La decisión del gobierno de Donald Trump de ejecutar una política anunciada en 2025 —retirarse de tratados y organismos internacionales que considere contrarios a los intereses de Estados Unidos— hoy ya es una realidad. Es la puesta en marcha de una nueva doctrina en la que las reglas internacionales dejan de ser obligatorias cuando estorban. La novedad no es el discurso, sino su aplicación efectiva, acompañada por acciones unilaterales que confirman un cambio de lógica en el ejercicio del poder.
La captura del dictador Nicolás Maduro, que dio a los venezolanos una luz de esperanza, pero que fue ejecutada fuera de cualquier mandato multilateral confirma que Estados Unidos está dispuesto a actuar primero y discutir después. No se trata de simpatía o antipatía por regímenes autoritarios, sino de una reconfiguración del orden internacional en la que el derecho pierde peso frente a la fuerza y la conveniencia. Para países acostumbrados a vivir de reglas y no de poder duro, este giro no es menor.
Para México, sin embargo, el riesgo no proviene únicamente del exterior.
México no se vuelve vulnerable solo porque Trump relativice los tratados; se vuelve vulnerable porque llega a este nuevo escenario con un Estado debilitado desde dentro. En un mundo donde las reglas pesan menos, los países que no ejercen control efectivo sobre su territorio, que toleran redes criminales incrustadas en estructuras políticas y que evitan enfrentar la corrupción en sus propios círculos de poder, pierden capacidad real de defensa frente a decisiones externas. La soberanía deja de ser un principio abstracto y se convierte en una condición que debe demostrarse.
Conviene decirlo con claridad, Trump no vendrá por la presidenta Claudia Sheinbaum; tampoco necesita hacerlo. La lógica que hoy domina en Washington no es personal ni ideológica; es de intereses geopolíticos. Los países no se evalúan por discursos, sino por su capacidad efectiva de gobernarse; y ahí es donde México enfrenta su dilema más serio.
Mientras el gobierno federal no marque una ruptura clara con estructuras políticas corruptas, cuyos vínculos con el crimen organizado han sido ampliamente documentados por investigaciones periodísticas y judiciales, y siga tolerando a legisladores y gobernadores señalados por corrupción y control territorial, la posición de México frente a Estados Unidos se debilita. No por lo que Trump diga o haga, sino por lo que México deja de hacer.
La tolerancia a estas redes no es solo un problema ético ni exclusivamente interno, se traduce en una vulnerabilidad externa en materia de negociación, credibilidad y cooperación internacional. Cada omisión reduce el margen de maniobra y facilita que otros definan desde fuera qué es legítimo exigirle a México.
Defender la soberanía, en este contexto, ya no puede reducirse a la invocación ritual de principios históricos. La soberanía hoy es capacidad efectiva de gobierno, y esa capacidad se erosiona cuando el Estado convive con territorios capturados y redes criminales incrustadas en el poder político sin consecuencias reales.
México no enfrenta una amenaza inmediata, pero sí una prueba de fortaleza institucional. En un mundo donde las reglas protegen menos, los países que no ordenan su casa desde dentro quedan expuestos a que otros fijen las condiciones desde fuera. La Presidenta tiene que tomar una decisión que va más allá de la coyuntura internacional: romper o no con las estructuras que debilitan al Estado mexicano. Asumir el costo político de limpiar el poder no solo fortalece la democracia; hoy es también la forma más eficaz de blindar a México. Porque cuando las reglas dejan de proteger, solo los Estados que se gobiernan plenamente a sí mismos conservan capacidad de decisión.
Presidenta de Causa en Común