El negacionismo del sexenio pasado, a pesar de la clara evidencia del abismo de ese terror, no da pauta para continuar subestimando la problemática.
El problema multidimensional de las personas desaparecidas en México afecta simultáneamente el ámbito humanitario, institucional, doméstico e internacional. No sólo afecta a la víctima sino también a sus amigos y familiares que viven en incertidumbre permanente sin dar espacio a un cierre emocional al no permitir la despedida de un ser querido. Evidencia además fallas en la esfera de seguridad, justicia y gobernanza porque están reduciendo la legitimidad del gobierno. En conjunto, se erosiona el contrato social entre Estado y ciudadanía.
La desaparición sistémica puede incluso catalogarse como crimen de lesa humanidad en el derecho internacional.
En el caso de México se ha consolidado como una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas con implicaciones profundas.
El informe reciente del Comité de la ONU (CED) publicado hace unos días, concluye que el país presenta ataques sistémicos contra la población civil con la aquiescencia de funcionarios calificando la situación como una práctica generalizada de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad. La reacción de varios actores en Morena no se hizo esperar tratando de subestimar y deslegitimar la gravedad de la pesadilla y el horror de millones de familias mexicanas que desconocen el paradero de familiares.
El escándalo del reclutamiento de jóvenes por parte de las organizaciones criminales ya no es un relato aislado. Es una práctica que se incrementó en los últimos años arropada de la fallida política de los abrazos que ha empoderado a los cárteles narco-terroristas y que ha sumado una cantidad poco clara —y poco reconocida— de personas desaparecidas en territorios controlados por el crimen organizado en colusión con los tres niveles de gobierno y donde seguramente la cifra negra debe alcanzar números inquietantes.
A nivel doméstico esta crisis de personas desaparecidas ha producido efectos sociales significativos, entre ellos la (continua) desconfianza ciudadana hacia las instituciones, la movilización de colectivos familiares y la consolidación de organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas. Ello ha desempeñado un papel central en la visibilización del problema.
El negacionismo durante todo el sexenio pasado, a pesar de la clara evidencia del abismo de ese terror, no da pauta para continuar subestimando la problemática exhibida en un informe que ha pegado debajo de la línea de flotación reputacional del gobierno de Sheinbaum.
En términos económicos y diplomáticos, esta crisis reputacional también puede generar consecuencias indirectas; la percepción de más debilidad institucional y de altos niveles de violencia ya tienen un impacto en la confianza de inversionistas extranjeros que observan los desfiguros del gobierno en materia de corrupción e impunidad, amén del desorden en la esfera judicial.
Sumar a la ecuación mexicana en esta compleja coyuntura los informes de organismos multilaterales y la terca realidad que golpea al régimen con más de 130 mil desaparecidos, abonan al deterioro sistemático de la imagen internacional derivado de la persistencia del fenómeno, la percepción de impunidad y la insuficiencia de respuestas creíbles institucionales.
Por ello, el abordaje integral del fenómeno no sólo constituye una obligación moral y jurídica, sino una condición indispensable para la reconstrucción de una vapuleada legitimidad institucional y la recuperación de la confianza ciudadana.
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