El Congreso aprobó una iniciativa en que se expidió una Ley General de Aguas y reformó la Ley de Aguas Nacionales. Para su aprobación, violaron los procedimientos. El miércoles 3 de diciembre cambiaron sorpresivamente el orden del día y apresurando la sesión de la comisión dictaminadora para que se votara en el pleno un dictamen sin ningún cambio, pero lleno de promesas para modificarlo durante el día.
El debate en la Cámara de Diputados duró cerca de 30 horas continuas, en el Senado sólo duró tres horas. No tiene sentido la diferencia, pero así fue. Algunos legisladores, ni siquiera se dieron cuenta de que se trataba de dos leyes (y no una) que afectaban profundamente a la vida de 130 millones de mexicanos. Por si fuera poco, Morena consideró que no era necesario aumentar el presupuesto público.
Los trabajadores y productores del campo —agricultores, ganaderos e industriales— no pueden sentirse menos que traicionados por quienes mucho les prometieron y nada les cumplieron. Morena les mintió y ahora les ha confeccionado leyes que afectan no sólo en su trabajo sino también a su propiedad. A través de “asignaciones” y “reasignaciones” la incertidumbre jurídica y económica ocasionará un profundo daño a los productores.
Por si fuera poco, aunque las leyes se refieren particularmente a comunidades indígenas, estas nunca fueron consultadas para reformar la ley. Así es el gobierno que se dice humanista de izquierda: incapaz de voltear a ver a los indígenas, salvo para afectar su patrimonio y en su vida. Por ley los debieron haber consultado, pero no lo hicieron. A ver qué dice el presidente de la Corte.
Vinieron con el cuento de que garantizarían el agua, que iban “en contra de los acaparadores”; sin embargo, con un poco de investigación se demostró que grandes acaparadores están en Morena. Lo cierto es que la ley no garantiza el agua para nadie: la politiza, la centraliza y genera más incertidumbre de la que existía. Ahora, de acuerdo con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (distinta, pero relacionada con la Ley General de Aguas) todo movimiento en la tierra tendrá que ser notificado al gobierno de Morena, que podrá decidir si disminuye o cancela el volumen de agua concesionada.
Estamos ante una expropiación indirecta cuando obligas a que cualquier trámite asociado con la transmisión de dominio, o en los casos de fusión y escisión de personas morales o tratándose de herencias tenga que ser autorizados y, en su caso, acompañada de una reasignación por la “Autoridad del Agua”. Entonces se tratará de un nuevo título de concesión.
Claro que el artículo 37bis 1 de esta ley de Aguas Nacionales dice que debe resolverse en 20 días. Pero nadie parece haberse dado cuenta que la Conagua tiene más de 156 mil expedientes sin resolver, acumulados en los siete años del gobierno de Morena. Crean un Comité del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, pero son incapaces de prever un peso del presupuesto del próximo año para las decisiones y consecuencias derivadas de estas dos leyes.
Así van las cosas de rápido en nuestro país: eliminaron los órganos autónomos, fueron por las Afores; mal interpretaron la Constitución para arrogarse una mayoría del 74% cuando sólo habían obtenido el 54% de los votos; eliminaron la independencia del poder judicial, realizaron un masivo e injustificado despido en ese poder; anularon prácticamente el amparo, y, ahora, en el colmo, aprobaron una ley que ataca a la propiedad privada.
Como se mencionó en el debate, estamos ante una expropiación indirecta y una absoluta manipulación de las personas a través del agua.
Diputada federal. @Mzavalagc