En El Colegio de México hay dos sindicatos. Uno, conformado por el personal administrativo, SUTCOMEX, y otro que agremia a los profesores y profesoras investigadoras, SIPRIN. El dos de febrero, el del personal administrativo inició una huelga en el contexto de la revisión bianual del Contrato Colectivo, y la que cada año se presenta en relación al incremento salarial. Por su parte, el de las y los académicos, a quien le toca en esta ocasión nada más negociar el ajuste salarial, también ha emplazado a huelga y la resolución se encuentra pendiente, pues acordaron una prórroga con las autoridades.
Hay varias cuestiones que, a partir de algunos hechos y la interpretación que de ellos hago, me parece importante considerar y compartir. En primer lugar, es preciso tener claro que la huelga es un derecho que se ejerce cuando han fracasado las negociaciones previas. Se trata de una situación límite. Es un recurso legal: concebirla como una acción cuyo objetivo es dañar a la institución es un sesgo que distorsiona lo que sucede. No se trata del enfrentamiento entre los enemigos de El Colegio y sus defensores.
Una vez estallada la huelga las autoridades de la institución suspendieron los beneficios del Seguro de Gastos Médicos Mayores, que es parte del contrato colectivo del personal administrativo. Incluso los que estaban en curso: un trabajador mostró que en el formato para la dotación de los medicamentos que requiere, se le informa que no se le surtirían pues el COLMEX había puesto en pausa el convenio con la aseguradora. Colocar en riesgo la salud de las personas como medida de presión para debilitar la huelga, quizá cuente con algún asidero en la ley, pero no en la ética.
Durante 10 días esta medida se sostuvo, y más allá de las personas afectadas de forma directa, fue percibida, con razón, como un agravio. El jueves 12, en el Centro de Conciliación, afortunadamente se dio marcha atrás a este atropello y se acordó reinstalar “todos los servicios (endosos) del seguro de gastos médicos mayores”. El daño está hecho. El signo rebasó la frontera de lo rudo para ingresar al terreno de lo ruin. Rasga la confianza.
Hace muchos años, cuando había huelga de trabajadores administrativos en las universidades, las autoridades llamaban al personal académico a impartir “clases extramuros” para aminorar la fuerza del movimiento. Ahora, se ha indicado que las clases continuarán por senderos virtuales, echando mano de los recursos digitales disponibles. Es, creo, similar este proceder al anterior.
Así se hizo cuando la pandemia, me dicen. Sí, pero una emergencia sanitaria de la magnitud que vivimos (que ponía en riesgo la vida) no es equivalente a las consecuencias del ejercicio de un derecho constitucional.
Me hago cargo de lo complejo del problema. Los topes salariales impuestos por Hacienda reducen mucho el margen de maniobra de la administración, pero homologar el aumento con los otorgados a UNAM y UAM sería factible.
Por otro lado, las condiciones laborales han cambiado y se hace necesario modificar, de una manera inteligente y bilateral, en que prive la buena fe, algunos puestos y funciones. Las autoridades pueden entrar en este proceso, o eludirlo, y enmarañar más las cosas al incrementar las contrataciones de confianza y por honorarios. Y el sindicato tiene que abrirse al cambio cuando sea necesario, sin renunciar a los derechos laborales de un trabajo decente.
No es un problema que atañe solo a las autoridades y al sindicato: hay que hacernos cargo.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. mgil@colmex.mx @ManuelGilAnton