La mañana del viernes 23 de enero pasado fueron privados de la libertad 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver que estaban listos para salir a trabajar y que estaban en un alojamiento en el municipio de La Concordia en Sinaloa. Apenas a una hora por tierra de Mazatlán. Días después de estos hechos, cuando ya se hizo pública la información a través de las fichas de desaparición de los mineros, hablamos en Grupo Fórmula con la esposa de uno de los trabajadores privados de la libertad: “La versión que nos dieron es que estaban en su área de descanso, eran las 7:30 de la mañana cuando se preparaban para ir a trabajar. Estaban afuera para irse en las camionetas al área de la mina para empezar sus labores; desde entonces ya no se supo nada de ellos ni hubo comunicación, no sabemos qué ropa llevaban ni qué vestimenta traían”.
Y es que la desgracia se posó ante la vida de estos trabajadores no sólo porque hasta ahora no se sabe de su paradero, sino porque les tuvo que tocar en el estado fallido en materia de seguridad que es Sinaloa. El peor, el más opaz en materia de transparencia, el que está “dirigido”, por decirlo de alguna forma, por una persona que cada que abre la boca para un tema de seguridad, da lástima. Sí, por supuesto que me refiero a Rubén Rocha. Sigo pensando que es una gran tristeza que la estrategia de Palacio Nacional para salvar o recuperar al estado pase por rescatar este señor. No olvidemos que a mediados del año que viene habrá elecciones en Sinaloa y uno esperaría que los sinaloenses tengan a la mano tanto error cometido por este señor y los morenistas en la entidad y se la cobren quitándoles el poder. Pero ya veremos por qué siempre hay programas sociales para comprar voluntades y amenazas del crimen para apoyar el voto en favor de un candidato o candidata.
Dice el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, que en este caso están metidos los Chapos. Hace pocos días se informó (raro) desde la fiscalía de Sinaloa que producto de 5 cateos se detuvo a 4 personas y se encontraron pertenencias atribuidas a los mineros. Esa ya es una mala noticia.
Han corrido dos semanas de ese infierno tanto para los levantados como para sus familias. Ojalá pronto haya alguna noticia positiva de la vida de José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.
El otro tema que ha mantenido la atención nacional e internacional sobre el estado es el atentado a balazos que sufrieron el 28 de enero los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix. Ya sabemos que la diputada dejó el hospital para ir a descansar a su casa y que una de las balas que recibió provocó que perdiera un ojo. El caso del diputado Torres Félix es más grave aún. Se habla de que recibió dos impactos de bala en la cabeza y lo mantienen en terapia intensiva con ciertas mejorías, según dice el secretario de Salud de Sinaloa. Quién sabe qué signifique eso.
Ya para qué hablamos del estado de fuerza que hay en Sinaloa, número de detenidos, laboratorios deshabilitados, esfuerzos ciudadanos por recuperar la vida diaria. Sinaloa sigue teniendo miedo y da miedo.
Periodista. @ConFeregrino