Samara Martínez es una joven (31 años) activista que padece enfermedades crónico-degenerativas en etapa terminal. Cuando cumplió 17 años fue diagnosticada con dislipidemia mixta e hipertensión. Al cumplir 22, los médicos le detectaron glomeruloesclerosis focal y segmentaria, razón por la cual le quedaba 23% de función renal. Adicionalmente le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico, enfermedad autoinmune en la que los anticuerpos atacan los órganos. Panorama por demás difícil para una mujer que no había llegado a los 30 años. Samara recibió dos trasplantes de riñón que resultaron fallidos y producto de eso, debe someterse a diálisis durante 10 horas al día.
En octubre del año pasado, Samara Martínez acudió a la Cámara de Diputados y a la de Senadores para presentar una iniciativa que modifica la Ley General de Salud que se llama “Ley Trasciende”. En ese momento contó con el apoyo de legisladoras de Morena y Movimiento Ciudadano. La iniciativa se fue a comisiones y no pasa de ahí. Un acto que debería ser estudiado en serio por nuestro congreso. La eutanasia se permite en 18 ó 19 países, pero en México no. Se han presentado varias iniciativas a lo largo de los años pero ninguna ha tenido la exposición de alguien que en algún momento de su vida quiere decidir si quiere seguir viviendo o no y ser asistida en su país, no salir corriendo a otro en el que no se lo impidan.
La iniciativa de la “Ley Trasciende” dice que las personas que busquen la eutanasia deben ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Deben contar con diagnósticos emitidos por diferentes médicos, que confirmen que el paciente padece una enfermedad terminal o padecimiento crónico-degenerativo discapacitante sin posibilidad de cura, además de haber recibido información clara sobre su enfermedad.
Las personas interesadas deberán manifestar su voluntad de manera libre y por escrito, ante Notario Público y además deberán regresar 5 días después a reiterar su deseo de acceder a la eutanasia.
Es importante señalar que la iniciativa señala que los médicos no están obligados a realizar dicho procedimiento. Sin embargo, las instituciones de salud deberán garantizar la disponibilidad de acceder a otro médico capacitado para realizar el procedimiento en un plazo no mayor a las 48 horas, es decir, alguien que sí esté dispuesto a hacerlo.
Es importante destacar que esta iniciativa considera una muerte digna. La Secretaría de Salud deberá capacitar al personal para realizar el procedimiento con una visión ética. Debe también supervisar el cumplimiento de todas estas medidas en las instituciones publicas del país.
Hace unos días, la Iglesia católica, a través del Arzobispado de México, se declaró en contra de esta iniciativa y es lógico.
Cuando llegó la propuesta a la cámara baja fue remitida a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Salud. El presidente de la de Salud, Pedro Zenteno, se comprometió a llevar a cabo un proceso abierto de discusión. Nada de eso ha sucedido.
Por cierto, apenas el miércoles pasado, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó el decreto que regula la eutanasia en su nación. Un país más a la lista de los que dieron un paso adelante en el respeto a los derechos humanos.
Periodista. @ConFeregrino