entendió, la llamada competencia económica , lo opuesto a los monopolios , y que permite reducir ineficiencias y costos para beneficio de los usuarios. Salvo en regímenes comunistas, y ya ni siquiera en la mayoría de ellos, se considera la vieja idea de que el Estado debe ser dueño de empresas, salvo en casos excepcionales, relacionados usualmente con la seguridad nacional. Los monopolios no suelen ser rentables y operan bajo esquemas opacos que favorecen la corrupción , pero eso no le importa al gobierno de Morena, que insiste en tirar el dinero, no sólo en esos proyectos, sino principalmente en PEMEX y la CFE; mientras infinidad de verdaderas prioridades, como educación, salud, medio ambiente o seguridad, quedan a la deriva.
Precisamente en materia de seguridad, se insiste en el engaño de que atiborrar a las Fuerzas Armadas de recursos equivale a atender la criminalidad desbordada que todos padecemos. Para dar una idea de los montos, para el año que entra se proyectan 199 mmdp para las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta el presupuesto de SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional (sin considerar miles de millones en infraestructura que están en otras dependencias, pero que ellas controlan); mientras que las policías locales sólo recibirán 7,988 mdp, a pesar de que está más que claro que las corporaciones militares no sirven para atender problemas de seguridad en las comunidades.
Pero eso no les importa, pues ya anunciaron que, traicionando compromisos políticos y a la propia Constitución, quieren integrar plenamente a la Guardia Nacional a la SEDENA, para perpetuar la militarización en seguridad pública. La militarización desde luego no se queda ahí, pues prácticamente no hay semana en la que no se les den más funciones que ya hacían instituciones civiles. Pero además se les empuja a convertir algunas de estas responsabilidades en negocios propios, lo que rompe con la naturaleza de las Fuerzas Armadas, al menos en México desequilibrando la ecuación civil-militar.
La sobrecarga de responsabilidades probablemente conlleve afectaciones a la imagen del Ejército y la Marina, además de que podría generar divisiones al interior de las Fuerzas Armadas. La consolidación en el poder administrativo y policial de los militares conducirá, inevitablemente, a un mayor protagonismo político, propio de regímenes autoritarios.
Por si no fuera suficiente, a la enorme influencia que se pretende dar a las Fuerzas Armadas se le suma la pretensión de debilitar al INE, dejando claro que el grupo político en el poder quiere destruir nuestra democracia. Es un juego en extremo peligroso e irresponsable. Ojalá queden restos de sensatez en el Congreso y en el Poder Judicial para frenar esta deriva.