En artículos anteriores hablamos de cómo entregará el país López obrador en temas como Pemex, finanzas públicas, militarización y crimen organizado. Hoy analizaremos el legado social de la 4T.
Morena en el documento EJES y LINEAMIENTOS GENERALES del Plan de Gobierno 2018-2024, en el tema Combate a la Pobreza dice: “México no puede hacer frente al resto de sus desafíos con más del 50% de su población en situación de pobreza si no se establece como prioridad el cumplimiento efectivo de los derechos de la gran mayoría a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda digna, la cultura y el deporte”.
Igualmente, desde su campaña en 2018, López Obrador expresó que “por el bien de todos, primero los pobres”. Y en la segunda mitad de su sexenio nos presumió lo que ha dado a llamar “humanismo mexicano”.
Sin embargo, el humanismo no puede existir si una sociedad y su gobierno no establecen como prioridad la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad (estos corresponden a todas las personas), la oportunidad efectiva (no basta el derecho, sino que debe existir la oportunidad efectiva de ejercerlo), y el de progresividad (los derechos deben ampliarse, no restringirse ni involucionar).
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios”. El artículo 26 de dicha declaración cita que la educación también es un derecho humano.
El artículo 10 de la Convención Americana sobre los DH sostiene que “para hacer efectivo el derecho a la salud, los estados miembros se comprometen a reconocer la salud como bien público y adoptar medidas para garantizar este derecho, especialmente de los grupos de pobreza”.
La declaración de Vancouver sobre asentamientos humanos de la ONU (1976) afirmó que “la vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico, y que los esfuerzos por promover este derecho deben dar prioridad a las necesidades de los pobres”.
Como se puede apreciar, la 4T de López Obrador presenta una gran incongruencia entre lo que dice y lo que hace, ya que decidió dar prioridad al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, así como a una aerolínea, una gasera y un banco, en lugar de poner los acentos en agrandar la cobertura de los derechos humanos a la salud, la educación, la vivienda, los servicios básicos y el acceso a la justicia. Muchos de estos derechos no son universales en México, aumentando así la brecha de la desigualdad. Tampoco existe la oportunidad efectiva de poder ejercerlos, y es claro que no se ampliaron progresivamente en este sexenio, sino que tuvieron retrocesos.
También la 4T debió invertir en la creación de infraestructura que mejore la atractividad a la inversión productiva para generar el empleo formal que los jóvenes necesitan. Al tiempo que se requiere un proyecto de desarrollo integral para el sur-sureste del país con énfasis en el capital humano e infraestructura para atraer inversión productiva y empleo en dicha región, que es de las más vulnerables del país.
Podemos concluir sin temor a equivocarnos que en este sexenio no fueron “primero los pobres”, por lo que se legará un gran rezago en estos derechos sociales que son esenciales para vivir con dignidad.