La aduana internacional del 2024 

Marcela Gómez Zalce

¿Cómo pretende López Obrador consolidar una transformación cuya credibilidad es deficiente en rubros estratégicos? La politiquería, la propaganda y las simulaciones tienen fecha de caducidad.  

 
Las violaciones a los derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, ataques contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales— han ido escalando en la administración de López Obrador. La impunidad sigue siendo la norma y el reciente reporte de la ONU sobre las desapariciones forzadas, donde se señala la omisión y una actitud pasiva de gobiernos y autoridades ante el escándalo de impunidad y corrupción, golpea otra línea de flotación del régimen. 

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en su informe instó a México a abandonar “de inmediato” el enfoque de militarización de la seguridad pública en el país. Desde Ginebra, Suiza se expuso que la CNDH ha emitido 162 recomendaciones a las secretarías de Marina y Defensa Nacional por violaciones graves a los derechos humanos, quince de ellas relacionadas con desapariciones forzadas. 
 
La estrategia impulsada por Calderón Hinojosa y continuada por López Obrador ha hecho crecer de manera exponencial este delito que no prescribe. El reporte señala que los datos “evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones”; el Estado mexicano es parte responsable de las desapariciones cometidas por servidores públicos, pero también “pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”. El golpe es brutal.  
 
La distracción mañanera con asuntos y pirotecnia barata no alcanza para tapar lo que este brazo del organismo internacional distingue a México con el informe que ha circulado en la comunidad internacional. Señalar cerca de 95 mil desapariciones entre otras macabras cifras, coloca al país en una situación de vulnerabilidad internacional que trastoca al Estado de manera transversal. Países acusados de violar sistemáticamente los derechos humanos o estar bajo sospecha de que sus autoridades son parte en la cadena de impunidad de desapariciones forzadas, tiene un costo importante en diversos rubros, no sólo en imagen sino en instrumentos comerciales y tratados internacionales. La inversión extranjera de por sí ya cauta por la nula certeza y el atropello a convenios y contratos por parte de esta cuatroté, no coloca a México como un país idóneo para invertir.  
 
La respuesta del presidente mexicano sobre el crudo reporte no fue ninguna sorpresa. El guion de hacerse la víctima, de tener la verdad absoluta, compararse con el pasado y la danza de sus “otros datos” es ya harto predecible.  

Acusar al Comité de “no actuar con apego a la verdad”, es decir, de mentir, tuvo también puntual respuesta. Y al parecer en la burbuja del Palacio se ignora o minimiza la dimensión del impacto. La acusación es grave y ese delito perseguirá a civiles, pero sin duda a nuestras fuerzas armadas. ¿Cómo pretende López Obrador consolidar una transformación cuya credibilidad es deficiente en rubros estratégicos? 

La politiquería, la propaganda y las simulaciones tienen fecha de caducidad.  

Las violaciones a los derechos humanos y las desapariciones forzadas alteran y ponen en entredicho cualquier posibilidad de convivencia en el interior de un Estado y lo colocan en el banquillo internacional de los acusados. La realidad mexicana es hoy un cuadro de horror. Y cada semana se suman actores y señales que debieran ser analizadas con algún rigor y mucha más estrategia, ya que la elección del 2024 pasa por caminos estratégicos de aduanas internacionales. 

Aunque hoy, borrachos de poder, no lo vean... 

Twitter: @GomezZalce

Comentarios