En una auténtica democracia, la sociedad civil no es un estorbo, es un contrapeso. Las organizaciones ciudadanas vigilan, documentan, acompañan, proponen y, cuando es necesario, incomodan al poder. Por eso, su fortaleza suele ser un indicador claro de la salud democrática de un país. Cuando las organizaciones son numerosas, activas y diversas, la democracia respira. Cuando se debilitan, algo más profundo se está erosionando. México está cruzando esa línea. No vivimos, todavía, en un país donde se prohíba la existencia de organizaciones civiles por decreto. Sin embargo, sí estamos transitando hacia un modelo cada vez más preocupante; uno en el que el derecho a asociarse se reconoce en la ley, pero en la práctica se obstaculiza y se asfixia.
En 2019 se eliminaron los apoyos públicos bajo el argumento de que se estaba combatiendo la corrupción.
Se presentó a las organizaciones como intermediarias innecesarias, como actores con intereses ocultos o como adversarios políticos. El objetivo fue restarles legitimidad.
Así operan muchas autocracias contemporáneas. No necesariamente desaparecen a las organizaciones por la vía legal, pero se vuelve cada vez más difícil subsistir. Las desgastan, las aíslan, las vuelven sospechosas frente a la opinión pública. Eso tiene consecuencias profundas porque cuando se debilita a la sociedad civil, se merma la capacidad ciudadana para incidir, para vigilar y para exigir.
Durante años la evidencia obligaba al poder a responder. Al documentar, medir y exhibir, las organizaciones abrían espacios de diálogo para generar cambios. Hoy no es así, en un entorno donde la crítica se descalifica y los datos se ignoran, tener razón dejó de ser suficiente. El poder no se siente obligado ni siquiera a escuchar.
Esto cambia por completo la lógica de la incidencia. Si el poder puede ignorar la evidencia sin costo, entonces el problema ya no es de información, sino de presión. Entonces la pregunta deja de ser cómo convencer al gobierno, sino cómo generar condiciones para que ignorar tenga consecuencias.
Esto exige un cambio profundo en la estrategia de la sociedad civil. Primero, la evidencia sigue siendo indispensable, pero ya no como punto de llegada, sino como punto de partida. Sin datos no hay sustento, pero sin presión, los datos no se mueven.
Segundo, la incidencia salió de la mesa técnica. Cuando el gobierno cierra los canales institucionales, la discusión tiene que trasladarse al espacio público, a los medios, a las redes, a los tribunales, a las calles y al ámbito internacional. Cuando el poder deja de escuchar, la sociedad civil tiene que cambiar de arena.
Tercero, la articulación deja de ser deseable y se vuelve imprescindible. Ninguna organización, por sólida que sea, puede generar presión suficiente por sí sola. La incidencia real requiere alianzas con otros actores del sector privado, la academia, los gobiernos locales y los organismos internacionales.
Cuarto, la narrativa importa tanto como la evidencia. Hoy no basta con tener datos, hay que disputar el sentido de lo que está ocurriendo. Si la evidencia no conecta, no moviliza; y si no moviliza, no genera costo político.
Y quinto, hay que asumir algo incómodo, incidir ya no siempre significa cambiar decisiones, en muchos casos, significa contener retrocesos, documentar abusos y sostener causas en el tiempo.
México no está aún en el punto en que se prohíbe asociarse, pero sí en uno en el que se busca que asociarse sea cada vez más difícil, más costoso y menos efectivo. El mayor riesgo no es que las organizaciones desaparezcan, es que sigan existiendo, pero sin capacidad real de incidir.
Una sociedad civil irrelevante es el escenario ideal para un poder que no quiere rendir cuentas. Y ahí empieza, en realidad, el quiebre de una democracia.
Presidenta de Causa en Común