El pasado 7 de septiembre comenzó el proceso electoral 2021 y arrancó con un nuevo reto: “Paridad en todo”. Seguimos enfrentando a los patriarcas en los Congresos que no quieren aprobar las leyes (Nuevo León y Zacatecas), a los Ejecutivos que no hacen nada para su aprobación y publicación (Estado de México), y ahora vamos a una las elecciones, cumpliendo “a golpe de sentencias” y con los acuerdos garantistas y vanguardistas del INE y OPLEs. Avanzaremos así en la integración paritaria de los gobiernos y órganos legislativos.
Comenzamos el proceso electoral más grande de la historia —sí, ya parece cliché— con reglas que se han robustecido para eliminar la deleznable violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Así, el 31 de agosto pasado, el INE aprobó un nuevo procedimiento especial sancionador que se caracterizará por atender este tipo de violencia y su particularidad estará en actuar con perspectiva de género, realizar un análisis de riesgo, la interseccionalidad, el plan de seguridad, el establecimiento de víctimas directas, indirectas y potenciales, la tutela preventiva, entre otros. Los OPLEs avanzan en el mismo sentido.
Una medida acertada, sin precedente en el mundo, y que tiene antecedentes en sentencias de la Sala Regional del TEPJF en Xalapa, y posteriormente la Sala Superior, el INE aprobó los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. Esta lista incluirá los nombres de las personas que hayan ejercido violencia política en razón de género, previamente determinado por los tribunales, sentencias o resoluciones firmes. Dicha conducta inhabilitará a las personas infractoras a participar con candidaturas en las elecciones, porque incumplen el requisito constitucional de “tener un modo honesto de vivir”.
La ventaja de este mecanismo será que la autoridad electoral materialice medidas de reparación, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres, identificando con claridad a quienes la hayan ejercido. Me parece que este tipo de medidas que afectan al bolsillo, el acceso a medios de comunicación, y ahora el derecho a las candidaturas, ahora sí podrán inhibir la comisión de conductas que violenten a las mujeres en la política.
El día de ayer se discutía en la sesión de Comisiones en el INE los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género: Me puedo imaginar las resistencias de nuestros institutos políticos ¡a cumplir con la ley! Esperemos que en la próxima sesión del Consejo General se aprueben.
Seguimos enfrentando una enorme resistencia a que las mujeres ejerzan sus derechos políticos a plenitud. Como muestra, tenemos lo ocurrido con la elección interna de la Presidencia y Secretaría General de Morena, si desde los Lineamientos y Convocatoria se hubieran establecido las reglas paritarias, seguramente más mujeres se hubieran inscrito, siendo que sus Estatutos lo prevén. Lamentablemente no pasó así. La decisión de obligar a Morena a celebrar sus tardías (dos años) elecciones internas, y a cumplir con la paridad, no debe ser vista como una invasión a la vida interna de los partidos políticos, por el contrario, se trata de obligarlos al cumplimiento de sus propias modificaciones estatutarias y a las reformas constitucionales y legales a la que están obligadas los institutos políticos.
Ya comentaremos casos concretos de violencia política contra mujeres que se están presentando, y la forma en que las autoridades electorales los van atendiendo. Unas muy bien, otras mal, otras pésimo y algunos se están formando para ingresar a la lista negra.
Catedrática de la UNAM. Presidenta de “12624 Consultoras”. @MC_alanis
