El giro a la derecha en América Latina no debe entenderse únicamente como una alternancia electoral, sino como una transformación del paradigma regional de gobernanza. El proceso refleja un hartazgo de la ciudadanía de gobiernos populistas enmarcados en escándalos de corrupción, malos resultados en materia de seguridad, controles migratorios, crecimiento económico y combate al crimen organizado trasnacional. Los candidatos y actores de los partidos conservadores o de ultraderecha han construido su legitimidad sobre la promesa de restaurar el orden mediante políticas de seguridad más coercitivas, una mayor apertura al mercado y como pilar fundamental, un alineamiento estratégico con los Estados Unidos.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca aceleró esta reconfiguración que quedó sellada en la hoja de ruta hemisférica en el marco de la creación del Escudo de las Américas. Una coalición concebida para coordinar acciones de inteligencia, operaciones militares conjuntas entre gobiernos afines contra los cárteles narcoterroristas y otras amenazas con intereses geopolíticos. Este instrumento para influir y regresar a Washington al tablero regional está privilegiando alianzas selectivas con gobiernos ideológicamente cercanos y contrarrestando una autonomía clave que algunos países habían desarrollado por décadas.
Los recientes resultados en el Cono Sur confirman la respuesta electoral al descontento ciudadano frente a problemas de desempeño institucional y su cascada de corrupción, al pobre crecimiento económico y la violencia por la inseguridad. El fenómeno parece implicar una ruta de cambio simultáneo en la región impulsado por estos factores arropados en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos.
El gobierno mexicano no está blindado para evitar un descalabro en varios frentes y sin duda el terreno electoral es el más (pre)visible. Dentro de este contexto regional, México constituye un caso singular. Su entorno diplomático está cada vez más fragmentado, dificultando la construcción de bloques progresistas que enfrentan una crisis reputacional internacional importante. Y la vecindad de más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos lo coloca en una coyuntura crítica en la que convergen múltiples procesos que reconfiguran el rumbo del sistema bilateral.
La polarización se incrementa con la competencia entre proyectos ideológicos donde además ambos gobiernos, el mexicano y el estadounidense vienen construyendo una dicotomía excluyente; una dinámica que responde al proceso de polarización afectiva y discursiva. La legitimidad de los actores se evalúa por el bloque político al que pertenecen.
En consecuencia, la cooperación se condiciona al grado de alineamiento ideológico y estratégico. Y es aquí donde el gobierno de Sheinbaum y Morena enfrentan su mayor reto marcado por su lógica binaria vista como una posición adversa frente a las prioridades estratégicas de Washington.
En las últimas semanas la pinza de presión contra el gobierno de Sheinbaum y la estela de narcopolíticos se ha intensificado progresivamente en un proceso de acumulación de instrumentos diplomáticos, financieros, comerciales y estratégicos.
Y esto lo han entendido rápidamente algunos políticos de Morena y sus aliados electorales. La dicotomía en la relación bilateral ya se proyecta sobre la política doméstica. Y parece claro hacia dónde se inclinará el saldo de esa balanza.
@GomezZalce
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