México se encuentra en un momento clave para redefinir su respuesta frente a los riesgos ambientales que afectan la salud de su población. La exposición a contaminantes como el plomo, la mala calidad del aire, la contaminación del agua y el cambio climático no solo representan un problema ambiental, sino una de las principales amenazas para la salud pública, el desarrollo infantil, el sistema de salud y el desarrollo económico.
El inicio de un año nuevo nos invita a mirar hacia adelante con responsabilidad y visión de largo plazo. En un contexto de renovación institucional y desafíos crecientes para el país, 2026 representa una oportunidad para fortalecer la salud pública desde una perspectiva preventiva, científica y centrada en las personas. En este marco, los primeros mensajes de la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Salud, el Dr. David Kershenobich, han subrayado la relevancia del bienestar y del fortalecimiento institucional como ejes de la política pública.
En este contexto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ocupa un lugar central. Su función regulatoria es uno de los pilares para proteger a la población frente a los riesgos sanitarios, incluidos aquellos de origen ambiental. Sin embargo, el país enfrenta el reto de ir más allá de solamente la regulación y avanzar hacia una prevención ambiental más integrada y eficaz.
Cofepris es la autoridad encargada de establecer los criterios sanitarios, participar en la elaboración de normas oficiales, autorizar o restringir sustancias y ejercer vigilancia y sanción en caso necesario. Esta labor es indispensable. Regular es necesario para proteger la salud, pero no siempre es suficiente para prevenir su impacto en las comunidades expuestas a tóxicos de manera persistente y desigual.
Este momento cobra especial relevancia si se considera el perfil de quien ha sido designado desde hace unos días como la encabeza de la máxima autoridad sanitaria. El Dr. Víctor Hugo Borja cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida en epidemiología, salud pública y salud en el trabajo, que incluye su paso por instituciones académicas y de investigación, así como su participación directa en la construcción de capacidades nacionales en salud ambiental. Entre otros cargos, fue director fundador del Centro Nacional de Salud Ambiental en la Secretaría de Salud y responsable del área de Análisis de Riesgos, además de haber liderado sistemas de vigilancia epidemiológica en contextos de alta exigencia operativa. Esta combinación de formación académica y experiencia en gestión de riesgos sanitarios abre una ventana particularmente favorable para fortalecer, desde Cofepris, una visión más integrada de la salud ambiental en México y para considerar el fortalecimiento de una instancia especializada en salud ambiental dentro de la Secretaría de Salud.
El rol de la Dirección General de Epidemiología y de la Dirección General de Políticas en Salud Pública
La generación de información es un componente esencial de cualquier política pública. En este ámbito, la Dirección General de Epidemiología desempeña una función estratégica al registrar exposiciones, identificar patrones y dimensionar la magnitud de los riesgos ambientales. La epidemiología ambiental permite saber qué ocurre, dónde ocurre y a quién afecta, aportando la base de evidencia necesaria para la toma de decisiones en salud pública.
Sin embargo, la vigilancia epidemiológica está diseñada para producir datos y alertar sobre problemas emergentes, no para implementar intervenciones ambientales complejas. Cargar a los sistemas epidemiológicos con funciones operativas no solo resultaría ineficiente, sino que desvirtuaría su mandato técnico y exigiría recursos humanos y financieros con los que, en la práctica, no cuentan. La fortaleza de la epidemiología está en la generación de información oportuna y confiable, no en la ejecución de acciones en territorio.
Por otro lado, la Dirección General de Políticas en Salud Pública representa un aliado clave desde la rectoría del sistema de salud. Su papel central es definir prioridades, establecer marcos normativos y orientar estratégicamente las acciones de promoción y protección de la salud. Como unidad técnico-normativa del sector, su misión se enfoca en normar, planear, coordinar y evaluar políticas públicas, así como en apoyar a las entidades federativas mediante lineamientos, modelos operativos y capacitación.
Esta distinción de funciones es común en sistemas de salud modernos: mientras la epidemiología genera evidencia y la política pública define el rumbo, la ejecución de intervenciones técnicas especializadas requiere capacidades operativas propias. Reconocer estos límites institucionales no debilita al sistema; por el contrario, refuerza la necesidad de contar con instancias específicas que traduzcan datos y marcos normativos en acciones concretas de prevención y control de riesgos ambientales.
El vacío institucional
Hoy, las funciones de la salud ambiental en México están fragmentadas. La epidemiología genera datos; la autoridad regulatoria establece normas y controles; otras instancias miden contaminantes o gestionan recursos naturales; los estados reaccionan ante problemas concretos. Lo que falta es una instancia federal con el mandato explícito de integrar información, evaluar riesgos desde la salud pública y diseñar intervenciones preventivas.
Hacia una Dirección General de Salud Ambiental
En este escenario, la creación de una Dirección General de Salud Ambiental no debería entenderse como nueva burocracia, sino como una evolución natural del sistema de salud pública. Una instancia de este tipo permitiría articular datos epidemiológicos y ambientales, evaluar riesgos reales en población, priorizar territorios y sustancias, diseñar intervenciones costo-efectivas y apoyar técnicamente las decisiones regulatorias.
La protección de las infancias es un ejemplo claro de esta necesidad. Organismos internacionales como UNICEF han resaltado que las exposiciones ambientales tempranas tienen efectos duraderos sobre el desarrollo, la salud y la productividad futura. Intervenir oportunamente no solo protege derechos, sino que reduce desigualdades y costos sociales de largo plazo.
Salud ambiental y desarrollo económico
La salud ambiental es también una agenda de desarrollo. En un contexto donde México busca consolidarse como un destino estratégico para el nearshoring, contar con una arquitectura sólida de prevención ambiental se vuelve un activo económico. Crisis ambientales mal gestionadas, especialmente en contextos industriales o urbanos, erosionan la confianza social, generan conflictos y afectan la certidumbre para la inversión.
Prevenir y gestionar adecuadamente estos riesgos permite proteger a la población y ofrecer un entorno más seguro y competitivo para el desarrollo productivo del país. La salud ambiental es, en este sentido, un activo que genera bienestar y estabilidad económica.
Una inversión pendiente
La prevención ambiental es una de las intervenciones más costo-efectivas en salud pública. Reducir exposiciones evita enfermedades crónicas, discapacidad, gastos médicos y la pérdida de productividad y de calidad de vida. Cada peso invertido en prevención ambiental puede traducirse en múltiples pesos ahorrados en atención médica futura y gastos de bolsillo para las familias afectadas, así como en una mayor productividad laboral y responsabilidad social por parte de las empresas.
México cuenta con talento técnico —investigadores mexicanos y extranjeros que trabajan de manera individual o en redes colaborativas, como la Red Espesies—, instituciones sólidas y evidencia suficiente. Lo que sigue pendiente es ordenar la arquitectura institucional para conectar los datos con la acción. Si logramos hacerlo, la salud ambiental dejará de ser una discusión técnica para convertirse en una promesa cumplida de bienestar: que crecer y vivir en México no implique un riesgo evitable para la salud de quienes más queremos.
Postdoctor en Salud Ambiental por la Universidad de Harvard
Consultor en Epidemiología Ambiental y Salud Pública.